La Red vs. las Fuerzas Armadas y el Gobierno: la discusión sobre la libertad de expresión explicada

Un sketch del programa Políticamente Incorrecto (PI) de La Red molestó a las Fuerzas Armadas, que emitieron una serie de comunicados opinando sobre el contenido, lo que fue respaldado por el Gobierno. ¿Pasaron a llevar la libertad de expresión?


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8:24 del domingo 18 de abril. El Ejército de Chile comparte a través de sus redes sociales un comunicado que habían hecho llegar al director ejecutivo de La Red, Víctor Gutiérrez, expresando su malestar y rechazo por la emisión de un sketch llamado “Un militar de verdad” el viernes 16 de abril en el programa Políticamente Incorrecto (PI).

En la misiva, el general de brigada y secretario general del Ejército, Sergio Gutiérrez Sepúlveda, expresa que hay un ánimo, por parte del canal, de denostar y degradar a la institución. “El ejercicio de las libertades de expresión e información es esencial para el progreso de una sociedad cuando se ejerce con verdad y responsabilidad”, finaliza la carta.

11:39. El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, comparte en su cuenta de Twitter una declaración pública que respalda el descontento del Ejército: “No es aceptable recurrir a la parodia política para enlodar instituciones y personas que prestan un servicio imprescindible a nuestra Patria”.

17:14. La Armada de Chile publica que comprenden y solidarizan con el malestar del Ejército y que programas como Políticamente Incorrecto “en nada aportan a la necesaria unidad nacional”.

17:30. La Fuerza Aérea hace un llamado “enfático” a los medios de comunicación de “velar por una muestra programática responsable, basada en aportar a la cultura, educación e información veraz”.

En una sociedad democrática, ¿quién plantea los límites de lo que deben emitir los medios? ¿Quién decide qué aporta o no a la unidad nacional? ¿Es esencial la libertad de expresión sólo cuando se ejerce con verdad y responsabilidad? ¿Según los parámetros de quién?

El derecho a la libertad de expresión está en el centro de la discusión nacional, luego de la publicación de dichos comunicados. ¿Puede un Gobierno y las Fuerzas Armadas estar en desacuerdo con los contenidos que emiten los medios y manifestar su descontento públicamente? Aquí te explicamos todo lo que gira en torno a la libertad de expresión.

¿Quién puede ejercer el derecho a la libertad de expresión?

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”. En Chile la Ley Nº 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, especifica que “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas”.

En esa misma línea, Branislav Marelic, abogado y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, asegura que no es lo mismo que opinen las Fuerzas Armadas u otra institución a que lo haga una persona común y corriente.

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Sketch "Un militar de verdad". LA RED

“Ellos no pueden ejercer la libertad de expresión como cualquier ciudadano, porque la ejercen como una institución que manifiesta poder. Bajo esa premisa, el Estado no debe permitir que eso suceda, pues tal como lo expresa nuestra legislación, la libertad de expresión la tienen sólo las personas”, asevera.

“Es un hecho insólito, pero al mismo tiempo, muy grave”, expresó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Americana de Human Right Watch en una entrevista en Mentiras Verdaderas el pasado lunes 19 de abril.

“En una sociedad democrática ninguna autoridad ni mucho menos aquellos que detentan el monopolio de la fuerza legítima, como son las Fuerzas Armadas, tienen el derecho a señalarle a los medios de comunicación cuáles deben ser sus fines y objetivos, mucho menos aún tratándose de un programa de sátira”, añadió.

«Lo que ha hecho el Ejército es emitir una opinión expresando una molestia por una parodia (…) Que alguien pueda decir que se siente humillado o que se siente dañado por esa parodia también es parte del marco de la libertad de expresión.»

— Jaime Bellolio, vocero de Gobierno.

Javiera Olivares, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile y expresidenta del Colegio de Periodistas, enfatiza que la emisión de los comunicados de las Fuerzas Armadas, más que una opinión o una especie de cátedra de conducta a los medios de comunicación, son “una lesión al derecho humano, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al acceso a la información pública”.

Para la periodista esto es “un acto muy grave” por parte de la Fuerzas Armadas, porque lo hacen desde una posición de poder, “buscando un cierto afán de amedrentamiento a aquellos medios o contenidos periodísticos que cuestionan, que critican y que incluso se ríen desde una sátira política; de situaciones que han sido bastante delicadas, graves y que son delitos, como los hechos de corrupción y los hechos de violaciones a los derechos humanos en los cuales han estado involucrados, no sólo las Fuerzas Armadas, sino también el propio Ejecutivo”.

Según el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), entre octubre de 2019 y marzo de 2021 se registraron 295 ataques a comunicadores y periodistas en Chile. De ellos, 124 fueron detenidos mientras ejercían su labor como trabajadores de prensa y 171 sufrieron agresiones por uso de armas disuasivas. A la fecha, el ODC ha registrado dos casos de traumas oculares con pérdida de visión de un ojo.

