¿Por qué las municipalidades no pueden vender gas a precio justo?
Más de 150 municipios se unieron para vender gas a precio justo, pero Contraloría respondió que era inconstitucional. Pese a ello, las municipalidades siguen insistiendo, mientras en el Congreso ya se han presentado tres proyectos para modificar esta situación.
- diciembre 2, 2021
El 29 de noviembre pasado todo se derrumbó para las más de 150 municipalidades que pretendían ingresar al rubro de la venta y distribución de gas, con el objeto de combatir la corrupción en aquella industria y detener las alzas sostenidas en los últimos meses y que tienen en la mira a las tres más importantes empresas del rubro: Abastible, Gasco y Lipigas.
La mala noticia la dio la Contraloría General de la República (CGR), que a través de un informe determinó de manera categórica que el “marco normativo vigente no contempla una autorización para que las municipalidades puedan vender gas”, cerrando la puerta de golpe a las buenas intenciones de algunos municipios de todo el país.
El dictamen de la CGR es la respuesta a la consulta que anteriormente realizaron los municipios de Conchalí, Lo Prado y Pelarco. Querían saber si ante el sospechoso aumento del combustible, era posible “que las entidades edilicias puedan vender gas a los vecinos de sus comunas” y la respuesta fue negativa.
En su informe, Contraloría considera necesario recordar que según nuestra Constitución vigente, “las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”.
Pero, si los municipios son autónomos y su fin es ayudar y apoyar tanto económica, social y culturalmente a quienes integran sus comunas, ¿por qué no pueden vender gas si eso va en beneficio de sus ciudadanos?
Lo primero que detalla la entidad fiscalizadora es que a pesar de que las municipalidades son corporaciones autónomas, no poseen autonomía absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que están sujetas a varias limitaciones establecidas en la actual carta magna, la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Municipalidades y la LOC de Bases Generales de la Administración del Estado.
Misma apreciación que tuvo el Tribunal Constitucional en marzo de 2012, que detalló que la autonomía de las municipalidades “se encuentra limitada por las facultades que en relación a ella pueden ejercer el legislador, la autoridad administrativa, la judicial y la Contraloría General de la República”.
Sin embargo, a pesar de la negativa rotunda y de declarar inconstitucional la iniciativa de los ediles, la Contraloría explica cómo se podría solucionar este tema y sugiere que “según los artículos 19, N° 21, de la Carta Fundamental, y 11 de la anotada ley N° 18.695, las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza”. O sea, que quien tiene la responsabilidad de resolver esto hoy es el Congreso.
Es por eso que precisamente este miércoles un grupo de alcaldes llegó hasta la sede del Parlamento para conseguir apoyo y concretar la iniciativa para que todas las municipalidades puedan vender gas a precio justo.
Pero, ¿hay otras vías para poder llegar a la propuesta de los ediles? ¿Qué está haciendo el Congreso y las Municipalidades para poder lograrlo? ¿Es factible tener gas municipal?
La evidente alza del gas licuado y la recomendación de la FNE
La Fundación Sol dio a conocer los 25 productos que más subieron de precio en 12 meses a septiembre de 2021. El gas licuado ocupó el décimo puesto de la tabla con un alza de un 23,6%.
Las razones que se barajan son dos. La primera está descrita en el Informe Preliminar de su 6º Estudio de Mercado del Gas entregado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a principios de octubre de este año, y que cubre el periodo 2010-2020. En este análisis, se llegó a la conclusión de que no existe un funcionamiento adecuado desde la perspectiva competitiva.
“Este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos de que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación”, señalaba en ese entonces el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco.
La baja competitividad se suma a una segunda razón del alza: el precio a nivel internacional.
“Con el alza y poca producción de petróleo en el mundo, el precio subió. Durante la pandemia, la producción se recortó a más de 5,8 millones de barriles y ha crecido muy poco. Por ello, muchas empresas se cambiaron al gas y la demanda aumentó, lo que ha incrementado el precio. Esa es la principal causa del aumento del precio a nivel mundial”, explicaba el economista, Carlos Smith, en el Diario Concepción.
En su informe, ante la falta de competitividad en el mercado de gas licuado, la Fiscalía Nacional Económica realizó recomendaciones al Poder Ejecutivo. La principal y más polémica fue prohibir que Abastible, Gasco y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores –o sea, que participen de la distribución minorista–.
De acogerse las recomendaciones, según la FNE, el precio de venta al público de cada cilindro debiese disminuir cerca de un 15%.
La primera de las empresas involucradas en reaccionar fue Abastible, a través de una declaración pública donde manifestaron que revisarán el documento.
Luego fue el turno de Gasco, quienes afirmaron que la recomendación asociada a la distribución minorista “podría terminar afectando gravemente la calidad del servicio y también el precio del gas en el país” añadiendo que “es necesario incluir y considerar antecedentes adicionales que entregaremos cuanto antes a la FNE, para que pueda ponderarlos en la evaluación de su propuesta definitiva”.
Lipigas señaló que “las recomendaciones por la FNE para el mercado del GLP (gas licuado del petróleo) no resuelven el principal tema de fondo: Chile importa el gas que se consume en el país, por lo que el precio local depende directamente del precio internacional, el cual ha aumentado más de 100% sólo en los últimos 12 meses”.
Venta de gas municipal: la iniciativa del alcalde de Chiguayante
Sin embargo, el informe preliminar de la FNE no solo provocó reacciones por parte de los mismos involucrados, sino también, de los municipios que buscan contribuir a sus vecinos.
