El Caso Bombas y la confesión de Francisco Solar explicados

Fuera de todo pronóstico, Francisco Solar confesó ser el autor intelectual y material de una serie de explosiones ocurridas entre 2019 y 2020. Antes, ya había sido investigado en el bullado Caso Bombas 1, en el que fue absuelto.

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Después de 15 años desde el primer incidente y dejando de lado el código del silencio –conocido como una consigna histórica anarquista– Francisco Solar decidió prestar testimonio ante el Ministerio Público entregando detalle por detalle sus inéditos pasos que lo llevaron a querer explotar distintos lugares de Santiago a modo de venganza.

“La acción a realizar debía ser potente. Pensé en realizar una acción como respuesta, como venganza contra personas ligadas a la represión y al poder empresarial, ambas características las cumplía a cabalidad Rodrigo Hinzpeter, que en el año 2019 era gerente del grupo Quiñenco, cuyo presidente es Andrónico Luksic”, relató ante la Fiscalía, según recogió La Tercera.

El antropólogo y Mónica Caballero, ambos chilenos, resultaron ser los principales sospechosos del Caso Bombas 1 en 2010, que terminó con su absolución. 10 años después, en junio de 2020, fueron formalizados por envío y colocación de artefactos explosivos, homicidio frustrado y daños calificados. Desde entonces, están en prisión preventiva a la espera del juicio oral que determine su sentencia.

Y en esa espera, el caso dio un vuelco. Solar, a sus 42 años, entregó testimonio sobre cómo planificó y ejecutó tres atentados explosivos en Santiago, todo esto en una declaración de 11 carillas. “El objetivo de esta declaración es reconocer participación en los hechos por los que me formalizaron”, inicia su declaración, donde una de sus intenciones es exculpar a su expareja.

¿Quién es Francisco Solar? ¿Cuál es la confesión de este anarquista? ¿Qué hechos reconoció en su declaración a la Fiscalía? ¿Qué pasó entre 2011 y 2020?

Los hechos por los que fue imputado

El 25 de julio de ese año, una bomba explotó en la 54 Comisaría de Huechuraba dejando a ocho carabineros lesionados. La información circuló rápidamente y las autoridades sumaban una nueva preocupación al atentado: otro artefacto explosivo había cruzado Santiago para alojarse en la oficina de Hinzpeter en Quiñenco, el holding industrial y financiero del Grupo Luksic.

Tras el primer bombazo, el OS-9 de Carabineros envió una solicitud de información a Correos de Chile para averiguar rápidamente si existía otra encomienda a nombre de la misma persona circulando por ahí. La respuesta fue sí, iba en camino un segundo artefacto explosivo hacia la oficina del exministro del Interior, aparentando ser un galvano.

Aterrizó a las 11:00 horas en el edificio ubicado en Enrique Foster en Apoquindo, en Las Condes. Dos horas y media más tarde ya estaban en conocimiento del tema y advertidos de no abrir dicho paquete. Se ordenó el desalojo del lugar y se determinó que la confección de las bombas no era similar. La primera era un cilindro con pólvora industrial, mientras que la segunda tenía cerca de medio kilo de dinamita.

Rápidamente se comenzaron a barajar posibles autores. Primero salió a la luz el grupo Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS), el mismo que apareció en 2017 con el atentado de Óscar Landarretche y cuya última aparición pública fue en el artefacto enviado al Presidente del Metro, Louis de Grange.

A los días, un grupo anarquista, “Cómplices sediciosos/Fracción por la venganza”, se adjudicó ambas acciones terroristas a través de un escrito: “Reivindicamos el envío de dos paquetes bomba compuestos de pólvora negra y dinamita dirigidos a Rodrigo Hinzpeter y al mayor de Carabineros Manuel Guzmán de la 54 Comisaría de Huechuraba”.

Pasó un año desde que se inició la investigación para que el fiscal regional Sur, Héctor Barros, junto a un equipo del OS-9 de Carabineros, llegara a la conclusión de que Francisco Solar y Mónica Caballero estaban detrás de estos hechos.

El 27 de febrero de 2020 ocurrió el tercer atentado en el edificio Tánica. Dos bombas detonaron en el sector de Santa María de Manquehue en Vitacura. Una carta del grupo que se adjudicó el ataque –Afinidades Armadas en Revuelta (AAR)– relató que la idea era herir a personal policial, a trabajadores del diario El Mercurio y a la misma empresa del grupo Luksic.

Según reconstruyeron los hechos, la noche del 26 de febrero la pareja entró al Motel Tropical, en la comuna de Santiago. Ambos estaban caracterizados y llevaban consigo elementos ocultos en una bolsa, que consistían dde dos artefactos explosivos de fabricación artesanal. El contenido lo habrían usado al día siguiente.

