La reformulación de los intendentes: el gobernador regional y el delegado presidencial explicados

¿Qué función cumplirán concretamente estos nuevos cargos? ¿En qué se diferenciarán? A menos de una semana para la segunda vuelta de gobernadores regionales te explicamos las obligaciones que consideran estas dos figuras que comenzarán a trabajar en julio próximo.


Contactar al autor

Compartir artículo en:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
El pasado 15 y 16 de mayo en Chile hubo dos papeletas inéditas en las elecciones: la de los constituyentes y la de los gobernadores regionales.
 
Los 155 convencionales ya fueron elegidos, mientras que en el segundo caso habrá una segunda vuelta el próximo domingo 13 de junio en 13 regiones del país. Según las leyes, tras superar el 40% de los votos válidamente emitidos, Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Andrea Macías (Aysén) y Jorge Flies (Magallanes) ya resultaron electos.
 

Con estos nuevos representantes regionales, junto a la designación de los delegados presidenciales, la autoridad que conocíamos como intendente desaparecerá el mismo 14 de julio cuando estos asuman sus cargos.

Pero todavía existe desconocimiento respecto a estos nuevos puestos y sus funciones. La falta de información y precisión en la descripción de las labores ha creado un círculo de confusión donde, incluso, los mismísimos candidatos se han visto criticados por sus propuestas publicadas en redes sociales, que no se ajustarían a lo especificado, hasta el momento, en el ordenamiento jurídico.

Pero, primero, entendamos los conceptos y luego analizaremos algunos enunciados de sus propios programas para entender de mejor manera el rol que deben cumplir y cómo llevarlo a cabo.

¿Qué rol cumplía el intendente y por qué desaparece?

Este cargo fue creado en el proceso de regionalización en 1975. Cinco años más tarde fue contemplado en la Constitución. Esta figura era de exclusiva confianza del presidente y tenía la facultad de ser reelegida para un siguiente periodo por el mismo.

Su función consistía en dirigir tareas propias del gobierno interior en la región, conforme a las orientaciones, órdenes e instrucciones que impartía el jefe de Estado de forma directa o a través del Ministro del Interior.

Sin embargo, se decidió eliminar este cargo que será reemplazado por dos nombramientos nuevos, gobernadores regionales y delegados presidenciales. Pero, ¿para qué? “El principal objetivo es acelerar y profundizar el proceso de descentralización del poder político”, explica Rafael Pizarro, director de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

“Los intendentes actualmente deben cumplir labores de gobierno y administración, donde la primera se desconcentra en las regiones y la segunda, se descentraliza en el gobierno regional (donde el intendente es el jefe superior de dicho servicio). En este sentido, hoy podríamos decir que las labores de administración de la región [referentes a las tareas del gobierno regional, que incluyen formular políticas de desarrollo de la región] se traspasan a esta nueva figura llamada gobernador. La de gobierno (orden y seguridad) seguirá dependiendo y siendo ejercida por el nivel central mediante la desconcentración de la misma función en los delegados presidenciales”, agrega.

El experto explica que en esta reforma se separaron las funciones fiscalizadoras de gobierno y administración de la región, quedando la primera en la figura del delegado presidencial y la segunda en el gobernador, “para evitar conflictos de intereses e incompatibilidades entre las necesidades de la región y las decisiones del Ejecutivo a nivel central”.

El delegado no contará con todas aquellas atribuciones, funciones y competencias que actualmente tiene el intendente vinculadas al Consejo Regional, a la formulación del presupuesto y de las políticas de desarrollo, la asignación de recursos de los programas de inversión, y la representación judicial y extrajudicial del gobierno regional, entre otras. Su enfoque será mantener la función del gobierno y, especialmente, la del orden público y seguridad en la región que fue designado.

Se habla que en un mediano plazo se podrían fusionar ambos nuevos puestos, dejando una especie de intendente tal como estaba, pero elegido a votación popular.

Gobernación Metropolitana
Edificio de la Intendencia Metropolitana. FELIPE RESTREPO ACOSTA

“La experiencia internacional indica que los gobernadores deberían ir asumiendo la mayoría de las competencias del delegado presidencial, salvo aquellas relacionadas con la seguridad y el orden público”, señala Cristián Fuentes, académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central (UCEN).

Por su parte, Rafael Pizarro, no lo considera así ya que “son de naturaleza complemente diferente en su definición. Lo que va terminar ocurriendo es que el delegado presidencial va a perder atribuciones en relación al gobernador”.

“El futuro inmediato se caracterizará por una pugna de poderes entre ambas autoridades que debe ser canalizada de manera institucional, en la perspectiva de extender y profundizar el proceso de descentralización. Además, es muy importante que se apruebe lo antes posible una ley de rentas regionales y estar atentos a lo que se establezca sobre el tema en la Nueva Constitución”, asegura Fuentes.

«Los gobernadores regionales coordinan, supervigilan o fiscalizan los servicios públicos. Además, asignan recursos de los programas de inversión del gobierno regional (entre ellos los destinados a infraestructura de transporte).»