El apoyo del Gobierno

No es la primera vez que La Red se encuentra en el centro del debate en torno a los límites de la libertad de expresión. El mes pasado, un llamado presidencial a Miami levantó las alertas.

La jefa de Gabinete de la Presidencia de Chile, Magdalena Díaz, se comunicó con el empresario y propietario de Albavisión, dueño de La Red, Remigio Ángel González, para quejarse de la línea editorial del canal en relación a la entrevista que se había realizado a Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como el comandante Ramiro.

Esta llamada trajo consigo acciones por parte del canal privado, presentando estos antecedentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una presunta vulneración a la libertad de expresión, trámite que lleva Branislav Marelic por parte de La Red.

A la comentada llamada telefónica, los comunicados de las Fuerzas Armadas y la declaración pública emitida por el Ministro de Defensa, se sumó al día siguiente de la publicación de las misivas las palabras del vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, en un punto de prensa desde La Moneda.

“Para nosotros como Gobierno, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de informar y la libertad de conciencia son reglas fundamentales en una sociedad democrática y quiero ser categórico en que la vamos a promover, la vamos a defender y vamos a rechazar absolutamente cualquier intento de afectarla, así como lo hemos hecho también en el pasado”, comenzó diciendo el ministro.

“Lo que ha hecho el Ejército es emitir una opinión expresando una molestia por una parodia en que consideran que se ofende, se denosta y se ridiculiza el trabajo de hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas (…) Que alguien pueda decir que se siente humillado o que se siente dañado por esa parodia también es parte del marco de la libertad de expresión”, añadió.

“En parte, estoy de acuerdo con lo que dice ministro”, explica Marelic. “Él dice que la libertad de expresión tiene también la contraparte de que otra persona pueda opinar lo mismo en contra, pero acá es distinto, porque estamos hablando de instituciones”.

Para el abogado de derechos humanos, las instituciones no pueden hacer ni decir cosas amparándose en la libertad de expresión: “Si saliera una persona natural u otro canal de televisión a hacer una parodia exactamente en el sentido contrario, bueno eso sí sería un ejercicio de la libertad de expresión, porque en el fondo son personas, pero acá hay instituciones de poder, de poder militar del Estado”.

Por su parte, a Olivares le preocupa que en vez de criticar y de cuestionar un hecho que es rechazable, el Gobierno haga eco de las declaraciones de las Fuerzas Armadas, las respalde y las valide “tratando de explicar lo inexplicable” y con su postura afectando a la “democracia toda y a la libertad de expresión”.

La censura previa y las armas

El ministro vocero de Gobierno también aclaró que “la libertad de expresión implica que no puede haber censura previa, sin embargo, ex-post una persona puede concurrir, si es que siente que ha sido violentado, a Tribunales, al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) o al Consejo de Ética de los Medios”.

En este sentido, Marelic asegura que el ministro está equivocado: “La libertad de expresión no sólo se viola con censura previa, que es la forma más grosera y evidente de violar la libertad de expresión, sino que también cuando se generan presiones, se generan amenazas o se insinúa el descontento de una autoridad de poder. Eso también es una afectación a la libertad de expresión, porque inhibe que otras personas vuelvan a hablar de ese tema”.

En la misma línea, Javiera Olivares asegura que una manera de coartar la libertad de expresión es censurándola previamente.

“Sin embargo, cuando tú tienes conocimiento de que un Ejército, una institución que tiene la hegemonía de las armas, está otorgándose el derecho a opinar de una manera que apunta a amedrentar o de hacer una advertencia respecto de las cosas que se pueden decir y las cosas que no se pueden decir, evidentemente que hay una búsqueda de generar una especie de conducta favorable a los intereses de las propias Fuerzas Armadas, y eso es gravísimo”, subraya.

«Estas misivas constituyen un intento por detener un programa de parodia política que se seguirá emitiendo.»

— Periodista Paula Molina en Pauta Libre.

Por su parte, Vivanco afirmó que era gravísimo que en su carta el ministro Prokurica expresara que no era aceptable lo que había hecho Políticamente Incorrecto.

“¿Quién es el ministro de Defensa para determinar en una sociedad democrática lo que es aceptable y lo que no es aceptable? ¿Él es el árbitro hoy día de lo que se puede permitir en un medio de comunicación?”, criticó.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José, detalla que los límites de la libertad de expresión son los discursos de odio, la protección de la infancia y la incitación a la guerra.

