La gota que rebalsó el vaso de Fabiola Campillai: la Apoyatón y el miedo a la impunidad

$153 millones recaudaron para cinco formalizados de Carabineros, entre ellos Patricio Maturana, acusado en el caso de Fabiola Campillai. Pese a las trabas de las instituciones del Estado, ella sigue luchando por poner a su agresor tras las rejas.

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9:30 en punto de este miércoles y Fabiola Campillai se dirigía a la oficina del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. Cinco días antes, había sido escuchada por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y desde entonces, decidió que no bajaría los brazos y lucharía hasta el final para lograr la justicia que tanto anhela.

En noviembre de 2019, esta mujer de 37 años fue agredida por Carabineros en un paradero de Portales Oriente, en San Bernardo, camino a su turno laboral. Una lacrimógena aterrizó directamente en su rostro, dejándola ciega, sin gusto y sin olfato para siempre.

Fabiola pidió ser escuchada por las máximas autoridades y así poderles expresar su preocupación ante la posible impunidad que existe en su caso. ¿Impunidad? Claro, considerando que su agresor identificado como el autor del disparo, el capitán Patricio Maturana, sigue en Carabineros, pues se encontraría en un retiro provisorio, a más de un año y medio del hecho.

A Campillai le preocupa la eterna dilatación del juicio y se lo hizo saber a Guillermo Silva. La formalización de dos de los once funcionarios presentes en su agresión se realizó en agosto de 2020 y desde entonces se han decretado tres prórrogas de 60 días para continuar con la investigación. La fiscalía ya pidió una cuarta, pero ella asegura que las pruebas ya existentes son más que suficientes.

“(Guillermo Silva) escuchó a Fabiola y se comprometió a dar celeridad al caso. Señaló que no podía influir en la investigación, pero dijo comprender que el Poder Judicial se juega su reputación en este caso. Conversará para que la causa se vea pronto y el juicio no se dilate más”, afirmó la abogada Alejandra Arriaza, quien estuvo presente en la audiencia.

Cinco días antes, Ricardo Yáñez le confirmaba que Maturana no ha sido dado de baja. Arriaza asegura que le repitieron varias veces que ese funcionario no respetó los protocolos impuestos por la propia institución y afirmó que Maturana está siendo procesado por no haberle prestado auxilio a la víctima, Fabiola Campillai.

“Le señalábamos que, si esa era la situación, deberían haber condenado a los once funcionarios que estaban ahí ese día”, cuenta Alejandra.

Precisamente en dicha reunión discutieron la gota que rebalsó el vaso de Fabiola: la Apoyatón, realizada por particulares para aquellos carabineros “que han sido sacados de sus funciones para ser procesados injustamente”, según la página oficial. Se trata de una colecta millonaria para cinco funcionarios que se encuentran formalizados por violación de derechos humanos, entre ellos, el agresor de Fabiola.

El monto recaudado supera los $153 millones. Ricardo Yáñez le aseguró a Campillai en dicha reunión que había puesto una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables respecto al mal uso del logo institucional y del uniforme en dicha campaña, descartando responsabilidades de algún funcionario activo.

“Dijo que esto se debía a un grupo de personas que se organizaban, que se decían llamar patriotas, y que ellos habrían hecho esta actividad y no serían funcionarios activos, señalando que existían personas civiles, diputados e incluso algunos oficiales en retiro”, explicó Arriaza.

Pero, ¿existe efectivamente esta denuncia? ¿Está Carabineros, realmente, preocupado por esta situación? ¿Qué pasa con los juicios que demoran tanto? Y, finalmente, ¿habrá justicia?

La Apoyatón y sus aliados

“Les quiero contar un par de cosas”. Así comienza diciendo la diputada de Renovación Nacional Camila Flores en uno de los videos promocionales de la Apoyatón, una iniciativa promovida por ocho canales de YouTube de movimientos de derecha con el propósito de reunir fondos para carabineros formalizados por delitos constitutivos de violaciones a los derechos humanos.

“¿Ustedes sabían que cuando un carabinero es investigado por la justicia y se decreta la prisión preventiva para este deja de recibir el pago de su salario?”. Esta es la pregunta que pone como ejemplo Flores para ir en ayuda de los funcionarios imputados.

La invitación estaba hecha para los días 25 y 26 de junio con el propósito de cumplir la meta de $150 millones reunidos para los cinco carabineros con medidas cautelares. Sin embargo, debido a que no se alcanzó la meta monetaria en dicho periodo, el evento culminó el miércoles 30 de junio, superando las expectativas.

