ICE: la policía migratoria que separó niños de padres y esterilizó mujeres que Kast quiere replicar
Torturas, abusos sexuales, detención a menores separados de sus padres y esterilizaciones forzadas involucran al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que propone copiar José Antonio Kast para enfrentar la migración irregular en Chile.
- noviembre 2, 2021
“Atrévete a frenar la Inmigración Ilegal”, así se titula el último capítulo del programa del candidato republicano, José Antonio Kast, que plantea diez puntos sobre política migratoria, centrado mayoritariamente en bajar el número de ingresos al país de migrantes indocumentados.
Las propuestas van desde exigir –sí, exigir– a Argentina, Bolivia y Perú que refuercen sus fronteras para impedir la entrada de migrantes por pasos no habilitados, hasta crear cordones migratorios cercanos a las zonas limítrofes, instalar un campamento militar en Colchane para asegurar el control de fronteras, y perseguir y sancionar a ONGs “que están prestando ayuda y orientación a los inmigrantes ilegales”.
También la famosa zanja, que con puestos fronterizos, torres de vigilancia y utilización de drones impediría o reforzaría el control en pasos formales e informales. Una propuesta que según el propio candidato es “factible y bastante económica”, y que después en el debate presidencial aseguró que su costo sería “cercano a los US$ 10 millones dependiendo de la cantidad de kilómetros que uno quiera hacer”, un poco más de $ 8 mil millones.
Según datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) por medio de una solicitud de transparencia, entre enero y julio de este año han ingresado a Chile por pasos no habilitados 23.673 personas. Una cifra récord, teniendo en cuenta que durante todo el 2020 ingresaron 16.848 personas, en 2019 lo hicieron 8.048, y las cifras del 2021 sólo contemplan la primera mitad del año.
Para impedir que esta cifra aumente, José Antonio Kast propone la creación de una unidad especializada de la Policía de Investigaciones que trabaje y se preocupe sólo de estos temas. Algo así como una policía migratoria que tendría como fin principal la expulsión de migrantes indocumentados, como también de quienes hayan ingresado al país por pasos no habilitados.
En esta misma línea propone establecer un “Recinto transitorio de inmigrantes ilegales”, lugar donde permanecerían mientras se tramita su deportación; y elaborar un “Estatuto de expulsión de inmigrantes ilegales”, evitando la vía judicial y administrativa para poder hacerlo, pues según el mismo programa, esas vías hoy “se utilizan para obstaculizar este proceso”.
Para presentar de mejor manera su propuesta de policía migratoria, Kast explica que esta nueva unidad replicará “el modelo de la Unidad de Inmigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, con el objeto de buscar activamente a los inmigrantes ilegales en territorio nacional (de Arica a Punta Arenas) y proceder a su expulsión de Chile en el más breve plazo”.
Pero, ¿cómo funciona este modelo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se pretende imitar de esta unidad? ¿Es realmente un ejemplo a seguir y digno de ser reproducido en nuestro país?
Lo que sabemos hasta ahora es que el ICE ha estado involucrado en una serie de violaciones a derechos humanos en contra de migrantes, principalmente mujeres, niños, adolescentes, enfermos y musulmanes. Una unidad que ha sido noticia más por el vasto número de abusos que han realizado que por sus logros. ¿Por qué, entonces, José Antonio Kast quiere replicarlo? ¿Qué es el ICE, realmente?
ICE: La policía migratoria estadounidense
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según su propia página web es una unidad que tiene por misión “proteger a EE.UU. de amenazas para la seguridad nacional y pública al hacer cumplir las leyes migratorias y de aduana”, focalizada en “medidas de control migratorio inteligentes y la lucha contra el crimen transnacional”.
Según cifras oficiales, en un día cualquiera en el ICE se incautan más de 1.800 kilos de narcóticos y casi $ 4 mil millones en divisas y bienes ilícitos; se realizan 87 arrestos penales, 284 arrestos administrativos y más de 500 expulsiones; además de manejar más de 3.6 millones de casos.
De esta manera, el ICE se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración, investigar las actividades delictivas y terroristas de ciudadanos extranjeros que residen en EE.UU., y de la deportación de inmigrantes indocumentados o que hayan sido descubiertos cruzando la frontera por pasos no habilitados.
También, el ICE gestiona los centros de detención, lugares donde se retiene a inmigrantes, mientras se lleva a cabo su procedimiento de expulsión. Estos centros deben contar diariamente con un cupo de 34 mil camas disponibles en todo el país para recibir a migrantes detenidos. Este número lo fijó el Congreso en 2009, gracias a un aproximado diario entregado por el ICE. Sin embargo, durante el Gobierno de Donald Trump, en los centros llegaron a haber hasta 52.500 detenidos en un solo día.
