Haciendo Memoria: Los casos de corrupción contra ME-O que ahora complican su candidatura presidencial

Siete años han pasado desde que Marco Enríquez-Ominami comenzó a ser investigado por casos de corrupción, que involucran a SQM y la constructora brasilera OAS. Hoy quiere postularse a La Moneda, mientras las indagatorias y procesos en Tribunales continúan.


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Este miércoles el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de la principal figura del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, resolviendo que fue “inconstitucional” quitarle el derecho a sufragio y que el Servicio Electoral (Servel) debe devolverle las facultades políticas que le fueron arrebatadas en noviembre pasado.

“¡Buenas noticias!”, tuiteó ME-O, apenas supo del fallo del TC. “Querían silenciarme y suspender la lucha que lidero fuera del sistema político establecido desde 2009. Hoy es un buen día para Chile y un buen día para la justicia. Hoy es un buen día porque finalmente puedo recuperar mis derechos civiles y políticos. ¡Adelante!”.

Sin embargo, no hay que cantar victoria tan pronto. El Servel tenía tres días para pronunciarse y, teniendo en cuenta las próximas inscripciones presidenciales del lunes 23 de agosto, la respuesta llegó inmediatamente horas después y con malas noticias para el líder del PRO.

El Servicio Electoral respondió al Tribunal Constitucional que no puede reincorporar a ME-O en el padrón de electores sino hasta después de la elección de noviembre, pues la ley establece que debe quedar auditado 140 días antes de una votación –o sea, el padrón de noviembre ya está listo y no puede ser modificado ahora–.

Una respuesta similar a la que el Servel entregó días atrás a Cristián Warner, asesor de ME-O, manifestándole que que no podía acatar la orden del Tribunal, pues el padrón ya se encontraba cerrado.

Marco estaba contra el tiempo. En variadas ocasiones había dicho que le gustaría estar en las próximas elecciones presidenciales, pero el Servel se la está poniendo difícil. El desafío de poder inscribir una candidatura presidencial el lunes 23 se veía casi imposible, pero el líder del PRO no se quedó con los brazos cruzados.

Los defensores de Enríquez-Ominami, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, solictaron el jueves al Tribunal Constitucional que se encarcele al director del Servel y que reciba una condena económica por no cumplir con lo ordenado por el TC.

El escrito demanda “multas y arrestos contra el director del Servicio Electoral (Servel), Raúl García”, argumentando que las penas que solicitan son porque “se negó a cumplir lo ordenado por S.S. Exma., señalando que sólo podría dar cumplimiento a la orden a partir del mes siguiente a la elección, privando, en consecuencia, a nuestro representado de su derecho a sufragio”.

Cabe recordar que Enríquez-Ominami fue inhabilitado para poder sufragar e inscribirse en candidaturas de elección popular, por la investigación que actualmente hay en su contra por fraude de subvenciones en el Caso OAS y la acusación que lo investiga por ser el presunto facilitador de la emisión de 38 facturas ideológicamente falsas a SQM Salar y Soquimich.

¿Pero cuáles son los delitos que se le imputan? ¿Qué determinación finalmente tomará el Servel? ¿Debería una persona que está siendo investigada por hechos de corrupción postularse a La Moneda? ¿Qué ha pasado hasta hora con la investigación? ¿Por qué en más de seis años no hay una condena? ¿Qué hay tras los casos OAS y SQM? Estamos Haciendo Memoria en Contracarga.

Donde hay casos de corrupción, está SQM

El Caso SQM –que involucró a casi toda la clase política en casos de corrupción y que nació bajo el alero del caso Penta en 2015– suma en octubre de 2016 a tres nuevos formalizados en el marco de boletas ideológicamente falsas y el financiamiento ilegal de campañas: el exgerente general de Soquimich, Patricio Contesse; el periodista y asesor de ME-O, Cristián Warner; y el propio Marco Enríquez-Ominami.

La investigación giraría en torno a las 36 facturas que se emitieron a nombre de SQM Salar para financiar la campaña de ME-O y que se realizaron a través de la empresa de Warner por un monto de $391 millones. Hasta ahí, todo claro. Sin embargo, la investigación tomaría otro camino cuando se acusa directamente a Marco Enríquez-Ominami.

Debate ME-O
Marcel Claude, Michelle Bachelet, Evelyn Matthei y ME-O en debate presidencial en 2013.

Al finalizar el verano de 2018, Contesse declaró ante los persecutores del caso y aseguró que el líder del PRO estaría implicado directamente en la emisión de las boletas ideológicamente falsas a SQM, pues personalmente se lo había requerido.

“Marco Enríquez-Ominami solicitó reunirse conmigo en la empresa. Yo lo recibí y él me solicitó apoyo financiero para su candidatura presidencial del año 2009. Yo accedí a lo solicitado”, detalla Patricio Contesse en el documento que publicó en exclusiva La Tercera sobre la declaración que el exgerente de Soquimich dio al fiscal Pablo Gómez.