— Cristián Fuentes, académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central (UCEN).

Entonces, ¿qué harán los nuevos gobernadores y delegados presidenciales?

Revisemos las funciones oficiales de ambos cargos. Al gobernador le corresponde la “coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional”.

Mientras que al delegado le corresponde “la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, que dependan o se relacionen con el presidente de la República a través de un Ministerio”.

Ambas descripciones usan las mismas palabras y conceptos. No queda claro al 100% estos servicios. ¿Cuáles serían puntualmente?

Para entender mejor quisimos ordenar a través de los sectores más importantes quién tendría facultad en dicho sector y si ambos pueden ejercer autoridad dependiendo del proyecto en desarrollo.

Seguridad: al tener la misión de velar que el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y bienes, le corresponde al delegado presidencial. El gobernador sólo genera proyectos de inversión, por ejemplo, para mejorar los espacios públicos o políticas de inversión de equipamiento para Carabineros.

Orden Público: será responsabilidad final del delegado presidencial la acción directa de Carabineros.

Transporte: les corresponde a los delegados coordinar, supervigilar y fiscalizar servicios públicos como transporte, así como proponer al presidente una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales y adoptar las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, como, por ejemplo, en este rubro.

“Del mismo modo, los gobernadores regionales también coordinan, supervigilan o fiscalizan los servicios públicos. Además, asignan recursos de los programas de inversión del gobierno regional (entre ellos los destinados a infraestructura de transporte), formulan políticas de desarrollo que consideran las políticas y planes comunales respectivos, incluyendo aquello que se relaciona con el sector transporte, y presentan ante el Consejo Regional para su aprobación el proyecto de presupuesto respectivo del gobierno regional, tomando en cuenta aquellas iniciativas que se refieran al transporte en ese territorio”, explica Cristián Fuentes.

Vivienda: Se repite la misma premisa que en transporte. La relación con la Seremi de Vivienda y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) corresponde del delegado, y por tanto debe velar por el tema. El gobernador sólo podrá desarrollar inversión al respecto.

Educación, salud y trabajo: seguimos manteniendo la misma dinámica. Es responsabilidad del delegado, sin embargo, el gobernador regional dispondrá de la inversión respectiva.

¿Tienen claras sus atribuciones los nuevos gobernadores?

Existe desinformación generalizada respecto a cuáles serán las funciones que los gobernadores regionales deberán cumplir. Esta confusión abarca incluso a los mismos candidatos que deberán enfrentarse en una segunda vuelta el próximo 13 de junio.

Las críticas han invadido las redes sociales. Es por ello, que, a modo de ejemplificar, tomamos los programas de ambos candidatos de la región Metropolitana: Karina Oliva (Comunes) y Claudio Orrego (PDC).

A continuación, analizaremos algunas propuestas que podrían NO adecuarse a sus funciones.

En el caso del ex intendente metropolitano, su programa señala lo siguiente: “Competencia para coordinar los sistemas de televigilancia y de control del tránsito de la región metropolitana”. El gobernador no tiene esa competencia, por el momento.

“Impulsaremos el programa Un STGO sin armas, para avanzar en la fiscalización, control y entrega voluntaria de armas y municiones por parte de la población (…)”. La ley no lo expresa así. Si el candidato mencionara que va a fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Armas, estaría correcto. Las facultades de fiscalización y control le corresponden al gobierno central y, por ende, al delegado presidencial. El gobernador no tiene ninguna competencia referente al orden público, sólo apoyar, estimular e impulsar a través de vías como el presupuesto y los planes de desarrollo regional.

En el programa de Karina Oliva, se asevera lo siguiente: “Construiremos una política de seguridad centrada en la prevención del delito, enfocada en la superación de la desigualdad y la segregación social”. Lo mencionamos en el párrafo anterior, no tiene competencia al respecto. Falta precisión en esta propuesta, ya que las policías sí pueden coordinarse con ella, pero no al revés.

“Impulsaremos un programa de formación a los policías sobre vinculación territorial. Para ello es necesaria la creación de un Consejo de Seguridad Regional paritario, compuesto por Gobernación Regional; ministerios del Interior y Seguridad Social; Ministerio Público y Defensoría Penal Pública, Policías, Asociación Municipalidades, Instituto de DD.HH., Delegados de la COSOC de Seguridad Ciudadana y SENDA”. Podría ser una propuesta, pero no le corresponde a este cargo aplicar un programa enfocado en el orden público por sí solo. No es el gobernador el que resuelve, sino más bien, propone, coordina, negocia, pero no impone. Es un articulador.

“Destinaremos un presupuesto regional feminista para las políticas de seguridad ciudadana que buscan erradicar la violencia por motivos de género”. Esta idea debe ser propuesta al Consejo y, luego, gestionar el presupuesto.

Ambos candidatos han expresado que esperan recibir más atribuciones una vez ganada la elección, para justificar sus propuestas.

Compartir artículo en:
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp