Las otras falsificaciones de Diego Ancalao

La ahora excarta presidencial de la Lista del Pueblo fue acusado de presentar más de 23 mil patrocinios supuestamente autorizados por un notario que había muerto. Dos veces antes, en 2011 y 2012, había sido acusado de falsificar firmas.

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No habrá fiesta en noviembre de la Lista del Pueblo. La agrupación de independientes perdió a todos sus postulantes al Congreso y ahora no pudo inscribir un candidato presidencial.

Diego Ancalao, la carta escogida por una de las facciones, presentó las 34 mil firmas necesarias. El problema es que 23.135 patrocinios estaban autentificados como firmados “ante mí” por el notario Patricio Zaldívar, que había dejado de ser notario en 2018, y quien falleció en febrero de este año. Así lo comunicó este jueves el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, quien dijo que se instruyó al director nacional del servicio para que denuncie los hechos al Ministerio Público.

El que se suponía que sería el primer candidato presidencial mapuche anunció el fin de su carrera política y dijo que colaboraría con la justicia.

“Ha sido una noticia demoledora, nunca pensamos que las personas a cargo del trabajo territorial nos harían esto”, afirmó en CNN Chile.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Ancalao es acusado de situaciones de este tipo, en las que hay involucradas falsificaciones de firmas.

En 2011 y 2012 fue acusado por falsificación de firmas, aunque en ambos casos finalmente no hubo condena.

La falsificación de firmas para viviendas sociales

Diego Ancalao había sido ya candidato a diputado en la región de La Araucanía cuando en 2010 se supo de que había sido acusado de falsificar firmas por la Seremi de Vivienda.

En ese tiempo, él era dueño de la EGIS Idear –las EGIS son entidades especializadas en guiar y respaldar a los postulantes en el proceso de compra o de construcción de su casa–. De acuerdo a los antecedentes, en 2009 habrían sido 200 las familias cuyas firmas en las carpetas estaban falsificadas, según una nota de BioBioChile.

Por carpeta, la empresa recibía 20 mil pesos, por lo que se habría tratado de una estafa de unos $4 millones.

A pesar de que de acuerdo al seremi de Vivienda de la época, Óscar Pavez, se reunieron los antecedentes para llevar adelante un proceso penal, el fiscal de Angol decidió cerrar la investigación.

“Como Ministerio de Vivienda, la verdad es que nos parece lamentable (la decisión del fiscal)”, afirmó Pavez.

“Se hizo toda una investigación desde el punto de vista administrativo (…). Que llegó no solamente a una cierta presunción sino a acreditar fehacientemente la existencia de falsificación de firmas, tanto en carpetas presentadas a distintas direcciones de obras municipales, como la falsificación de firmas de los postulantes a subsidios”, agregó.

Después de eso no se supo más. En el sistema del Poder Judicial no se encuentra una causa por estos hechos contra Ancalao.

El terreno en Gorbea

En enero de 2012, Lilian Muñoz se querelló criminalmente contra Diego Ancalao, sus hermanos José Bernardo y Claudia, y el notario de Temuco Héctor Basualto, entre otros nombres, por los delitos de estafa, falsificación de instrumento público y uso malicioso de aquel instrumento.

La querella relata que Muñoz era propietaria de un terreno de 1.700 metros cuadrados en Gorbea, región de la Araucanía. La propietaria habría encargado a un abogado buscar compradores. Este se habría contactado con Diego Ancalao, quien primero habría manifestado conocer interesados en adquirir el terreno, para luego buscar comprarlo para sí mismo.

Declaración del presidente del Consejo Directivo del Servel sobre el rechazo de candidaturas.

La compraventa del terreno, con la firma falsa de Lilian, está fechada al 5 de abril del 2011, día en el cual el notario Héctor Basualto certifica el traspaso de la propiedad de Lilian Muñoz a la “Organización No Gubernamental De Desarrollo Identidad Y Desarrollo Nacional”, representada por José Bernardo Ancalao.

Veinte días después, José Bernardo, en representación de la ONG, inscribe la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén.

En la querella, Lilian asegura que los hermanos Ancalao habrían seguido contactándola después de realizadas estas acciones, para proponer “negociaciones para la compra del inmueble y de esta forma evitar que buscara otros compradores que pudieran detectar el fraude”.

Pero la Fiscalía decidió no perseverar contra los hermanos Ancalao, porque no se reunieron antecedentes suficientes para fundamentar la acusación contra ellos.

La sentencia del caso determina que Luis Gallegos, el supuesto abogado de la propietaria del terreno –abogado falso en realidad, pero que en esa fecha fingía poseer el título–, se aprovechó de la documentación que Lilian le entregó. Luego, redactó la escritura pública y se la envió a Manuel Altamirano, exfuncionario de la notaría Basualto, quien falseó la firma y huella dactilar de la propietaria.

Manuel Altamirano fue declarado como autor de falsificación de instrumento público y fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio, pero la pena fue sustituida por remisión condicional, lo que significa que pudo cumplirla en libertad. Luis Gallegos fue sobreseído por prescripción de la causa en 2019.

Bonus track: acusación de información falsa en demanda

Mediante Twitter, César Leiva, excontralorito, informó que denunció ante Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado que Ancalao presentó información falsa en una demanda al Fisco.

“Él había acreditado que había trabajado del 2014 al 2018 en un contrato de honorarios con trabajo permanente 44 horas y con una jefatura, siendo que ese no era su trabajo, y por tanto él no ejerció las labores que acreditó en la demanda al Fisco, y por tanto habría un perjuicio al Fisco en la demanda y en los cuatro años en que supuestamente trabajó en el Ministerio de Bienes Nacionales”, afirmó Leiva.

Efectivamente, Ancalao demandó al Fisco en 2018. Entre diciembre de 2014 y mayo de 2018 efectuó diversas labores a honorarios, por las que recibía $2.200.000 mensuales en su último año. En su demanda, Ancalao argumentaba que la naturaleza de la relación laboral en realidad era la de un contrato.

En la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se declara que efectivamente existía una relación laboral de contrato de trabajo –más allá de que nominativamente estuviera a honorarios–, por lo que se obligó a pagar al Fisco por feriados legales $1.541.368, y también cotizaciones desde diciembre de 2014 a febrero de año 2015, y de junio de 2015 a abril de 2018, en base a una remuneración mensual de $2.202.340 pesos mensuales.

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