Después de ser expulsado, Bukele anunció por Facebook Live que fundaría un nuevo partido, Nuevas Ideas, y que postularía a Presidente.

El partido fue inscrito fuera de plazo para la elección, por lo que tuvo que buscar una alianza con otro ya establecido.

Primero había llegado a un trato con el partido Centro Democrático, pero este fue vetado de participar en la elección por no conseguir suficientes votos en los comicios anteriores. Bukele llegó finalmente a un acuerdo con Gran Alianza de Unidad Nacional (GANA), que luego de unas primarias donde el exalcalde se llevó más del 90% de las preferencias lo proclamó como su candidato presidencial.

La militancia de Bukele en GANA causó preguntas. El partido es una escisión de personas descontentas del partido de derecha del país, ARENA, mientras que Bukele venía del partido de izquierda.

Pero la popularidad de Bukele era avasalladora y ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta con 53% de las preferencias.

Tumultuoso Gobierno

Bukele llegó al poder en 2019 con 37 años y un inmenso apoyo popular, pero con una Asamblea Legislativa en contra.

Los congresistas habían sido electos el año anterior y la próxima elección sería en 2021, por lo que el joven mandatario tendría que tratar con los partidos tradicionales por casi dos años.

Una de las principales preocupaciones del nuevo Gobierno fue reducir la violencia y los homicidios en el país, una de las naciones con más asesinatos por habitante.

Para este fin creó el Plan Control Territorial, que consiste en controlar los centros penales, interrumpir el financiamiento del crimen organizado y fortalecer los cuerpos de seguridad. Aunque el plan parece dar resultados y tener la aprobación de todo el país, el problema ha sido el costo en el que se ha incurrido para modernizar las fuerzas de orden de la nación.

Esto llevó a una crisis política en febrero del año pasado, cuando el presidente llamó a sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para aprobar el préstamo de 109 millones de dólares con el fin de mejorar a la policía y las Fuerzas Armadas.

Los parlamentarios rechazaron sesionar de emergencia y Bukele entró a la Asamblea Legislativa resguardado por el Ejército.

Esta acción causó una ruptura entre el Poder Ejecutivo y los otros dos poderes del país, ya que los parlamentarios rechazaron las acciones del presidente y la Corte Suprema se puso del lado de los congresistas.

Sin embargo, los salvadoreños que se manifestaron a favor de las acciones de Bukele, y su popularidad no ha bajado del 85%.

Otro round entre el presidente y el Poder Judicial se dio en abril del año pasado, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema prohibió que el Gobierno y las fuerzas de orden pudieran “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria”. Esta fue una respuesta a varias medidas que Bukele anunció como vigentes por Twitter, su red social de preferencia, desde donde suele dar anuncios y órdenes.

Sin embargo, los decretos para que tuvieran validez legal debían ser aprobados por el Poder Legislativo, cosa que no había ocurrido. El presidente, fiel a su estilo, contestó a través de la red social del pajarito que no acataría la resolución.

Las elecciones legislativas y las destituciones

Las elecciones parlamentarias y municipales se llevaron a cabo el 28 de febrero de este año. Nuevas Ideas, el partido del Gobierno, obtuvo 56 escaños de los 84 disponibles. Sumados a ocho asientos de otros partidos que apoyan a Bukele, le dan al gobierno actual una gran capacidad de actuar.

La oposición, con veinte escaños, está básicamente anulada, y los dos partidos tradicionales que antes se disputaban el poder hoy se encuentran reducidos a poder apenas manifestar su desacuerdo, sin que esto tenga algún peso legislativo.

Es en este contexto en el que se suceden las primeras acciones de los nuevos congresistas.

Aunque la elección fue a finales de febrero, tomaron posesión de su cargo el 1 de mayo, y en su primer día en funciones la nueva legislatura destituyó a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional del máximo órgano judicial del país, además de también destituir al fiscal general.

Todos estos roles tuvieron nuevos nombramientos el mismo día. Ni Bukele ni los parlamentarios han anunciado si ocuparán otra de sus facultades dadas por la mayoría absoluta en la legislatura.

Los nuevos parlamentarios se basaron en un documento de veintinueve páginas donde justifican la remoción de los ministros en cuestión. Principalmente, acusan a la Sala de lo Constitucional de exceder las facultades que tienen, pasando a llevar la Carta Magna del país.

“En el artículo 186, nos expresa que los funcionarios no pueden hacer lo que no están facultados, y la Sala de lo Constitucional violentó el principio de legalidad constantemente, moduló sentencias”, afirmó el diputado Jorge Castro para la televisión salvadoreña. “Violentaron la Constitución, y todavía en contexto de pandemia vienen y le prohíben al presidente emitir vetos, cuando es una facultad que la Constitución le da”.

La comunidad internacional se ha manifestado rápidamente. Tanto Estados Unidos como la Unión Europa han declarado su preocupación por la situación en el país centroamericano, temiendo por la separación de los poderes y el funcionamiento del Estado de derecho.

En cambio, China ha manifestado su posición de no intervención. El martes en la noche, el presidente Bukele se reunió con embajadores de distintos países, incluido Chile, cita en la que justificó las acciones de la Asamblea Legislativa.