El control preventivo no sirve. Estos números lo prueban.

Han pasado cinco años desde que se promulgó el control preventivo de identidad y todavía no hay evidencia de que haya cumplido con el objetivo de reducir los delitos, con el que se justificó su aprobación en el Congreso. Más bien, los datos muestran lo contrario, que no ha servido y que se ha tratado de un desperdicio de recursos públicos.


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En febrero, tras la muerte del malabarista Francisco Martínez a manos del sargento Juan González Iturriaga, algunos medios difundieron el estudio de los académicos Mauricio Duce y Ricardo Lillo, de la Universidad Diego Portales, que mediante la Ley de Transparencia consiguieron las estadísticas más completas a la fecha sobre el control de identidad y las publicaron en junio del año pasado.

Los medios se centraron en que el artículo concluía que existía un uso discriminatorio del control preventivo de identidad y lo relacionaron con el caso de Martínez. La realidad es que, por lo menos en base a los números que se presentan, esa conclusión es a lo menos cuestionable –la razón de eso lo explicaremos al final–.

Pero Duce y Lillo sí llegaron a una conclusión sólida, mucho más importante y desoladora: el control preventivo no sirve y ha significado un desperdicio de miles de horas de trabajo de funcionarios fiscales. A continuación presentamos un resumen de esa evidencia.

El control preventivo ha llevado a un trabajo menos focalizado

Hasta antes del control preventivo existía el control de identidad tipificado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, el que permitía –y todavía permite– a los policías pedir documentación de identidad y registrar vestimentas, equipajes o vehículos siempre que existieran indicios de un delito.

Sin embargo, en 2016 el gobierno de Michelle Bachelet buscó apoyo en la oposición y sumando algunos votos de su sector logró aprobar la Agenda Corta Antidelincuencia, que incluía el control preventivo de identidad.

Esta medida, vigente desde septiembre de ese año, permite a los policías solicitar un documento de identidad sin tener que justificarlo en un indicio. Aparte de eso no da más atribuciones. No se pueden registrar vestimentas ni vehículos.

La idea era que sin requisitos para los controles Carabineros podría hacer un mejor trabajo al detectar personas con órdenes de detención pendientes y prevenir y disminuir delitos. Pero los números del estudio de Duce y Lillo demuestran que esa idea estaba errada.

Antes de que se promulgara la Agenda Corta se realizaban en promedio 2,5 millones de controles de identidad del artículo 85. Desde que se comenzó a emplear el control preventivo, este fue reemplazando en su uso al del artículo 85 y en 2019 los controles totales eran más de 5 millones al año.

control de identidad cantidad total
Elaboración de los autores a partir de datos de Carabineros

Ya con ese dato se ve un problema mayor: en la práctica, Carabineros ha estado reemplazando un control que le daba muchas más atribuciones por uno que le da menos, pero para el que no necesita justificación.

Paradójicamente, la idea de dar más potestades a las policías para controlar a las personas está teniendo el efecto contrario, porque en su día a día los uniformados cambiaron la herramienta con más facultades por una con menos.

El resultado es un trabajo mucho menos focalizado y eficiente. En el 5,13% de los controles del artículo 85 hubo detenciones. Puede parece poco, pero en el control preventivo ese número apenas llega al 2,12%.

“En otros términos, teniendo como supuesto que se mantienen las mismas tasas de eficacia, se requerirían un poco más de 6,2 millones de controles de identidad del artículo 85 del CPP para obtener la misma cantidad de detenidos que quince millones de controles preventivos”, explica el artículo.

Contol de identidad preventivo eficacia detención

La eficacia del control de identidad del artículo 85 en cuanto a detenciones fue aumentando, de 3,89% en 2017 a 6,64% en 2019.

Esto probablemente se deba a que los policías lo están usando cada vez más cuando hay indicios claros de delitos, mientras que están dejando el control preventivo para el resto de los casos. Como no hay requisitos en la ley para la utilización del control preventivo –excepto que la persona se encuentre en un espacio público–, tampoco está claro qué criterio se ha ocupado.