El primero en realizar las primeras diligencias fue el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, quien anunció el sello del ingreso de su solicitud a la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) para que la municipalidad fuera reconocida como distribuidora de gas minorista. Así, la entidad comunal pretendía vender gas a un precio justo para sus residentes, es decir, a la mitad del costo mercado –el balón de 15 kilos a $15 mil–.
“Hemos iniciado un camino con el que traeremos justicia desde los territorios, ya que tenemos un Estado indolente, que le da la espalda a los ciudadanos. Los combustibles deben ser un derecho, no deben ser parte del negocio ni estar afectos a las variables del mercado. Nosotros, los alcaldes unidos, vamos a buscar la manera de generar justicia, de hacer un Chile para todos”, aseguraba Rivas.
E inmediatamente comenzaron a sumarse municipios como Temuco, Coronel y San Rosendo. Sin embargo, diez días más tarde, la iniciativa se hizo popular al punto que más de 150 municipios de todo Chile decidieron confirmar una asociación para representar los intereses enfocados en el progreso de la calidad ambiental, energético, de salud y, por supuesto, la disminución del precio del gas.
«Cada Concejo Municipal tendrá que aprobar la incorporación a la misma y, posteriormente, las conversaciones con la ENAP, y las inversiones que tendremos que hacer.»
Así, tras la “Cumbre Nacional del Gas por el Precio Justo”, que se realizó el viernes pasado en la Casa de la Cultura de Chiguayante, numerosos alcaldes anunciaron fundar la Asociación Nacional de Municipalidades por el Gas a Precio Justo, con el objetivo de terminar con la centralización y promover la estabilidad y “justicia social” en las comunas del país.
El presidente de la asociación y alcalde de Chiguayante, señaló que efectivamente como municipio ya tenían planificado para comenzar la venta de gas en menos de un mes, pero “en el camino nos hemos dado cuenta de que aparecen algunas situaciones un tanto sospechosas”.
Agregó: “Queremos decirles que, en realidad, aquí comienza a estirarse un poco el plazo y nosotros vamos a hacer todo el empeño para poder iniciar esta compra, esta acción y esta venta antes de que termine el 2021”. Sin embargo, las probabilidades de que ello ocurra hoy son nulas.
El Congreso se puso las pilas
Una de las primeras medidas que tomaron las y los ediles de distintos puntos del país, luego de la negativa de Contraloría, fue ir al Congreso Nacional y buscar aliados en el Parlamento para que finalmente exista una ley que permita a los municipios entrar en el comercio del gas.
“El paso que viene es formar la asociación (anunciada el viernes pasado en la Cumbre)”, explicó el miércoles el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en el frontis del Congreso, aclarando que el dictamen de la CGR no detendrá sus intenciones de formar una asociación de municipalidades por el gas a precio justo. ”Cada Concejo Municipal tendrá que aprobar la incorporación a la misma y posteriormente, las conversaciones con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), y las inversiones que tendremos que hacer”.
Por su parte, la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, transmitió tranquilidad a las pequeñas empresas relacionadas al combustible. “Quiero transmitirle tranquilidad a los distribuidores pequeños de que lo que estamos haciendo también les va a favorecer a ellos”, dejando en claro que con esta iniciativa todos ganan: la ciudadanía, el bolsillo de la gente, las empresas distribuidoras y la lucha contra la corrupción.
Mientras, en la sede del Congreso Nacional ya hay respaldos a la iniciativa del “gas a precio justo”, e incluso hay parlamentarios que se adelantaron a la visita de los alcaldes y el mismo martes 30 de noviembre presentaron proyectos de ley para regular esta situación.
Hasta hoy, hay tres proyectos de ley que se han ingresado y que buscan modificar el marco normativo vigente para que los municipios puedan vender y distribuir gas.
El primer proyecto que se ingresó fue el de los diputados socialistas Juan Luis Castro, Manuel Monsalve, Jaime Naranjo, Gastón Saavedra, el democratacristiano Miguel Ángel Calisto y el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida.
El texto que busca satisfacer “la necesidad de reducir significativamente los precios del gas”, tiene por objeto ”autorizar a las municipalidades para distribuir y comercializar todo tipo de servicios de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural (GN) a los consumidores finales”.
El mismo día, la bancada PPD y los diputados independientes René Alinco y Raúl Soto presentaron otro proyecto de ley para autorizar a las municipalidades “desarrollar actividades empresariales o comerciales destinadas a transportar, distribuir y comercializar gas licuado”.
El documento detalla que los municipios podrán entrar en el negocio del gas mediante una “asociación o agrupación de municipalidades” y que deberán cumplir “las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes que regulan el mercado de comercialización del gas licuado, transporte y las medidas de seguridad, entre otras”.
El Senado tampoco se quiso quedar atrás con la petición de los municipios. El miércoles, los senadores socialistas Isabel Allende y Alfonso de Urresti, los democratacristianos Jorge Pizarro y Ximena Rincón, y la senadora del PPD Loreto Carvajal, ingresaron un proyecto de ley “que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar competencias, eliminar abusos y permitir la distribución por nuevos actores en el sector del gas”.
En el texto, las senadoras y senadores aseguran que “se hace necesario incorporar a nuevos actores en la distribución de gas a la ciudadanía, como por ejemplo, las municipalidades que celebren convenios con la Empresa Nacional del Petróleo ENAP”, proponiendo modificar la LOC de Municipalidad y el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 1 del Ministerio de Minería, “para facilitar y autorizar expresamente a las municipalidades para entrar en el mercado de la distribución del gas”.
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