Un nuevo sistema de pensiones para mejorar la jubilación y pensión básica universal para todos de $250 mil

En materia de pensiones, Gabriel Boric propone “desarrollar un nuevo sistema de pensiones sin AFP, que materialice el derecho a la seguridad social, aumentando las pensiones actuales y futuras de manera sostenible”. Este nuevo sistema “se financiará con contribuciones de empleadores(as), trabajadores(as) y con impuestos generales, será mixto y contará con participación tripartita en su administración”.

“En la transición del sistema los nuevos flujos de pensiones ingresan todos al nuevo sistema, mientras que los afiliados antiguos podrán decidir dejar o no sus fondos en el antiguo sistema”, detalla la propuesta.

Para implementar el nuevo sistema se propone crear una  institución pública a cargo de su administración, que tendrá entre sus funciones “recaudar cotizaciones, administrar cuentas, atender a los afiliados y beneficiarios y pagar pensiones”. Este nuevo órgano será “autónomo, descentralizado, de alta capacidad técnica, paritario, con nominaciones a su Directorio que sean ajenas al ciclo político y participación tripartita en las estructuras de su gobierno corporativo”.

Tanto Boric como Apruebo Dignidad reconocen en su programa “las dificultades técnicas y políticas que este tipo de reformas tiene” y por lo mismo, propone diseñar “un proceso de Diálogo Social para afinar el diseño de una futura reforma que permita darle legitimidad y sostenibilidad en el tiempo”.

Otra de las medidas importante en materia de pensiones es la creación de una Pensión Básica Universal (PBU), que a diferencia de la reciente propuesta del Gobierno de $189 mil al 90% de las personas mayores de 65 años más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH), la propuesta del candidato de Apruebo Dignidad plantea un monto de $250 mil a personas mayores de 65 años y considerando criterios de residencia.

Finalmente, se incentivará el ahorro previsional voluntario para los trabajadores de clase media “promoviendo el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, a través de la incorporación automática de los trabajadores a los planes ofrecidos por los empleadores”

5 mil viviendas anuales para arrendar a precio justo y residencias humanitarias para víctimas de emergencias o violencia

En materia de vivienda, el “enfoque estará en una nueva política habitacional que permita diversificar las formas de acceso a la vivienda”, a través de una “gestión descentralizada, participativa y sustentable de proyectos urbano-habitacionales, que introduzca una perspectiva de cuidados, resguardando la función social de la propiedad y de nuestro territorio como soporte de la vida en sociedad”.

Esta nueva política habitacional se presenta como el Plan de Emergencia Habitacional, que consiste en “robustecer el Banco de Suelo Público con permutas y transferencias directas de suelo fiscal” e “implementar una Política de Suelo”.

Este plan también propone “el arriendo a precio justo”, destinando recursos a los municipios para financiar al menos 5 mil viviendas anuales en esta modalidad, además de desarrollar en forma paralela “un nuevo programa de arriendo protegido, iniciando también las modificaciones institucionales y presupuestarias necesarias para facilitar mecanismos de inversión directa por parte de los Serviu y municipios en la construcción de vivienda pública”.

Se construirán barrios que ayuden a disminuir el déficit habitacional, potenciando “la participación de organizaciones de tipo cooperativista e incentivar mecanismos de propiedad colectiva y distintos tipos de tenencia, donde los proyectos podrán considerar unidades productivas y espacios de uso colectivo”.

Asimismo, se priorizará “una respuesta nacional, digna y ágil a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades, por sobre los desalojos, poniendo como principal atributo el derecho humano a una vivienda adecuada”, y se implementarán residencias humanitarias “para facilitar el acceso de vivienda a familias en situación de emergencia (VIF, catástrofes, emergencias climáticas, inmigración, etc.) o que vean sus derechos peligrosamente vulnerados”.

Con el Plan de Emergencia Habitacional, según detalla el programa, se logrará reducir en un 40% el déficit actual y se crearán 65 mil viviendas al año desde el sector público, como también “se generará empleo y al mismo tiempo se buscará avanzar progresivamente en el aumento de las superficies de las viviendas de interés social, nuevas y ya existentes, integrando criterios de producción sustentable y eficiencia energética”.

Finalmente y con el fin de reducir el costo de materiales, se creará la Empresa Pública Autónoma Comercializadora de Materiales de Construcción (Ferrabast) “que considerará la construcción en regiones de Ferreterías Populares, priorizando aquellos que permitan el acondicionamiento térmico de viviendas nuevas y existentes”.

Reforma a Carabineros y la creación del Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana

En materia de seguridad, el candidato de Apruebo Dignidad propone la creación de un Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, el que permitirá consolidar la gobernanza de la seguridad pública “descentralizando funciones y misiones que apoyen a gobiernos regionales y municipales para que tengan roles más sustantivos”.

También, elaborará “mecanismos que permitan una distribución del personal policial ajustada a las necesidades del país, y particularmente donde más se les necesita”; fortalecerá las fiscalizaciones para terminar con el uso ilegal de fuegos artificiales y armas de fuego; y avanzará en la modernización de la Policía de Investigaciones (PDI) “consolidando espacios sólidos de investigación criminal y fortaleciendo las áreas emergentes de lucha contra el crimen como el ciberdelito”.

Sobre Carabineros, se implementará un proceso de reforma policial que debe entenderse como “un conjunto de cambios cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios que la policía le brinda a la ciudadanía, abarcando tanto su profesionalización como el reforzamiento de la institucionalidad civil de la seguridad”. Para ellos se proponen 4 ejes de transformación policial: formar expertos en prevención del delito, mejorar el sistema de carrera funcionaria, mejorar la legitimidad policial ante la ciudadanía y asegurar la equidad y paridad de género dentro la institución.

Con el objetivo de reparar los barrios abandonados al narcotráfico y a la violencia, Boric propone “desarticular el crimen organizado” diseñando estrategias de intervención urbana que garanticen la activa participación de sus habitantes y sus territorios: “Esto implica modificarlos estructuralmente mediante la apertura de calles y pasajes, rediseño de barrios, compra de terrenos para generar áreas verdes, mejoramiento de la iluminación, así como también de la conectividad y la movilidad”.

Para combatir los delitos financieros se fortalecerá “un ente encargado de Inteligencia Financiera, especializado en la detección de flujos irregulares de dinero asociados a actividades ilícitas” y se impulsará la creación de un Código Penal del siglo XXI, “que permita castigar la criminalidad moderna, con proporcionalidad”, recogiendo las tipificaciones modernas en materia de delitos medioambientales, de corrupción, delitos informáticos, entre otras materias.

Finalmente, se asegurará la protección y acompañamiento a víctimas del delito, mediante la creación de una ley General de Víctimas de Delito con un Registro Único de Víctimas (para la identificación de necesidades) y un Fondo de Reparación Económica para Víctimas de Delitos Graves y violencia estatal (femicidios, homicidios, lesiones graves y gravísimas, delitos sexuales, entre otros).

También se ampliarán los centros de apoyo a víctimas de delito, a nivel comunal, en coordinación con los departamentos de seguridad pública de los municipios; se aumentará la atención de salas de familia en comisarias para otorgar atención oportuna, de calidad y especializada las 24 horas; se fortalecerán las unidades de víctimas y testigos de las fiscalías, y se extenderá la red de protección a víctimas de delitos de violencia intrafamiliar (VIF).