«Se requerirían un poco más de 6,2 millones de controles de identidad del artículo 85 del CPP para obtener la misma cantidad de detenidos que quince millones de controles preventivos.»

— Estudio sobre el control preventivo

 

No hay cambios significativos en aprehensiones

Pese a los datos anteriores, alguien podría argumentar que el control preventivo es una herramienta complementaria al control del artículo 85 para combatir los delitos y que, en ese sentido, es útil. Eso no es cierto según los números.

Las aprehensiones de Carabineros subieron significativamente entre 2016 y 2019, de 431 mil a 471 mil, un 9%. Sin embargo, el número de detenidos que pasaron a control de detención no ha variado significativamente entre 2014 y 2019, fluctuando entre 220 mil y 225 mil.

Se ve evolución de las aprehensiones de Carabineros

Pero mucho más importante: las personas aprehendidas y que pasaron a control de detención por delitos de mayor connotación social –aquellos de carácter violento y que afectan la propiedad, la vida y bienes de las personas, generando con ello un impacto público– han bajado.

Elaboración de los autores a partir de datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito

En ese mismo periodo, mientras las detenciones por delitos de mayor connotación social bajaba, el número total de estos se mantenía estable, aunque se disparó de 1 millón 379 mil en 2018 a 1 millón 508 mil en 2019.

Elaboración de los autores a partir de datos del Ministerio Público

A todas luces la evidencia sugiere que el control preventivo ha llevado a un trabajo mucho menos focalizado, con una gran cantidad de controles que no llevan a detenciones. Mientras los delitos de mayor connotación social subieron ligeramente hasta 2018, las detenciones de Carabineros por estos bajaron.

En definitiva, el control preventivo a lo mucho no ha sido un aporte. Si se considera que hay más de 50 mil funcionarios de Carabineros en Chile y que debieron pasar por capacitación tras la aprobación del control preventivo, estamos hablando de cientos de miles de horas gastadas en una política pública que no ha dado resultado.

Eso sin mencionar que el control del artículo 85 generaba por sí solo cifras de detenciones similares con la mitad de procedimientos (2,5 millones contra más de 5 millones), lo que significa también un desperdicio de tiempo en cuanto a horas de servicio que es difícil de cuantificar, pues no hay datos sobre la duración de los controles.

¿Por qué decimos que no hay suficientes pruebas de uso discriminatorio?

Duce y Lillo llegaron a la conclusión de que el control del artículo 85 y el control preventivo eran usados discriminatoriamente contra mujeres, extranjeros y habitantes de comunas más pobres. Para ello compararon la tasa de eficacia de esos grupos con el resto. Si la tasa de eficacia era significativamente menor en cierto grupo, significaba que existía una discriminación porque se los estaba controlando más de lo que se debiese (discriminación 0 significa que la eficacia es igual entre grupos).

Esa metodología parece justificada cuando se estudia una medida basada en indicios, como el control del artículo 85, pero parece cuestionable cuando no se sabe el criterio que se está ocupando, que es el caso del control preventivo. Carabineros podría estar haciendo un porcentaje de controles preventivos de forma aleatoria, lo que alteraría los resultados.

Por ejemplo, en el caso de los extranjeros, Duce y Lillo dicen que existe discriminación pues en ese grupo la eficacia global es de 1,76% para detener a una persona o detectar una orden de detención pendiente –independiente de si fue detenida o no, porque la orden podría no estar vigente o por otro motivo el arresto podría no llevarse a cabo–. En cambio, en el caso de los chilenos la eficacia fue de 3,87%.

Sin embargo, sólo un 2,03% de los controles fueron realizados a extranjeros. Si se considera que en ese periodo (2017-2018) la población de otras nacionalidades era el 7%, en realidad no parece suficientemente sólida la conclusión, pues si una porción de los controles es aleatoria, es normal que los números de eficacia sean más bajos en los grupos que delinquen menos. Por cierto, eso tampoco significa que no exista discriminación, pero hasta el momento no parece haber evidencia estadística suficiente como para afirmar eso.

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