Durante la gestión Trump, los lineamientos del ICE fueron perseguir, detener y deportar a todos los inmigrantes que se encontraran indocumentados dentro del territorio estadounidense. Así comenzó una especie de cacería de brujas.
Ya no importaba si un migrante era encontrado in situ cruzando la frontera por un paso no habilitado o cometiendo algún delito. Sólo por el hecho de ser extranjero ya era perseguido y si este se encontraba indocumentado era inmediatamente detenido, a pesar de no tener antecedentes penales ni ser una amenaza a la seguridad nacional. Opciones de regularizar su situación no había –más allá de recurrir rápidamente a la justicia–, la única salida era la expulsión.
A pesar de que durante el mandato de Trump existió una sobrepoblación de personas reclusas en los centros de detención, durante sus cuatro años de gestión (2017-2021) deportó a cerca de 930 mil personas, a diferencia de los cuatro primeros años del gobierno de Obama (2009-2013) que expulsó casi 1,6 millones de personas, según cifras del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
Biden ha ido por otro camino. Desde un comienzo ha asegurado que él irá por los delitos más importantes y por quienes representen una verdadera amenaza a Estados Unidos. Y en esta vía ya se ven los primeros logros. Durante el año fiscal 2021 (que comprende del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021) el ICE ha realizado 72 mil detenciones administrativas, muy por debajo de las 104 mil realizadas en el año fiscal 2020 y de la media anual de 148 mil arrestos entre 2017 y 2019.
El nuevo objetivo del ICE, establecido por el presidente Biden en febrero de este año y que ha logrado bajar el número de arrestos, se centra en priorizar las detenciones y deportaciones de inmigrantes que supongan una amenaza para la seguridad nacional, pública o de frontera, estableciendo así tres categorías (o razones) para que el ICE retenga o expulse personas migrantes.
La primera es que serán deportados los extranjeros que hayan participado en alguna actividad de espionaje o terrorismo, la segunda comprende a los extranjeros que representen un peligro para la sociedad o que hayan sido condenados por delitos graves, y la tercera aplica para los extranjeros detenidos al cruzar la frontera ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020 o que no hayan estado dentro del país antes de esa fecha.
Pese a definir tres razones específicas para que el ICE detenga y deporte a extranjeros, esta medida no ha dejado satisfechas a algunas organizaciones, como por ejemplo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles), quienes aseguran que presumir una amenaza a quien cruza la frontera por pasos no habilitados sólo provocará “deportaciones continuas y desproporcionadas”, ya que esa categoría o razón para detener y deportar es “demasiado amplia”.
Y la ACLU no es la única que ha alzado la voz frente a diversos hechos que han ocurrido dentro de los centros de detención, gestionados por el ICE. Varias organizaciones, fundaciones y agrupaciones que velan por los derechos migrantes han manifestado su descontento y preocupación frente a distintas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de dicho grupo. Hechos que hasta el día de hoy no han podido parar.
Separación, abuso y tortura: el historial del ICE
Durante el 2018, la administración de Donald Trump decidió endurecer sus políticas migratorias y estableció lo que fue conocido como “Tolerancia Cero”, medidas más estrictas para quienes se mantuvieran indocumentados en EE.UU. y para quienes quisieran cruzar la frontera por pasos no habilitados, con especial atención en las familias con niñas, niños y adolescentes.
De esa forma, desde mediados de abril del mismo año, el ICE comienza a capturar a familias migrantes completas –que hayan pasado por pasos habilitados o no–, deteniéndolas para tramitar su deportación y llevando cabo una de las medidas más polémicas del gobierno de Trump: separar a los hijos de sus padres y mantenerlos prisioneros, mientras sus progenitores eran deportados.
Esta práctica según el propio Gobierno fue para disuadir futuras intenciones de familias extranjeras que quisieran cruzar la frontera. Lo que provocó finalmente no fue una disminución en el número de personas que deseaban migrar hacia EE.UU., sino que miles de menores de edad fueran detenidos y separados de sus padres, sólo por el derecho de querer una vida mejor.
Más de 5.500 niñas, niños y adolescentes, incluso pequeños menores de 5 años, fueron capturados, retenidos en los centros de detención y separados de sus progenitores durante la gestión de Donald Trump, según el informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que reveló también un programa piloto, llevado a cabo entre junio y noviembre de 2017, que separó a padres de sus hijos casi un año antes de la entrada en vigencia de la política “Tolerancia Cero”.