La Apoyatón contó con la participación y respaldo de distintos diputados de Chile Vamos, como Jorge Alessandri (UDI), Cristián Labbé (UDI), Catalina del Real (RN), Ignacio Urrutia (PLR), Miguel Mellado (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Osvaldo Urrutia (UDI) y Luis Pardo (RN); y la asistencia de la convencional Teresa Marinovic (PLR), el republicano José Antonio Kast y el cantante chileno radicado en Estados Unidos y miembro de la Iglesia de la Cienciología, Alberto Plaza.

Según la página del evento, esta iniciativa se creó para que los funcionarios “puedan llevar el proceso (judicial) y a la vez puedan percibir algo de ingreso para solventar su vida y la de su familia directa durante este momento injusto que están viviendo”, además de “gastar en peritajes, abogados y otros temas, mucho más de lo que a veces su presupuesto permite”.

Llama la atención que en uno de los videos promocionales del evento, los parlamentarios Jorge Alessandri e Ignacio Urrutia se refirieran al extenso tiempo que los carabineros formalizados por violaciones a los DD.HH. llevan en prisión preventiva, perdiendo todos sus beneficios sin aún ser juzgados.

Reproducir vídeo
Video de campaña de la Apoyatón.

Por un lado, Alessandri expone que “si (el carabinero) se va a prisión preventiva nadie va a proveer a su familia. Muchas veces están meses en esta situación y quizás no vuelven nunca a la institución, antes de ser declarados culpables. Para ellos no corre la presunción de inocencia”.

Mientras que Urrutia es enfático al decir que “no sólo son procesados injustamente, sino que también no se les garantiza su derecho a la presunción de inocencia, porque inmediatamente les suspenden sus sueldos, sus derechos a la salud y, en definitiva, los dejan sin el principal sustento económico de toda una familia”.

Es llamativo, porque no hay que olvidar que ambos diputados han estado en contra del proyecto de ley que busca indultar a los presos políticos de la revuelta social, algunos de los cuales han sido formalizados sin evidencia física, perdiendo empleos, estudios, quebrando familias completas, y esperando aún un juicio justo, luego de permanecer en algunos casos, más de un año y medio en prisión preventiva. 

«Sentimos mucha rabia de pensar que se les está ayudando a estos asesinos. Está al revés. Ellos nos han disparado, son delincuentes. Prometieron cuidarnos, pero en estos momentos, ellos son los delincuentes.»
— Fabiola Campillai.

Francisco Clavel, quien acaba de lanzar su candidatura independiente a diputado por el distrito 7 y quien se autodenomina en su cuenta de Twitter como un “republicano de verdad”, fue quien dio el vamos a la Apoyatón en su canal de Youtube con un discurso de bienvenida.

“El día de hoy nos hemos unido en esta cruzada solidaria por cinco carabineros que en el acto del servicio les tocó vivir experiencias complejas y tomar decisiones complejas, y que hoy están siendo injustamente procesados”, relata.

Pero, ¿quiénes son estos Carabineros y por qué fueron formalizados?

Los cinco carabineros imputados por violaciones a los derechos humanos y que recibirán más de $30 millones cada uno son el comandante Claudio Crespo, formalizado por el delito de apremios ilegítimos cometido en contra de Gustavo Gatica; el capitán Hugo Navarro, condenado por los delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal y lesiones graves en Ovalle; el capitán Ricardo Luengo, formalizado por el delito de torturas y apremios ilegítimos en Coquimbo; el cabo Sebastián Zamora, formalizado por el delito de homicidio frustrado en el Caso Pío Nono; y el capitán Patricio Maturana, formalizado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai.

“En vez de ir para adelante, vamos para atrás”

Durante el último fin de semana de junio, Fabiola se enteró a través de videos que iba recibiendo su esposo por WhatsApp, que se estaba realizando una colecta millonaria a favor de su agresor y cuatro funcionarios más.

“Olvídese para nosotros como fue. Fue terrible enterarnos que se estaban haciendo estas cosas a beneficio de agentes del Estado que han violado los derechos humanos y que nos han disparado a asesinarnos. En mi caso pude haber muerto”, señala agregando que “ellos mismos están fomentando el odio, porque la gente repudia todo esto”.

Siguió de cerca cómo esta Apoyatón fue tomando fuerza. Incluso, recuerda que presenciaron el momento cuando vía videoconferencia, contactan a Patricio Maturana para darle la noticia que recibiría más de $30 millones gracias a todo lo reunido: “Imagínate la rabia en ese momento”.

“Sentimos mucha rabia de pensar que se les está ayudando a estos asesinos. Está al revés. Ellos nos han disparado, son delincuentes. Prometieron cuidarnos, pero en estos momentos, ellos son los delincuentes. No entiendo cómo Camila Flores, Alberto Plaza y mucha más gente puede estar apoyando esto, realmente no entiendo”, se sincera.

