Los colombianos siguen en las calles. Estas son sus razones.

Las movilizaciones en Colombia llevan más de una semana. La gente mostró su descontento con la reforma tributaria, y el Gobierno retiró la propuesta, pero las manifestaciones continúan. La situación económica, la desigualdad y la violencia son algunas razones.


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Un anuncio de reforma tributaria llevó a los colombianos a las calles para manifestarse en contra de medidas que afectarían en gran parte a la gente de clase media y de menos recursos.

Pero el retiro del proyecto no calmó a la ciudadanía que, además de su molestia por la situación económica del país, a la cual el Gobierno buscaba una solución con su reforma, ha sumado otros problemas que afectan a Colombia.

Las protestas han sido duramente reprimidas por las fuerzas de orden, lo cual ha dado otra razón a las personas para seguir con las manifestaciones: el derecho de poder expresar su insatisfacción con el estado del país, sin ser heridas o asesinadas por la policía.

 

 

La economía, y la reforma tributaria que no fue

La situación económica colombiana ha empeorado más que la del resto del mundo durante la pandemia. El desempleo ha subido y en regiones del país llegó a un 25% durante el año pasado. Los bonos del país en el exterior han sido rebajados en su calificación, y el peso colombiano está entre las monedas que más se han devaluado en el 2021.

El Gobierno de Iván Duque propuso una reforma para recaudar más dinero, que incluía cobrar impuesto a la renta a gente que antes no lo pagaba, incorporando a aquellos que percibieran alrededor de US$663, lo que corresponde a un poco menos del triple del sueldo mínimo (US $234).

La reforma también incluía cobrar el impuesto de valor agregado a rubros que están exentos de este, como los servicios básicos (luz, agua y gas), servicios funerarios, y ciertos artículos electrónicos.

 

"Estado asesino" pintado en una calle en Medellín.
Mural en avenida de Medellín, Colombia. XalD

Esto estaba acompañado de un alza al impuesto al patrimonio, con un 1% más para patrimonios sobre US $1.35 millones y 2% sobre US $4 millones.

Por las protestas, el Gobierno retiró la reforma, renunció el ministro de Hacienda y se le instruyó al ministerio redactar otro proyecto que no aumente el IVA ni cobre impuesto a la renta a nuevas personas.

El país post acuerdo de paz

El 26 de septiembre de 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. Estos documentos, aparte de finalizar la lucha armada de la guerrilla marxista, comprometieron otras garantías, como la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar los crímenes cometidos en contexto de la lucha armada, y hacer cumplir los firmados acuerdos.

La JEP ha tenido problemas en ejercer su función, ya que ha chocado en varias ocasiones con el resto del orden judicial colombiano, desde ser acusada de tomarse atribuciones que no le corresponden a ser investigada por corrupción.

Pero parte de la gente que rechaza a la institución –como el expresidente Álvaro Uribe, que llama por su derogación– puede tener intereses creados en el fracaso de la JEP, ya que las acciones de gobiernos pasados también están siendo investigadas, como los “falsos positivos”: muertes de civiles a manos de las fuerzas militares que fueron presentadas como “bajas en combate”.

Los acuerdos de paz tuvieron otra consecuencia en el país. Antes las movilizaciones tendían a asociarse con la guerrilla violenta, pero hoy las personas reclaman ese derecho a manifestarse.

El Gobierno ha intentado mantener el discurso de que las marchas y protestas son promovidas por células violentas, pero la gente ha dejado de creer eso y ha salido a las calles en medio de la pandemia. Esto también ha reducido la confianza en los medios de comunicación tradicionales, que han repetido la postura del Gobierno.

La violencia post FARC

Aunque las FARC hayan dejado las armas, la violencia y las muertes no se han detenido. En diciembre, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó “el aumento de la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados”, sobre todo en contra de poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, y llamó a que el Gobierno mejorase su protección de la población.

La persistente violencia no es solamente provocada por guerrillas que no firmaron los acuerdos. Negocios al margen de la ley, como el narcotráfico o la minería ilegal, recurren a las armas contra quienes ven como una amenaza a su actividad.

El diario El Espectador, en una edición de junio del año pasado, puso en su portada los nombres de 442 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, en 2016.

Problemas y resultados conocidos

A todos los temas anteriores, se suman dos conceptos conocidos para Chile: desigualdad y abuso policial.

Colombia es el país más desigual de América Latina, según el Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica. Esta desigualdad no sólo es visible entre clases sociales, sino que también por región geográfica del país.

Mientras Bogotá, Medellín o la región de Santander están a la par con los lugares más ricos del subcontinente, las regiones amazónicas, como Vaupés, tienen un desarrollo similar al de los países más pobres de la región.

Otro elemento que ha marcado las protestas es la violencia ejercida por las fuerzas de orden, como el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) contra la población del país.

La ONG Temblores registraba en once días de manifestaciones más de 1.800 casos de violencia policial, con 39 homicidios presuntamente por parte de la policía, veintiocho víctimas de agresión en sus ojos, y doce víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.

Además, hay más de novecientas detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes según la misma ONG, y denuncias de agentes de policía que, disfrazados de civiles, atacan a otras personas en las protestas, reporta CNN.

A esto se suman otras técnicas que buscan impedir la libre manifestación de las personas. La ONG internacional Netblocks, especializada en ciberseguridad y derechos digitales, asegura que la conectividad de la red móvil ha sido afectada, con el ejemplo de una disrupción de la red en la ciudad de Cali. La conectividad bajó hasta un 15% el martes 4 por la tarde, mientras había manifestaciones en la ciudad del Valle del Cauca.

El uso excesivo de la fuerza, junto con estas otras técnicas, ha sido cuestionado desde distintos grupos.

Con el pasar de los días de manifestaciones, personas asociadas a la oposición y a los grupos de protesta han hablado de reforma policial. Desde el exterior, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, y el representante estadounidense Jim McGovern, presidente de la comisión de derechos humanos de la cámara baja, expresó su malestar con la situación en Colombia.

El parlamentario de Massachusetts llamó a aplicar la ley Leahy, que prohibiría al gobierno estadounidense a asistir militarmente, con apoyo o financiamiento, a las instituciones de fuerzas armadas o de orden público del país afectado por la ley.

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