A pesar de que el número de menores apartados de sus padres ha bajado y gran parte de ellos se encuentran con sus progenitores o algún cuidador (familiar o amigo), a la fecha hay 545 niños que aún no se reúnen con sus padres. Un problema que el ICE no ha podido solucionar, ni siquiera con la ayuda internacional de países vecinos.
Y no tan sólo los menores de edad son víctimas de las malas políticas y prácticas del ICE, pues las mujeres también se han visto afectadas por esta policía migratoria y sus centros de detención. El 14 de septiembre de 2020, las organizaciones sin fines de lucro Project South y Government Accountability Project presentaron una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. por abusos contra mujeres migrantes dentro de los centros del ICE en Atlanta, Georgia y Texas.
La denuncia se basa en el testimonio de la enfermera Dawn Wooten, quien reveló una serie de “prácticas peligrosas” en los centros gestionados por ICE, refiriéndose a histerectomías a mujeres migrantes detenidas. Sin su consentimiento informado –algunas no entendían lo que iban a hacerles, o se sentían presionadas– estas mujeres eran sometidas a una intervención quirúrgica para extraerles el útero. Testimonio que se sumó a otras 17 denuncias de abusos a mujeres en dichos establecimientos.
Estos hechos se suman a una serie de abusos físicos, sexuales, raciales, verbales y psicológicos que han debido sufrir las mujeres migrantes en los centros de detención. En agosto de este año, mujeres migrantes detenidas en un centro de Florida acusaron ser víctimas de abuso sexual por parte de guardias del ICE y trato discriminatorio por psiquiatras del lugar y ser víctimas de aerosoles tóxicos que les rociaban dañándoles la piel.
También el ICE ha estado involucrado en torturas. El último suceso revelado y que fue transmitido por toda la prensa internacional fue el trato represivo, violento y vejatorio que tuvieron que experimentar cientos de haitianas y haitianos migrantes, quienes fueron víctimas de atropellos con animales y golpes de látigo por parte de efectivos del ICE en la localidad Del Rio en Texas.
Estos hechos violentos se suman a una serie de abusos que han debido experimentar gran parte de migrantes capturados por el ICE, siendo el grupo más perjudicado los migrantes negros, provenientes de Centroamérica y África, afectados con golpes, cortes, castigos desmedidos, desnudamientos forzados y discriminación.
También expuestos a hechos abusivos, incluso cuando son expulsados de EE.UU., como fue el caso de migrantes de Uganda y Camerún que en octubre y noviembre del año pasado –y mientras eran trasladados a sus países de origen– fueron inmovilizados sin ningún motivo ni amenaza para la tripulación, pasajeros y policías, mediante la sujeción física.
Los efectivos del ICE, utilizando el método WRAP, ataron juntas las piernas de cada una de estas personas, de manera estirada y amarraron sus muñecas tras sus espaldas, quedando sentados en una posición de 90º. Sin embargo, estuvieron paralizados más de las horas permitidas, no fueron escuchados cuando necesitaron ayuda, fueron puestos en posiciones que les impedía respirar y se les negó la medicación y sus derechos básicos.
Este y otros hechos de abusos contra migrantes, se encuentran actualmente en la justicia esperando que las víctimas sean trasladas de vuelta a EE.UU. para poder declarar como testigos principales. La justicia también está viendo irregularidades administrativas del ICE, donde se han perdido documentos que le perjudican, principalmente sobre arrestos arbitrarios, abusos dentro de los centros, suicidios sin explicación y detenciones a migrantes con documentos vigentes y sin antecedentes penales que fueron capturados sólo por ser extranjeros.
Con el historial de violaciones a derechos humanos de personas migrantes que tiene el ICE, tanto al capturar como dentro de los centros de detención que gestiona, ¿qué es lo que José Antonio Kast quiere replicar realmente? ¿Está considerando estos antecedentes al momento de proponer una policía migratoria como el ICE? ¿Es la mejor medida para enfrentar la migración irregular?
¿Qué es lo que realmente se quiere imitar del ICE?
El exsubsecretario de Relaciones Exteriores y académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile (UCEN), Edgardo Riveros, sostiene que el tema migratorio no hay que enfrentarlo “como un fenómeno siempre adverso para el país”, aclarando que las policías deberían tratar el tema de manera proporcional “conciliando el derecho de las personas a migrar con el derecho de los estados a regular su población”.