Natalia Aravena, quien también resultó ser víctima de daño ocular tras el estallido social, apenas se enteró de la actividad, tuiteó: “Te cachai alguien te dispara, te quita los ojos y un grupo de personas de un sector adinerado le hace una colecta millonaria a tus agresores mientras tú vives con deudas y un daño que no pediste? Bueno, eso es real, estamos en Chile”.

 

La enfermera y miembro de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular apunta que lo más grave es el hecho que personas que actualmente ocupan cargos públicos hayan llamado a colaborar con la Apoyatón: “Hay un sector que se está refugiando en las Fuerzas de Seguridad y el Orden, que están protegiendo ideales y privilegios. Si están haciendo esta Apoyatón es porque claramente a ellos Carabineros les sirve”.

“Es una forma de premiarlos y decirles que los están apoyando, que justifican lo que están haciendo y las violaciones a los DD.HH. Yo creo que ese es el mensaje que se le entrega directamente y que llama a la impunidad”, señala.

Y es que para Natalia, la evidencia existente no se condice con el año y medio que Fabiola ha esperado para obtener justicia: “Son carabineros que fueron formalizados y existen pruebas suficientes para asegurar que cometieron los delitos y, por lo tanto, no entiendo el por qué no direccionan sus esfuerzos en ayudar a las personas que sí se vieron afectadas”.

«Vemos claramente las mismas manifestaciones de apoyo que había frente a la dictadura militar. (…) Tratan de igualar la cancha, por así decirlo, entre los presos políticos y los agentes del Estado.»

— Jaime Fuentes, abogado defensor de derechos humanos.

En este punto es donde Fabiola colapsa y exige a la institución que Patricio Maturana sea expulsado de la Carabineros: “Porque a mí no me vengan con que sólo lo tienen apartado por no haber prestado ayuda. Ellos tienen los videos y la declaración de los mismos funcionarios que dicen que él dispara en la cara. Entonces hay pruebas suficientes para darlo de baja”.

Continúa: “Porque al dispararme como me dispara, a 50 metros y a mi cara, se salta todos los protocolos de Carabineros, además, antes de que yo llegara a esa esquina, Cenco ya les había dicho que se retiraran y ellos no lo hicieron. Ellos arrancaron como ratas cuando vieron que la gente salía de sus casas y los increpaba por haberme disparado. Si alguno hubiese prestado ayuda, hubiese sido otra cosa”.

Según Natalia, “Fabiola y Gustavo (Gatica) fueron agredidos en noviembre de 2019 y hasta el día de hoy no hay condena, y para el resto de las víctimas de la revuelta ni siquiera hay formalizados porque no se han puesto los esfuerzos necesarios para cursar las investigaciones. Y vemos que un carabinero que fue agredido en marzo de 2020, que tuvo trauma ocular, ya arrojó un formalizado”.

El caso al que apunta es el de Juan Luis Vargas Rojas, quien el mes pasado fue condenado a 10 años de cárcel por maltrato de obra contra un carabinero en Coquimbo. La enfermera apunta a que el funcionario logró con tres testimonios de compañeros condenar a su supuesto agresor, pero sin tener pruebas contundentes. Entonces, ¿dónde está la justicia?

Fabiola asegura que jamás ha recibido ayuda ni de Carabineros ni del Gobierno. Ya tras enterarse de la Apoyatón decidió buscar la justicia donde sea. Ya han visitado a dos autoridades máximas, el general director de Carabineros y el presidente de la Corte Suprema, y pronto vendrán más.

No quiere que el juicio se siga aplazando. El abogado de su agresor solicitó audiencia con el juez para revocar la medida cautelar de arresto domiciliario, la cual quedó fijada para el 23 de julio. “Es una burla, una falta de respeto hacia nosotros”, asegura ella.

“Pensamos que, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, porque la justicia está apoyando a Patricio Maturana que es el agresor, él es el que dispara. Tiene una abogada carísima, tiene peritos propios y, además, hoy en día se le hace una Apoyatón. O sea, el tema de la abogada, y los peritos sale del bolsillo de nosotros mismos, entonces, de qué estamos hablando. Nosotros estamos exigiendo justicia y a él se le dan todas las garantías y beneficios”, argumenta.

“Es la gente la que ha estado con nosotros”

Fabiola no ha recibido ninguna ayuda, beneficio o apoyo por parte del Estado, y reconoce que si no fuera por personas particulares que la han ayudado, tanto en su día a día como en su lucha por la justicia, tal vez estaría peor.

Antes del impacto que recibió en su rostro por parte de Carabineros, Fabiola era auxiliar de producción de Carozzi. Un trabajo que hoy no puede realizar por temas de seguridad, pues luego de perder la visión es muy peligroso que ella se mueva dentro de la fábrica en la que se desempeñaba. Ahora tendrá que buscar un trabajo administrativo. Es por eso que se ha estado capacitando para ello.

“En estos momentos estoy con clases de computación, porque tengo que trabajar y alimentar a mis hijos con mi esposo. Un sueldo no es nada. Yo tengo que seguir trabajando pese a que ya no tengo mis ojos y tengo secuelas de por vida”, relata.

Antes nunca había tomado un computador, es más, ni siquiera le interesaba. Pero hoy lo necesita para encontrar un nuevo empleo. Gracias a Fundalurp, fundación que lucha contra la enfermedad visual retinitis pigmentosa, Fabiola puede acceder a un curso de rehabilitación, quienes además le prestaron un notebook para comenzar.

“Él tiene un montón de garantías. Le están pagando abogado, le están pagando peritos y más encima le hacen Apoyatón con millonadas de plata. Y yo no tengo ni siquiera un notebook para comenzar mis clases”, afirma Fabiola.

Según el abogado defensor de derechos humanos, Jaime Fuentes, hoy una vez más, “vemos claramente las mismas manifestaciones de apoyo que había frente a la dictadura militar”, donde actualmente “tratan de igualar la cancha, por así decirlo, entre los presos políticos y los agentes del Estado, siendo que corresponden a naturalezas completamente distintas, pues acá hablamos de violaciones a derechos humanos por parte del Estado de Chile”.

Fuentes se refiere a las declaraciones que parlamentarios de Chile Vamos expresaron en el video promocional de la Apoyatón, donde aseguraban que los carabineros formalizados eran víctimas de largas prisiones preventivas y de no respetarles su presunción de inocencia.

“Dentro de sectores de la derecha existe completamente una falta de formación frente a lo que se entiende por derechos humanos”, manifiesta. “No es que aquí se vulnere la presunción de inocencia de carabineros, acá vemos violaciones graves a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y es sumamente importante que estos agentes paguen con una condena ejemplificadora para que nuevamente en Chile se respeten los DD.HH. y no tengamos que vivir otra vez lo que ocurrió durante la dictadura”.

Para el también abogado de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos, el actuar de los parlamentarios que participaron y patrocinaron en el evento benéfico es “antitético”, pues como representantes electos por el pueblo para representarlos en el Congreso, no deberían “estar aportando o realizando donaciones cuantiosas a aquellos que han violado sistemáticamente los derechos humanos, como ha ocurrido con la institución de Carabineros”.

Tras una entrevista televisada, Fabiola logró comprarse un computador gracias a distintas donaciones de la misma audiencia. También la Fundación Educación Popular en Salud (EPES) le regaló el programa JAWS, software lector de pantalla para ciegos o personas con visión reducida, que lee todo lo que ella escribe y que cuesta hoy más de $1 millón.

“Si tú te das cuenta es sólo la gente la que me ayuda. Ni Carabineros ni ninguna institución del Estado me ha ayudado. Desde el día cero es la gente la que ha estado con nosotros para ayudarnos y pedir justicia, también”, manifiesta.

Ahora bien, la millonaria colecta prendió las alertas respecto a si efectivamente el uso del emblema de la institución había sido usado de forma legal o no.

Justamente el día que finalizó la Apoyatón, Fabiola se reunió con el general director de la institución y se lo quiso consultar frente a frente. Ricardo Yáñez le aseguró que había un mal uso del logo, descartando la responsabilidad de algún miembro activo, y afirmando que interpuso una denuncia en el Ministerio Público contra quienes resulten responsables.

Contracarga se comunicó en dos ocasiones con la Central de Comunicaciones de Carabineros para consultar y verificar dicha denuncia, pero desde CENCO se nos informó en ambas oportunidades que no tenían información alguna sobre la denuncia.

Por su parte, Jaime Fuentes, junto a un grupo de abogados expertos en la materia, expresa que “hemos realizado diversas búsquedas y consultas en el Poder Judicial” sobre la denuncia que Yáñez asegura que interpuso en el Ministerio Público, y “no se ha encontrado, hasta el momento, ninguna causa ni investigación abierta en contra de aquellos que utilizaron el logo de la institución de Carabineros de forma arbitraria, como acusa la misma”.

“De todas formas, yo creo que más que denuncias, lo que debiese haber hecho la institución aquí es querellarse. Creo que si ellos mismos dicen que no están de acuerdo con esta Apoyatón, que se realizó por parte de personas de la derecha y de parlamentarios, ellos tienen todas las atribuciones como institución de presentar querellas en contra de esas mismas personas”, finaliza Fuentes.

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