Para Marelic, el ejercicio de la libertad de expresión “no tiene que estar nunca condicionado por el visto bueno de una u otra persona”. Para Olivares los límites de la libertad de expresión son como en cualquier derecho humano “hasta que se atenta contra otros derechos humanos”. Y agrega: “Un país que no resguarda su libertad de expresión no se puede tachar de una democracia sana, sino más bien de una democracia enferma y débil”.

Contraloría y los límites a las Fuerzas Armadas

“Algunos han preguntado si es que ha habido o no deliberación, y nuestra respuesta es que creemos que no la ha habido, toda vez que es la propia Contraloría la que establece cuáles son los límites de la deliberación, y es referirse a ámbitos políticos partidistas, o a una política pública que no tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Ello no ha sucedido”, afirmó también Bellolio.

Efectivamente, en el dictamen más importante de Contraloría sobre las limitaciones de las Fuerzas Armadas, el nº 57200 de septiembre de 2013, se define para los uniformados “absoluta prescindencia política y a abstenerse de toda actividad de carácter político partidista, tanto en el desempeño de sus cargos como fuera del servicio”.

Pero eso no significa que esté permitido lo que hicieron las Fuerzas Armadas, ya que tampoco se ha citado un dictamen que se refiera expresamente a una situación como opiniones sobre presentaciones humorísticas.

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Pauta Libre, 18 de abril. LA RED

Más allá de eso, los dictámenes de Contraloría se basan en la Constitución y las leyes, y las Fuerzas Armadas deben respetar esas disposiciones, incluyendo las garantías constitucionales y los derechos consagrados tanto en la Constitución como en los diversos tratados internacionales que Chile ha firmado.

Debido a todo este lío es que la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados ofició a Contraloría para que se pronuncie sobre el caso y actúe al respecto.

Declaraciones en pantalla

“Llama la atención que las autoridades estén más preocupadas de un actor vestido de militar que de otras cosas”, expresó Eduardo Fuentes, conductor de Mentiras Verdaderas de La Red, al comenzar la emisión del lunes 19 de abril.

“Hoy hay gente pasando hambre, hoy hay gente rogando por cumplir los famosos requisitos para acceder a un bono, hoy hay gente esperando con ansias gastarse la plata de su jubilación para poder comer hoy. La gente clama ayuda. Eso sí que es urgente. Eso sí que amerita cartas. Eso sí que ofende”, recalcó.

Desde que las Fuerzas Armadas y el Ministro de Defensa emitieran sus respectivos comunicados a través de sus redes sociales, ningún integrante de la directiva ni nadie del área de comunicaciones del canal, mucho menos Víctor Gutiérrez, han emitido algún comunicado o alguna declaración respecto a este episodio.

Son las políticas del canal, donde todo tipo de declaración se realiza mediante la pantalla y sus rostros. “Es la pantalla la que responde por nosotros”, expresa una fuente del canal al explicar que todo lo que la señal quiera decir lo dirá a través de sus programas de televisión.

El mismo domingo 18 de abril, el programa En Pauta, conducido ese día por Paula Molina, comenzó con el sketch de Políticamente Incorrecto, seguido de una declaración de la periodista.

“Estas misivas constituyen un intento por detener un programa de parodia política que se seguirá emitiendo, donde no se acepta la intimidación de estas misivas para intentar sacarlo del aire”, expresó.

“Se ha invitado al Ejército a plantear sus puntos de vista en torno a una serie de investigaciones que, por supuesto, generan la legítima preocupación e interés de la opinión pública. Como las denuncias de espionaje a periodistas, casos como el seguimiento de la jueza Rutherford y otros casos que, por supuesto, nos impulsan a investigar, porque eso es lo que es necesario no sólo para el ejercicio del periodismo, sino para toda la comunidad, para toda la nación y para la democracia”, aseveró.

Al día siguiente, Eduardo Fuentes hacía lo mismo en su programa. Luego de emitir el sketch humorístico, se preguntaba frente a cámara si también, “iban a quitar el derecho a reírnos”, y de lo importante que es el humor en tiempos como los que estamos pasando hoy.

“¿Quién le decía las cosas en su cara al rey sin que le cortaran la cabeza? El bufón. El humor siempre ha sido lo que hoy algunos creen que es un arma para ensañarse o para denostarlos, para ofenderlos, para humillarlos. No es eso lo que hacen ellos (los actores de PI), no es eso lo que hace una parodia, no es es lo que hace un comediante, un humorista”, manifestó.

 “Sólo hacemos valer el derecho que nos otorga la ley y los tratados internacionales para ejercer el derecho a la información, la libertad de prensa y de libre expresión”, finalizó.

Hasta el momento La Red no ha anunciado que vaya a recurrir a la justicia o iniciar acciones legales referente a este tema. Por su parte, el partido Convergencia Social envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando la vulneración a la libertad de expresión en Chile y solicitando su intervención en dicho tema.


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