El 24 de julio de 2020, Caballero y Solar fueron detenidos, formalizados y actualmente cumplen prisión preventiva.

Francisco Solar está vinculado a dos envíos de encomiendas explosivas, dos homicidios frustrados de carabineros y un homicidio calificado frustrado de un funcionario policial, además de una lesión menor grave y cinco lesiones leves en contra de funcionarios de la 54 Comisaría de Huechuraba.

Por la detonación del edificio Tánica, a Solar y Caballero se les imputa el delito de colocación  y activación de explosivo desde la vía pública y un edificio de libre acceso. Además, esta última está formalizada por tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades.

Pero no es la primera vez que Solar es investigado en hechos relacionados a artefactos explosivos.

El mediático y fallido caso Bombas 1 y el atentado en España

Corría el año 2010, cuando 14 personas fueron detenidas en distintos allanamientos en Valparaíso y Santiago. Eran acusadas de participar en cerca de 23 atentados con bombas. “Yo me comprometí a terminar con la impunidad. El golpe que se les dio refleja el espíritu del Gobierno, de luchar contra la delincuencia y el crimen organizado con toda la fuerza del mundo y todo el rigor de la ley”, expresaba Sebastián Piñera en su primer mandato, dando el vamos a una campaña mediática contra el “terrorismo” al resaltar la investigación que públicamente se conoció como el “Caso Bombas 1”.

Entre las 14 personas que fueron detenidas aquel 15 de agosto de 2010, se encontraba Francisco Solar: acusado por la Fiscalía –encabezada por el entonces fiscal metropolitano Sur Alejandro Peña– de instalar una bomba artesanal en las inmediaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y de instalar un artefacto explosivo en las oficinas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en 2006, además de instalar otro artefacto explosivo en una sucursal de Chilectra en 2007.

De los 14 detenidos, ocho quedaron en prisión preventiva. La Fiscalía quería pedir para algunos presidio perpetuo, pero al finalizar los seis meses que se dieron para investigar comenzaron las primeras irregularidades en el bullado Caso Bombas 1.

Cumpliéndose el periodo que se dio para investigar y sin tener las pruebas necesarias para inculpar a los supuestos acusados de instalar bombas por toda la capital, la Fiscalía Sur reformalizó a mediados de marzo de 2011 a los 14 detenidos, esta vez por asociación ilícita terrorista y por supuestamente colocar 29 artefactos explosivos e incendiarios en la capital desde el año 2005. Ya comenzaba a hablarse de montaje.

Incluso, el exdiputado y actual convencional Hugo Gutiérrez, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, envió junto al exdiputado Sergio Aguiló dos acusaciones al fiscal nacional que ejercía en ese momento, Sabas Chahuán, relacionadas con Peña.

En ellas, ambos parlamentarios manifestaron su preocupación sobre reuniones confidenciales, regulares y cotidianas entre Peña y Hizpeter, asegurando que ese actuar “es un menoscabo a la autonomía con la que tiene que actuar el Ministerio Público”. También denunciaron la destrucción de evidencias: “Sabemos que hay pruebas destruidas, pruebas que no están y que eventualmente era pertinente para el caso en cuestión”, aclaraba después Gutiérrez.

Y es que con la nueva formalización de cargos se sembraba un manto de dudas en el Caso Bombas 1. No estaban las pruebas suficientes para inculparlos y los que cumplían su medida cautelar en prisión llevaban siete meses tras las rejas. Por lo mismo, los imputados comenzaron una huelga de hambre para acelerar el juicio y después de dos meses, se constituyó una mesa de diálogo para establecer ciertas garantías.

Luego de conformar la mesa de diálogo, nada volvió a ser como antes en el Caso Bombas 1. Los imputados depusieron la huelga, a tres de ellos se les cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario, apareció una denuncia por un supuesto informante a sueldo para la Policía de Investigaciones y se habían desestimado más de mil pruebas presentadas por la Fiscalía. Incluso dos días después de que comenzara la preparación del juicio oral se desecharon otras 130 pruebas más.

Hinzpeter como ministro
Hinzpeter en 2011, cuando era ministro, junto a Andrés Chadwick y José Miguel Insulza. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Como finalmente la Fiscalía nunca pudo determinar la responsabilidad de quienes habían sido formalizados –que a esa altura ya eran seis imputados, no 14–, el Tercer Tribunal Oral de Santiago decidió absolver del delito de colocación de bombas a Francisco Solar y a tres imputados más, entre ellos Mónica Caballero –novia de Solar y a quien conoció durante el juicio–. También absolvieron a dos imputados del cargo de financiamiento terrorista.

