Un llamado presidencial a Miami y presentación a Comisión Interamericana: el Caso La Red explicado

Después del llamado de la jefa de gabinete de Sebastián Piñera al dueño de La Red, la estación decidió que comunicará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación como una vulneración a la libertad de expresión.


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Fue a mediados de marzo que el dueño de La Red, el empresario mexicano Remigio Ángel González, recibió una llamada de la jefa de Gabinete de la Presidencia de Chile, Magdalena Díaz, para quejarse de la línea editorial del canal en relación a la entrevista que se había hecho a Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como el comandante Ramiro.

La conversación fue conocida públicamente después que los periodistas de la estación Mirko Macari y Alejandra Matus contaran sobre el tema en Twitter primero y después en el canal mismo.

Este episodio provocó que finalmente este lunes La Red anunciara que comunicará los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por una presunta vulneración a la libertad de expresión.

A continuación te explicamos cómo se desencadenó el Caso La Red y los efectos de la presentación del canal ante la CIDH.

El cambio en la línea editorial

A partir de mayo de 2020 asumió la Dirección Ejecutiva de La Red el periodista Víctor Gutiérrez. Conocido en televisión sobre todo por su reporteo de temas de farándula, con la conducción del programa Intrusos de la misma señal, Gutiérrez cuenta con una dilatada trayectoria periodística.

Entre sus trabajos más destacados está el libro Michael Jackson Fue Mi Amante: El Diario Secreto de Jordie Chandler, donde plasmó el testimonio del primer niño que acusó al cantante de pedofilia. En 2009, tras la muerte de Jackson, el joven aseguró que todo había sido orquestado por su padre y que, en realidad, nunca había sido abusado.

Gutiérrez también publicó en 2002 en el diario La Nación el testimonio de “Colmillo Blanco”, informante que dio a conocer de la continuidad del Comando Conjunto, el organismo que coordinó en Dictadura la represión y que estaba compuesto por integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y civiles de ultraderecha.

Para dar vuelta los malos resultados del canal, con pérdidas de más de $5 mil millones en 2020, Gutiérrez ha apostado por una serie de programas periodísticos como Pauta Libre y Poder y Verdad, además de potenciar el espacio Mentiras Verdaderas con contenido del mismo tipo.

Los resultados estarían siendo positivos. En marzo, Interferencia publicó que de acuerdo a la casa televisiva el promedio de rating ha subido al menos 1,5 puntos desde que se realizó el cambio programático.

Más allá de que el rating de La Red sigue sin ser de los más altos, sí ha logrado influir en redes sociales y marcar la pauta con entrevistas y los comentarios de sus periodistas.

Un ejemplo de lo primero es la entrevista en Mentiras Verdaderas el pasado 15 de marzo al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, condenado a 30 años de cárcel como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzman y por el secuestro en 1991 de Cristián Edwards, en ese entonces hijo del dueño de El Mercurio y quien quedó a la cabeza de los negocios de la familia desde 2017.

La entrevista con Hernández Norambuena generó cuestionamientos desde la derecha. Mientras algunos criticaron que el conductor Eduardo Fuentes usara la palabra “ajusticiamiento” para referirse al asesinato de Jaime Guzmán, otros apuntaron a que la conversación no fue autorizada por Gendarmería. Según se supo después, el exfrentista usó un celular al que tiene acceso sólo para comunicarse con seres queridos, dado que no se permiten visitas por la pandemia.

“Que haya una franja del odio y apología a la violencia, de justificación de asesinar a una persona por motivos políticos es algo inaceptable. Se ha pedido un sumario, no es posible que una persona esté dos horas dando una entrevista sin que nadie se dé cuenta”, criticó en esa oportunidad el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

Además, en el mismo canal Alejandra Matus, que es parte de Pauta Libre, explicó en detalle el Caso Enjoy. Según reveló, dos de las administradoras de los fideicomisos del presidente tienen intereses en la empresa de casinos, lo que coincidía con actuaciones de la Superintendencia de Casinos para favorecer a la firma en los últimos dos años.

Los telefonazos de Díaz y Piñera

Remigio Ángel González posee en 15 países medios de comunicación, con 43 canales de televisión, y no es extraño a presiones de políticos. El empresario es el dueño del grupo medial Albavisión, con sede en Miami.

Según Interferencia, fuentes al tanto de la conversación entre él y Magdalena Díaz aseguraron que en su queja la jefa del gabinete de Piñera habría dicho que al presidente de Chile le preocupaba que el canal se hubiese ido “a la izquierda” y que se le hacía daño a la democracia porque se generaban divisiones.

Director Ejecutivo La Red
Víctor Gutiérrez, director ejecutivo de La Red, en Mentiras Verdaderas durante 2012. LA RED

En consecuencia, le pidió intervenir en la gestión de Víctor Gutiérrez. Cordialmente, González le respondió que lamentaba las repercusiones de la entrevista a Hernández, pero que estaba dentro de la libre expresión.

