En este punto es donde Fabiola colapsa y exige a la institución que Patricio Maturana sea expulsado de la Carabineros: “Porque a mí no me vengan con que sólo lo tienen apartado por no haber prestado ayuda. Ellos tienen los videos y la declaración de los mismos funcionarios que dicen que él dispara en la cara. Entonces hay pruebas suficientes para darlo de baja”.

Continúa: “Porque al dispararme como me dispara, a 50 metros y a mi cara, se salta todos los protocolos de Carabineros, además, antes de que yo llegara a esa esquina, Cenco ya les había dicho que se retiraran y ellos no lo hicieron. Ellos arrancaron como ratas cuando vieron que la gente salía de sus casas y los increpaba por haberme disparado. Si alguno hubiese prestado ayuda, hubiese sido otra cosa”.

Según Natalia, “Fabiola y Gustavo (Gatica) fueron agredidos en noviembre de 2019 y hasta el día de hoy no hay condena, y para el resto de las víctimas de la revuelta ni siquiera hay formalizados porque no se han puesto los esfuerzos necesarios para cursar las investigaciones. Y vemos que un carabinero que fue agredido en marzo de 2020, que tuvo trauma ocular, ya arrojó un formalizado”.

El caso al que apunta es el de Juan Luis Vargas Rojas, quien el mes pasado fue condenado a 10 años de cárcel por maltrato de obra contra un carabinero en Coquimbo. La enfermera apunta a que el funcionario logró con tres testimonios de compañeros condenar a su supuesto agresor, pero sin tener pruebas contundentes. Entonces, ¿dónde está la justicia?

Fabiola asegura que jamás ha recibido ayuda ni de Carabineros ni del Gobierno. Ya tras enterarse de la Apoyatón decidió buscar la justicia donde sea. Ya han visitado a dos autoridades máximas, el general director de Carabineros y el presidente de la Corte Suprema, y pronto vendrán más.

No quiere que el juicio se siga aplazando. El abogado de su agresor solicitó audiencia con el juez para revocar la medida cautelar de arresto domiciliario, la cual quedó fijada para el 23 de julio. “Es una burla, una falta de respeto hacia nosotros”, asegura ella.

“Pensamos que, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, porque la justicia está apoyando a Patricio Maturana que es el agresor, él es el que dispara. Tiene una abogada carísima, tiene peritos propios y, además, hoy en día se le hace una Apoyatón. O sea, el tema de la abogada, y los peritos sale del bolsillo de nosotros mismos, entonces, de qué estamos hablando. Nosotros estamos exigiendo justicia y a él se le dan todas las garantías y beneficios”, argumenta.

“Es la gente la que ha estado con nosotros”

Fabiola no ha recibido ninguna ayuda, beneficio o apoyo por parte del Estado, y reconoce que si no fuera por personas particulares que la han ayudado, tanto en su día a día como en su lucha por la justicia, tal vez estaría peor.

Antes del impacto que recibió en su rostro por parte de Carabineros, Fabiola era auxiliar de producción de Carozzi. Un trabajo que hoy no puede realizar por temas de seguridad, pues luego de perder la visión es muy peligroso que ella se mueva dentro de la fábrica en la que se desempeñaba. Ahora tendrá que buscar un trabajo administrativo. Es por eso que se ha estado capacitando para ello.

“En estos momentos estoy con clases de computación, porque tengo que trabajar y alimentar a mis hijos con mi esposo. Un sueldo no es nada. Yo tengo que seguir trabajando pese a que ya no tengo mis ojos y tengo secuelas de por vida”, relata.

Antes nunca había tomado un computador, es más, ni siquiera le interesaba. Pero hoy lo necesita para encontrar un nuevo empleo. Gracias a Fundalurp, fundación que lucha contra la enfermedad visual retinitis pigmentosa, Fabiola puede acceder a un curso de rehabilitación, quienes además le prestaron un notebook para comenzar.

“Él tiene un montón de garantías. Le están pagando abogado, le están pagando peritos y más encima le hacen Apoyatón con millonadas de plata. Y yo no tengo ni siquiera un notebook para comenzar mis clases”, afirma Fabiola.

Según el abogado defensor de derechos humanos, Jaime Fuentes, hoy una vez más, “vemos claramente las mismas manifestaciones de apoyo que había frente a la dictadura militar”, donde actualmente “tratan de igualar la cancha, por así decirlo, entre los presos políticos y los agentes del Estado, siendo que corresponden a naturalezas completamente distintas, pues acá hablamos de violaciones a derechos humanos por parte del Estado de Chile”.

Fuentes se refiere a las declaraciones que parlamentarios de Chile Vamos expresaron en el video promocional de la Apoyatón, donde aseguraban que los carabineros formalizados eran víctimas de largas prisiones preventivas y de no respetarles su presunción de inocencia.

“Dentro de sectores de la derecha existe completamente una falta de formación frente a lo que se entiende por derechos humanos”, manifiesta. “No es que aquí se vulnere la presunción de inocencia de carabineros, acá vemos violaciones graves a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y es sumamente importante que estos agentes paguen con una condena ejemplificadora para que nuevamente en Chile se respeten los DD.HH. y no tengamos que vivir otra vez lo que ocurrió durante la dictadura”.

Para el también abogado de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos, el actuar de los parlamentarios que participaron y patrocinaron en el evento benéfico es “antitético”, pues como representantes electos por el pueblo para representarlos en el Congreso, no deberían “estar aportando o realizando donaciones cuantiosas a aquellos que han violado sistemáticamente los derechos humanos, como ha ocurrido con la institución de Carabineros”.

Tras una entrevista televisada, Fabiola logró comprarse un computador gracias a distintas donaciones de la misma audiencia. También la Fundación Educación Popular en Salud (EPES) le regaló el programa JAWS, software lector de pantalla para ciegos o personas con visión reducida, que lee todo lo que ella escribe y que cuesta hoy más de $1 millón.

“Si tú te das cuenta es sólo la gente la que me ayuda. Ni Carabineros ni ninguna institución del Estado me ha ayudado. Desde el día cero es la gente la que ha estado con nosotros para ayudarnos y pedir justicia, también”, manifiesta.

Ahora bien, la millonaria colecta prendió las alertas respecto a si efectivamente el uso del emblema de la institución había sido usado de forma legal o no.

Justamente el día que finalizó la Apoyatón, Fabiola se reunió con el general director de la institución y se lo quiso consultar frente a frente. Ricardo Yáñez le aseguró que había un mal uso del logo, descartando la responsabilidad de algún miembro activo, y afirmando que interpuso una denuncia en el Ministerio Público contra quienes resulten responsables.

Contracarga se comunicó en dos ocasiones con la Central de Comunicaciones de Carabineros para consultar y verificar dicha denuncia, pero desde CENCO se nos informó en ambas oportunidades que no tenían información alguna sobre la denuncia.

Por su parte, Jaime Fuentes, junto a un grupo de abogados expertos en la materia, expresa que “hemos realizado diversas búsquedas y consultas en el Poder Judicial” sobre la denuncia que Yáñez asegura que interpuso en el Ministerio Público, y “no se ha encontrado, hasta el momento, ninguna causa ni investigación abierta en contra de aquellos que utilizaron el logo de la institución de Carabineros de forma arbitraria, como acusa la misma”.

“De todas formas, yo creo que más que denuncias, lo que debiese haber hecho la institución aquí es querellarse. Creo que si ellos mismos dicen que no están de acuerdo con esta Apoyatón, que se realizó por parte de personas de la derecha y de parlamentarios, ellos tienen todas las atribuciones como institución de presentar querellas en contra de esas mismas personas”, finaliza Fuentes.