El mismo día del fallo –el 1 de junio de 2012– la Asociación Nacional de Fiscales pidió al Ministerio Público la renuncia del fiscal Alejandro Peña, mientras que los abogados de las seis personas absueltas del Caso Bombas 1 aseguraron perseguir las responsabilidades de Hinzpeter y Peña por montaje.

«En agosto del 2010, junto con trece personas más fuimos objeto de los delirios represivos de Hinzpeter. (…) Nos encarceló inventando pruebas.»

— Confesión de Francisco Solar.

En noviembre del mismo año, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones falló a favor de los imputados absueltos, reafirmando la decisión del Tercer Tribunal Oral que condenó al Estado a pagarles más de $500 millones. Francisco Solar fue uno de ellos. Recibió $100 millones y decidió irse a España junto a Mónica Caballero, quien recibió $80 millones de indemnización.

Allí en España, fueron condenados en 2016 a 12 años de cárcel por los delitos de lesiones y daños terroristas, al ser declarados culpables de instalar un artefacto explosivo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza en 2013. Pero al año siguiente de la sentencia y tras cuatro años en prisión, les sustituyeron el resto de la condena a cambio de la expulsión del territorio español. Así volvieron a Chile.

La confesión de Solar

El 1 de diciembre, Francisco Solar decidió entregar su testimonio ante el fiscal Claudio Orellana. Pero no era un testimonio cualquiera ni parecido a los anteriores, este era una confesión donde Solar reconocía ser el autor intelectual y material de los casos que se le imputaban.

Su declaración fue publicada por La Tercera el 22 de diciembre pasado y admite haber enviado una bomba al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. También admite su responsabilidad en la explosión en la 54º Comisaría de Huechuraba y de haber instalado artefactos explosivos en los accesos del edificio Tánica (Vitacura), caso donde también está formalizada su novia Mónica Caballero.

Reveló que luego de vivir un tiempo fuera de Santiago –de su arribo desde España– se planteó comenzar acciones subversivas. Era la mitad del año 2018 y Solar estaba convencido que “la manera más adecuada de luchar contra un sistema avasallador sustentado en la autoridad y la depredación, es por medio de la acción violenta revolucionaria”.

Entonces, viajó a Santiago con la idea clara de atentar contra el exministro del Interior y Carabineros. Su justificación fue que “en agosto del 2010, junto con trece personas más fuimos objeto de los delirios represivos de Hinzpeter, que en su afán por terminar con los bombazos ocurridos principalmente en el sector oriente de la capital desde el año 2005, nos encarceló inventando pruebas, contratando a presos dispuestos a corroborar la tesis de la Fiscalía, tesis que se refería a la existencia de una asociación ilícita terrorista”.

Estudió cada paso del exministro y del lugar donde trabajaba: “Fui a ver al edificio Itaú a ver su flujo de gente, la gente que entraba, que salía; intenté ingresar al piso 14, donde estaban las oficinas del Grupo Quiñenco y no pude por los férreos controles existentes en la entrada (…) por lo que pensé que lo mejor sería enviar una encomienda explosiva dirigida a la oficina de Rodrigo Hinzpeter, para asegurarme que él fuera quien abriera el paquete”.

El atentado explosivo contra Carabineros nació para honrar a las personas víctimas de la institución y por los abusos que han cometido. “Mi idea fue atacarlos como institución, por lo que representan, por su historia de sangre, tortura y muerte. Decidí atacar la 54 comisaría de Huechuraba como un gesto de venganza por el asesinato de la compañera Claudia López en septiembre de 1998″.

Luego del estallido social, Solar encontró que su acto subversivo contra la policía uniformada estaba justificada. “Al inicio de la revuelta yo fui parte de las distintas movilizaciones que se vivían día a día y pude ver a metros míos cómo caían ensangrentados los jóvenes producto de los balines y bombas lacrimógenas disparadas por carabineros. Fue por esto que la revuelta identificó a los Carabineros como uno de sus principales enemigos, por lo tanto, un ataque contra ellos era imprescindible y estaba completamente justificado”.

Sobre el caso del atentado en el edificio Tánica, donde Solar está formalizado junto a Mónica Caballero, él precisó en su testimonio que ”no estoy obligado a declarar en términos de inculparla”, sosteniendo que él fue el autor intelectual de este hecho, dando nueva información al caso.

A días de conocerse la confesión de Francisco Solar, un artefacto explosivo detonó la madrugada del lunes en el exterior de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile. La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Regional Metropolitana Sur se encuentra realizando las primeras diligencias para esclarecer el caso y aún no se ha establecido algún nexo de este acto con la declaración del antropólogo.

Mientras, el 11º Juzgado de Garantía de Santiago decidió ampliar el plazo de investigación en 60 días, producto del testimonio de Solar. A la fecha él y Mónica Caballero se mantienen en prisión preventiva.

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