Una vez que la conversación fue expuesta aparentemente el Gobierno no se arrepintió de su estrategia.

La semana pasada se supo que Sebastián Piñera llamó directamente a Jorge Carey, presidente ejecutivo de Chilevisión, para quejarse del comentario de Julio César Rodríguez sobre “la variante Piñera” en el matinal del canal, a propósito de la mala gestión y las filas por el permiso de circulación, de acuerdo a Interferencia. Piñera le habría expresado a Carey su molestia por ridiculizar la figura presidencial.

No es la primera vez que Piñera muestra fijación por los medios. Además de haber sido dueño de Chilevisión, el presidente durante su primer mandato terminó con la edición impresa de La Nación, cuya propiedad finalmente se vendió y hoy sólo se publica en digital.

También tuvo una relación compleja con TVN. En 2012 dejó el cargo como presidente del directorio de aquella estación Leonidas Montes por presiones de La Moneda. Desde Palacio no estaban contentos con la cobertura de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y creían que la baja aprobación del Gobierno se debía a los medios de comunicación.

Presentación ante la CIDH

“Me parece un mal chiste del Ministerio de Cultura. Ahora aparecen, ¿Buscan limpiar imagen al gobierno? Un poco tarde para eso. La Red, NO postulará, ni pedirá nada al gobierno”, esa fue la respuesta de Víctor Gutiérrez a un mail del presidente de Anatel por una propuesta de trabajo del Ministerio de Cultura, según informó La Cuarta.

“Intimidar y censurar con llamadas y seguimientos e intervenciones telefónicas a los periodistas y canales, no es democrático. Es dictatorial. Y ahora aparecen los de ‘cultura’. Muchos actores botados y ellos ofreciendo postulaciones. ¡Un chiste! Ya saben qué hacer con sus postulaciones”, añadió.

La rabia del canal no quedó en un mail. El lunes por la noche se anunció en Mentiras Verdaderas que La Red comunicaría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la llamada a González.

Remigio Ángel González

El sistema interamericano tiene dos órganos. Está compuesto por la CIDH, que posee facultades como escuchar denuncias, admitir casos y ordenar cautelares, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la potestad de condenar a los estados.

En esta oportunidad, lo que está haciendo La Red es poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de una vulneración a un derecho humano, como lo es el derecho a la libertad de expresión.

“El sistema interamericano es complementario a los estados, y varios mecanismos se pueden ejercer antes, durante y después de la intervención de instancias internas. Para el nivel de riesgo, para la necesidad de ponerle límite [a esta vulneración], una comunicación a la Relatoría de Libertad de Expresión [parte de la CIDH] de manera directa es adecuada para poner esos límites”, explica Branislav Marelic, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y abogado que llevará este trámite por parte de La Red.

«Uno puede compartir o no el mensaje que emitió Mauricio Hernández Norambuena, pero el lugar para plantear eso es en el mismo debate público. Es tomar un atajo hablar con el dueño para censurar el mensaje.»

— Branislav Marelic, abogado que llevará el trámite por parte de La Red.

La Red no ha tomado aún acciones legales dentro de Chile, como lo hizo el senador Alejandro Navarro, quien presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el que pretende principalmente que se ordene a Piñera y Díaz “no cometer una conducta de similares características nuevamente”.

En este sentido, Marelic asevera que no se ha descartado tampoco recurrir a las instancias internas para denunciar los hechos, pero que no está dentro de sus estrategias a corto plazo.

El abogado plantea que lo correcto habría sido que el Gobierno simplemente opinara sobre la información, como lo hizo el ministro Bellolio.

“Uno puede compartir o no compartir el mensaje que, por ejemplo, emitió Mauricio Hernández Norambuena, puede estar de acuerdo o no con lo que dijo, pero el lugar para plantear ese desacuerdo es en el mismo debate público, y no tomando un atajo. Es tomar un atajo hablar con el dueño para censurar el mensaje, cuando lo lógico es que el poder público y todos los actores deberían opinar sobre ese mensaje”, argumenta.

Según él, está acción “tiene que conllevar, ya sea por parte de la misma comisión o en la opinión pública chilena, un rechazo a la acción realizada por la Presidencia”.

“Esto es un primer paso, es una primera señal, es decir que esa conducta no va a ser tolerada”, afirma.

Si es que la CIDH recibe más antecedentes, aparte del caso particular de La Red, el rechazo también puede ir más allá, considerando las últimas acciones del Gobierno en relación a los medios de comunicación.

Aunque no es el objetivo directo de esta petición de La Red, sí existe la posibilidad de más adelante pedir a la comisión que decrete medidas cautelares para que el Estado de Chile tome acciones para proteger la libertad de expresión.

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