Crisis migratoria y la tardía respuesta del Estado en Iquique: ¿quién es el principal responsable?
La responsabilidad política se ha peloteado desde el presidente hasta el delegado, gobernador y alcalde de la zona afectada. La pregunta es si con las medidas recientemente anunciadas, el Gobierno logrará apaciguar las aguas en la zona de conflicto.

- septiembre 30, 2021
Este es un buen momento para recordar lo ocurrido en febrero de 2019. ¿Lo recuerdan? Los ojos del mundo estaban puestos en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, donde Sebastián Piñera viajó para entregar ayuda humanitaria –avaluada en $102 millones y solidarizar con los venezolanos.
Este correspondía a un plan conjunto con los gobiernos de Estados Unidos –liderado por Donald Trump– y de Colombia, de la mano de Iván Duque, con el objetivo de desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro. Pero el aporte chileno no sólo era económico, sino que el mandatario prometió la entrega de visas de responsabilidad democrática –por un período de un año– para los afectados.
El problema es que solo se concedieron el 21% de los permisos solicitados hasta diciembre de 2020. A dos años de este viaje, la crisis migratoria llegó a su punto más álgido en el norte de Chile con la llegada masiva de ciudadanos venezolanos indocumentados.
Y estas son imágenes que jamás podremos borrar. El pasado fin de semana, cerca de 3 mil iquiqueños participaron de una marcha no autorizada que terminó con la quema de las pertenencias de migrantes que acampaban en las calles, cansados de la llegada de extranjeros por pasos clandestinos que siguen ocupando los principales puntos de la ciudad para vivir.
El hecho fue duramente condenado nacional e internacionalmente. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su “preocupación por la violencia y xenofobia” y lo declaró como una “inadmisible humillación”.
Luego, fue el turno del propio presidente Piñera desde Uruguay, quien señaló que “condenaremos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares de origen venezolano. Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune”.
Sin embargo, días antes, el propio gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, notificaba al jefe de Estado de la presentación de un recurso de protección por un “notable abandono de deberes” frente a la evidente crisis migratoria vivida en la zona norte. El documento advierte sobre “el alto y creciente número de ingresos de personas en forma no oficial o irregular, ha sido tolerado, permitido y soportado indebida e irresponsablemente por usted y las autoridades llamadas a controlar este tipo de hechos”.
Y desde la brutal agresión, las responsabilidades ante la tardía respuesta del gobierno han sido pimponeadas, sobre todo, entre las mismas autoridades de la zona. Revisemos a continuación sus dichos y con el aporte de expertos, analizaremos quién tiene la responsabilidad política en esta evidente crisis que hasta ahora, no ha tenido una solución concreta.
Ataques van, acusaciones vienen
“La generación de expectativas superiores con el pueblo venezolano provocaron un efecto llamada y elevaron sus esperanzas que incitaron la llegada de ellos sin generar condiciones especiales o acciones que mitigaran la situación que hoy presenciamos”, señala Rafael Pizarro, jefe la carrera de Administración Pública de la Universidad Técnica Metropolitana (UTEM).
A lo que agrega: “En esta perspectiva el Gobierno no actuado de manera eficaz, no establece certezas y no hace mucho por evitar la crisis que se vive en el norte, ahora recién comienzan a reaccionar. El Gobierno apostó por la desaparición del problema, pero el contexto solo agudizó la reacción y la acción tardía del Gobierno”.
Y así, recién este miércoles el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció una serie de medidas de emergencia tanto humanitarias como para resguardar la frontera.
El Gobierno ha intentado desligarse de la responsabilidad por lo sucedido en Iquique. En esa línea, Delgado partió su discurso resaltando el trabajo del Ejecutivo respecto de la nueva Ley de Migración y Extranjería, promulgada después de 40 años del decreto de la dictadura que regulaba esta materia. También recalcó que antes del viaje a Cúcuta la situación migratoria durante el Gobierno de Michelle Bachelet era peor.
“El 2017 ingresaron a Chile entre ciudadanos haitianos y ciudadanos venezolanos, cerca de 120 mil personas solamente de nacionalidad haitiana, más otros 100 mil de nacionalidad venezolana. Ingresaban como turistas y cambiaban su estatus migratorio dentro de Chile. En lo que va de este año han ingresado de manera irregular 25 mil personas, vale decir algo así como un 10% de lo que ingresó en 2017”, aseguró Delgado.
Otros miembros del oficialismo y una minuta interna del Gobierno revelada por Ex-Ante han ido más lejos, y le han echado la culpa de la situación al Frente Amplio y Gabriel Boric por sus ideas, como entregarles acceso a programas de viviendas y regularización a los inmigrantes que entraron por pasos no autorizados, también apuntando a la Corte Suprema por sus cambios de criterios en cuanto a que “el ingreso clandestino no es causal de expulsión”.