El problema de mirar el fenómeno migratorio como algo negativo para el país puede “agravar la situación, porque aumentaríamos la tensión en las fronteras”. Para José Antonio Kast la tensión está a punto de explotar y en su programa llama al aumento de migrantes indocumentados en territorio nacional como “una catástrofe humanitaria de proporciones”, culpando al Gobierno de Michelle Bachelet de dicho incremento y pidiéndole al Gobierno actual “detener el ingreso de inmigrantes ilegales”.
Para Riveros es fundamental sacar de todo relato el concepto de “inmigrante ilegal” que tiene una connotación más acusatoria que real. “De partida hay que cambiar la noción de ilegalidad, que criminaliza al inmigrante, por el de irregularidad, que no conlleva tal criminalización”.
Partiendo de esta base, que no hay inmigrantes ilegales, Riveros manifiesta su preocupación frente a la implementación de una policía migratoria que se asemeje al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. “Está demostrado, no sólo respecto a nuestro país, sino que es una evidencia internacionalmente comprobada, la ineficacia de una acción policial que se dedique a perseguir, detener y expulsar a migrantes indocumentados”, manifiesta el exsubsecretario.
«Con su política no se va a lograr el objetivo de impedir el ingreso por pasos no habilitados.»
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), cada día aumenta el número de personas que se ven forzadas a migrar de sus países de origen debido a una “compleja combinación de factores”, como “la pobreza; la falta de acceso a la atención sanitaria, a la educación, al agua, a los alimentos o a la vivienda; además de las persecuciones y los conflictos”, siendo “los migrantes que se encuentran en situación irregular” los más expuestos a violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, conociendo los riesgos que implica la migración irregular, de igual forma se aventuran a partir y cruzar por pasos no habilitados en busca de una vida mejor, en busca del sueño de una vida más digna para ellos y sus familias, también de mejores oportunidades.
Es por eso que teniendo en cuenta que no todos son una amenaza o se encuentran en la “ilegalidad” como quieren sostener algunos sectores, el ex subsecretario asegura que “esto no se enfrenta con más policías sino con políticas migratorias más idóneas y fluidas en cuanto a la regulación de los requisitos de ingreso, incluidas las tramitaciones de visas, como también la regulación de permanencia cuando las personas se encuentra en el país.
Y agrega: “Lo ocurrido con el aumento irregular del ingreso de venezolanos sirve de elemento demostrativo. En este caso ha sido nítida la lentitud del trámite de otorgamiento de visas, en particular la denominada de “responsabilidad democrática” y, también, la demora en regularizar permanencia, aun cuando se cuente con los requisitos cumplidos”.
Riveros es categórico con la propuesta de Kast: “(Con su política) no se va a lograr el objetivo de impedir el ingreso por pasos no habilitados”, dejando en claro que sobre el tema de las expulsiones que aparentemente podrían ser llevadas a cabo por esta policía migratoria, estas “no pueden quedar sólo a la decisión administrativa, sino también a la posibilidad de control judicial, para no dejar margen a la arbitrariedad”.
En el programa de José Antonio Kast se plantea la creación de un Recinto Transitorio de Inmigrantes Ilegales “con el solo objeto de preparar su expulsión del país”. A pesar de no existir mayor información sobre este establecimiento en el mismo programa, al dejar en claro que en su Gobierno replicará el modelo estadounidense de policía migratoria, se soslaya que estos recintos serán como los centros de detención que gestiona el ICE en EE.UU.
En ese sentido, el académico de la UCEN explica que este tipo de centros “colisiona con las garantías respecto a la libertad y seguridad personal garantizada por el artículo 19, N° 7 del actual texto constitucional”, especificando que si así ocurriera, se podría presentar “una acción de amparo constitucional, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución”.
Durante varios días, intentamos comunicarnos con el comando de José Antonio Kast y el Partido Republicano sin obtener ninguna respuesta. Consideramos importante que pudieran habernos explicado cómo se iba a financiar esta medida, dónde se iban a construir estos recintos transitorios, quién iba a construirlos, cuántos efectivos policiales trabajarían en esta nueva unidad, cuántos civiles (abogados, trabajadores sociales, psicólogos) participarían de este servicio, cuántas camas tendría disponible cada recinto, y principalmente, cómo prevendrían eventuales violaciones a los derechos humanos.
“Hay que fortalecer la cooperación internacional, bajo la noción de responsabilidad compartida. En lo posible con la creación de una institucionalidad regional especializada sobre el tema migratorio con el objeto de lograr una migración segura, ordenada y regular. Estos conceptos no son tan solo para fortalecer el papel del Estado respecto al fenómeno migratorio, sino también para resguardar los derechos de las personas migrantes en los tres aspectos mencionados”, finaliza Riveros, proponiendo otras vías para manejar el fenómeno migratorio.
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