Camino a La Moneda: las propuestas de Eduardo Artés
Eduardo Artés, candidato del Partido Unión Patriótica (UPA), postula por segunda vez a la Presidencia de la República, después de haber participado también en 2017. A continuación, detallamos sus propuestas en educación, salud, pensiones, vivienda, narcotráfico, migración y energía.

- noviembre 17, 2021
Nombre: Eduardo Artés Bricchetti
Edad: 70 años
Profesión: Profesor de enseñanza general básica
Estado civil: Casado
Religión: Ateo
Slogan de campaña: ¡A refundar Chile!
Nº en la papeleta: 5
Derecho a la educación y plan de becas
“Será prioritario el garantizar plenamente el derecho a la educación. La educación será laica, de calidad, tendiente a valorizar la fuerza de trabajo, integrada a la producción y orientada a acompañar al proceso de industrialización del país”, señala en su programa presidencial.
Artés apunta a que el Estado refundado desarrollará un plan acorde a la construcción de establecimientos escolares apoyado en recursos del Estado central, pero administrado por organismos locales y supervisado por el profesorado y las juntas de vecinos.
Para lograr tal objetivo, “se considerará la expropiación de las edificaciones suntuarias que se requieran para habilitar nuevos establecimientos escolares e internados. Por estos medios se tenderá a crear por lo menos una escuela unificada (básica y media) en cada comuna rural, en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile”.
Además, propone la creación de un Plan Nacional de Becas lo suficientemente extenso para asegurar la incorporación y la continuidad escolar.
La salud como un derecho humano y universal
“El gobierno de la refundación de Chile considera la salud un derecho humano básico y universal, al que debe poder acceder toda persona que habita en Chile, sea nacional o extranjero”, señala el candidato presidencial del partido Unión Patriótica.
Su primera propuesta es elaborar, con la participación directa de las y los trabajadores organizados del área de la salud, sobre la base de un profundo diagnóstico de los problemas que aquejan a la salud pública actual, un plan nacional de reforma del sistema de salud pública, que considere las particularidades de cada región del país.
Su programa señala que “el nuevo sistema de salud deberá ser financiado por el Estado, los patrones y las instituciones de prevención. Las proporciones en la participación de cada sector de la sociedad será determinado en un debate abierto e inclusivo para todo el pueblo”.
También busca asegurar la atención médica y dental, preventiva y curativa a todos los chilenos, lo que será parte del programa de salud integral.
Nuevo sistema de pensiones
“El Gobierno Patriótico Popular, dará fin al sistema de capitalización individual y regresará al sistema de pensiones, basado en el aporte solidario, en el caso de que la actual Convención no lo establezca”, detalla en su programa, proponiendo pasar las actuales AFPs al Estado, siendo administradas y gestionadas por la Superintendencia de Pensiones.
Sin embargo, este nuevo sistema de pensiones, podrá estar acompañado de un sistema privado de capitalización individual que será voluntario y para quienes deseen tener mejores pensiones.
Además, propone un sistema de pensiones bipartito o tripartito, o sea en donde dos o tres actores aportan al fondo de pensiones. Estos podrían ser el empleador y el Estado, o el Estado, el empleador y el trabajador. Una Asamblea del Pueblo evaluará y decidirá cuál de los dos sistemas será el más idóneo para nuestro país, aunque Artés propone que lo “más conveniente” es la bipartición “porque reduce operaciones burocráticas”.
Finalmente en las PYMEs, las cotizaciones las “asumirá el Estado, de forma escalonada, y de acuerdo al tamaño de la empresa, cantidad de trabajadores, sus ingresos, liquidez, endeudamiento y otros criterios a ponderar, hasta el 100% de las cotizaciones”.
Garantizar el derecho y acceso a la vivienda
En su programa destaca que, de los 20 países de América Latina continental, solo cuatro no garantizan en sus constituciones el derecho a la vivienda: Belice, Guayana Francesa, Perú y Chile. Por consecuencia, Artés propone el derecho a la vivienda como derecho constitucional si es que la actual Convención no lo logra establecer.
Su segunda propuesta es que las inmobiliarias y empresas constructoras monopólicas, tal como señala el documento, pasen a manos del Estado. Las empresas inmobiliarias y empresas constructoras nacionalizadas, constituirán los pilares del Sistema Nacional de Planificación de Vivienda.