Entre los anuncios de este miércoles sobre seguridad, el Ejecutivo informó que se instalarán nuevos puntos de vigilancia, más tecnología para monitorear la zona, un nuevo campamento de Carabineros en Colchane y la designación de nuevos directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones.
En lo que respecta a medidas humanitarias, se instalarán albergues temporales, se entregarán vouchers para alojamiento en hostales y se dispondrá de una estadía Sanitaria Transitoria de Alta Capacidad para entre 200 y 300 personas.
Independiente de las recientes acciones, los últimos días se vio una clara descoordinación de los miembros del Estado.
El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, atacó directamente el Gobierno de su nula presencia en esta crisis migratoria, mientras que desde el mismo lo acusaban de incumplir su palabra de hacerse cargo de la arista sanitaria. Por su parte, el delegado presidencial, Miguel Ángel Quezada, apuntó a que la culpa la tienen los parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio al “cercenar” la ley de migraciones al quitarle facultades, como la de como expulsar en 72 horas a ciudadanos ilegales.
“Ahora sólo hay críticas, desconocimiento de lo que fue una palabra empeñada y también muchas veces falta de propuestas”, acusaba Rodrigo Delgado.
Los gobernadores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta ya pidieron al Congreso que se interpele al vicepresidente por no cumplir con el deber de ofrecer seguridad y protección a todos, independiente de quienes sean durante las últimas semanas.
Las responsabilidades y falta de acciones
Los temas migratorios son propios de las funciones de gobierno, la cual es ejercida por el propio presidente o los órganos bajo su mando y autoridades regionales y locales. “En este sentido, el responsable del ingreso y lo que sucede con los inmigrantes es de exclusiva responsabilidad del delegado presidencial”, afirma el académico de la UTEM.
— Min. Interior Chile (@min_interior) September 29, 2021
Continúa: “Lo que debió haber realizado el gobierno mediante el delegado presidencial es haber establecido coordinaciones con los municipios para la utilización de recintos municipales para la instalación de refugios para los inmigrantes, pero el alcalde o el gobernador regional no tienen responsabilidad directa, sólo les corresponde colaborar”.
Y asegura que la inacción de Sebastián Piñera que es la autoridad directa, es la que ha generado es el problema que hoy se enfrenta al errar en “su estrategia de estigmatización y presentación como logro la expulsión de inmigrantes, menosprecio de los mismos y utilización política del tema.
“Debió haber generado acciones diplomáticas que apuntaran al establecer el tema como un problema regional (sudamericano), realizado acciones ante organismos internacionales y trabajo con países vecinos”, afirma Rafael Pizarro.
«Lo que corresponde es que como Estado tengamos una política de migración que permite primero un tratamiento digno a los migrantes que buscan oportunidades.»
Sin embargo, para el académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central (UCEN), Sergio Escobar, la responsabilidad –después de Piñera- no recaería en el delegado presidencial de la zona, ya que este no contaría con atribuciones relacionadas a la seguridad pública, no tiene presupuesto ni recursos para destinar a una posible solución de esta problemática.
“La única acción que le queda para tener cierta visibilidad, pero también para posicionar el problema a nivel de las autoridades centrales, es más bien convertirlo en un conflicto político. Y creo que desde ahí lo que él hace es culpar directamente a Piñera de la situación de la migración, más aún cuando estuvo en Colombia señalando que Chile tenía las puertas abiertas a aquellos venezolanos que no estuvieran de acuerdo de seguir viviendo en su país producto del régimen y de la dictadura de Maduro”, sostiene.
Lo cierto es que Chile está viviendo una crisis a causa de la ola migratoria que se extiende por años, desde el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. “No creo que el culpable sea uno y otro, el país tiene que ser capaz de resolver de manera seria y eficiente. Chile es un país atractivo para la migración, llegó para quedarse, vamos a seguir teniendo migración en la medida que Chile sea un país que tenga estabilidad económica, política, un país que hay oportunidades”.
Añade: “Lo que corresponde es que como Estado tengamos una política de migración que permite primero un tratamiento digno a los migrantes que buscan oportunidades, puedan tener posibilidades de trabajo, una cédula de identidad, tengan derecho a salud y educación, y lo más importante como Estado, tener una respuesta para aquellos que entran de manera indocumentada y eso es lo que no está resulto”.
“No hemos logrado tener una política integral de extranjería que permite administrar bien la migración que es un tema de los últimos 15 años que no hemos sido capaces de asumir”, concluye Escobar.
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