“El Gobierno Patriótico Popular confrontará lo más inmediato posible el problema de la deuda habitacional, con el protagonismo de los mismos deudores habitacionales”. La deuda que exceda el valor original de la vivienda, será condonada inmediatamente.
En definitiva, exigirá a los bancos acreedores de la deuda habitacional, durante el proceso de transición del traspaso de la banca del sector privado al Estado, la retribución del excedente pagado por los deudores habitacionales.
Catastro de inmigrantes en Chile
La crisis migratoria responde “a una burguesía atrasada que busca mantener una mano de obra barata para poder bajar los costos y tener ganancias a pesar de tener medios tecnológicos y científicos que permiten aumentar la producción con menos mano de obra, ese es un elemento principal”, detalla en su programa.
Entre las medidas migratorias propone un catastro de todos los inmigrantes existentes hoy en Chile para enfrentar y solucionar su situación legal y social. Según señala, de esta manera se evidenciará la intención de quienes llegan al país, si son un aporte real o no.
Plantea también “desincentivar absolutamente la presencia o la llegada en forma espontánea e irregular de inmigrantes, dando a conocer la verdadera realidad de nuestro país. Nunca más fantasías hacia afuera o venta de ilusiones”.
Adicionalmente, propone “crear un plan general del país y en torno a este, vamos a estudiar las necesidades que vamos a tener, si es que existen, de inmigración, porque el principal desarrollo nuestro será la técnica y la ciencia y no la mano de obra barata”.
Combatir el crimen organizado con pena máxima
“El crimen organizado constituye un profundo enemigo de la clase trabajadora, del pequeño y mediano comerciante e industrial, de los pueblos originarios, del campesinado, en resumidas cuentas, de todos los sectores de la sociedad que se ganan la vida con su propio esfuerzo”, se lee en su programa.
Como medidas más inmediatas propone confrontar el crimen organizado de acuerdo al Estado de derecho que configurará la Nueva Constitución redactada por la Convención. “Creemos que a los grandes capitalistas del crimen organizado (jefes de las mafias), deberá poder aplicarse, como pena máxima posible, la de la muerte”.
También plantea además la ideación de un sistema de identificación de los centros nodales del crimen organizado, en diferentes localidades del país, liderado por el Ministerio del Interior en coordinación con municipios y juntas de vecinos, y las policías refundadas.
Energía nuclear y energía eléctrica por vías renovables
Sobre el tema energético, lo primero que aborda es cómo el Desierto de Atacama constituye el fundamento de la transformación iniciada en Chile para descarbonizar los procesos de generación de energía.
En su programa, subraya que en octubre de 2020 el costo de la energía solar habría caído a lo largo de la última década en un 80%. “Sin embargo, todos estos beneficios no llegan a la gente común”. Más del 70% de la energía en 2019 fue consumida por los sectores industrial/minero versus el 30% generada nacionalmente.
“La preferencia en la reducción de los precios de la energía solar, de la que han gozado las empresas, especialmente las del sector industrial y minero, sería legítima, si en consecuencia sirviera al bienestar general del pueblo (…) Las grandes ganancias quedan en los bolsillos de los accionistas”, señala el programa.
También, busca avanzar en la generación de energía eléctrica por vías renovables debido al potencial que tiene Chile por sus características geográficas y climáticas. “Dada la ventaja de permitir una alta independencia energética del país, deberán ser promovidas y desarrolladas tecnológicamente y científicamente por el Gobierno de la Refundación de Chile”.
Y suma el siguiente dato: de acuerdo a los números de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), las plantas de energías renovables trabajan muy por debajo de sus capacidades, es decir, son poco eficientes.
“Por lo anterior pensamos que el país debe avanzar en el desarrollo de la energía nuclear, que, dado su enorme potencial, podría llegar a constituir la base del proceso de industrialización, sin dejar, claro está, de lado el uso y el desarrollo de las demás formas de obtención energética (…) El desarrollo de la energía nuclear en Chile, está rezagado, no obstante del hecho de que Chile posee yacimientos de uranio. Si bien las cantidades exactas de uranio aún son desconocidas, ya han aparecido voces que expresan la necesidad de su extracción y exportación”, se lee en el documento.
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