“Marco me solicitó una cantidad determinada y negociamos el monto. Las conversaciones para financiar sus campañas políticas y para financiar el PRO, siempre fueron entre Marco y yo exclusivamente, nunca participó nadie más (…) cuando estábamos conversando, sobre los aportes, Marco me señaló que iba a utilizar las facturas de la empresa del señor Cristian Warner”, aseguraba Contesse.

«Si se hubiese hecho el juicio oportunamente, tendríamos una sentencia absolutoria. Sin embargo, por dilaciones innecesarias, no ha existido la oportunidad ni el derecho de poder acudir a un juicio oral, público y contradictorio.»

— Octavio Sufán, abogado de ME-O, en 2020.

Con este nuevo testimonio, en abril de 2018 el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, apuntando directamente a ME-O.

“Contesse miente”, tuiteó Enríquez-Ominami el mismo día que se enteró de la querella del SII. “Exijo un juicio para probar mi inocencia. Quiere salvarle el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio”.

Al mes siguiente, ME-O fue reformalizado como el facilitador y presunto responsable de emitir las 38 boletas ideológicamente falsas (36 a nombre de SQM Salar y 2 a Soquimich) por un monto superior a los $420 millones entre 2009 y 2014.

Al salir de la audiencia y ya alejado del mundo de la política en esa fecha, Enríquez-Ominami declaró: “He dicho muchas cosas, todas ciertas, y pido que la justicia, y confío en ella, opere (…) Creo que justicia que se demora, es justicia denegada, y es impropio algo que se demora ya casi tres años, pero bueno, así es. Estamos en otra etapa de nuestras vidas, no tengo mucho que decir. Sigo confirmando lo que ya he dicho antes”.

Luego del estallido, la figura del PRO vuelve a los medios y comienza, una vez más, a posicionarse políticamente, incluso con ansias de postularse por cuarta vez a la presidencia. Sin embargo, sus planes se arruinaron: el Servel lo inhabitó en noviembre de 2020, posterior al plebiscito por una Nueva Constitución.

“Agotaré todas las instancias nacionales e internacionales para que nunca más en Chile se vulneren las garantías políticas y constitucionales de ningún ciudadano. Es una flagrante violación a los DD.HH. privar del derecho a voto a personas que no han sido condenadas”, manifestó en su cuenta de Twitter al enterarse de que le habían quitado derechos ciudadanos.

Su abogado, Octavio Sufán, manifestó en esa época que a su representado debía presumírsele como inocente, pues así lo determina la ley. “Si se hubiese hecho el juicio oportunamente, tendríamos una sentencia absolutoria. Sin embargo, por dilaciones innecesarias, no ha existido la oportunidad ni el derecho de poder acudir a un juicio oral, público y contradictorio”.

Hoy, además de esperar la decisión del TC sobre su petición de encarcelar al director del Servel, Marco Enríquez-Ominami también espera el juicio por el caso SQM, que lleva seis años siendo investigado. Casi el mismo tiempo que esperó para el juicio del Caso OAS, que comenzó en junio pasado y que lo involucra, otra vez, en hechos de fraude.

El famoso avión de OAS

Corría el año 2013, cuando Marco Enríquez-Ominami viajaba por Chile a bordo de un avión privado –el jet Cessna 525– haciendo campaña para llegar a La Moneda.

Fue precisamente ese mismo avión la manzana de la discordia en el caso que hoy lo tiene en un juicio por fraude de subvenciones y que involucra a la empresa constructora brasileña OAS, condenada por casos de corrupción tanto en Perú como en Brasil.

Preparándose para la dura competencia que se le avecinaba en la campaña presidencial del 2013, Marco Enríquez-Ominami viajó a Sao Paulo, junto a Warner, para contratar los servicios de asesoría de marketing electoral de José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, más conocido como Duda Mendonça, uno de los publicistas políticos de mayor relevancia en la región.

Ambos viajaron en un avión privado (el jet en cuestión) de la empresa Taxi Aereo Piracicaba; transporte que había sido contratado por dos altos ejecutivos de la constructora brasileña OAS.

Luego de llegar en 3º lugar y obtener solo el 10,98% de los votos en la elección presidencial, La Tercera emite un reportaje denunciando que el avión que ocupó Enríquez-Ominami para recorrer el país, en más de 80 viajes, no se encontraba rendido en los gastos que había presentado al Servel y que resultaba ser el mismo que OAS había contratado para que meses atrás se reuniera con Mendonça.

Acá comienza una seguidilla de contradicciones. Por un lado, el vocero del PRO, Camilo Lagos, afirmaba que el avión se encontraba dentro del paquete de servicios que habían contratado a la agencia de Mendonça, asegurando que todo se había pagado a través de una factura emitida por Cono Sur Research Spa por más de $170 millones y que se encontraba incluida en la rendición ante el Servel bajo el rótulo de “asesoría y consultoría análisis y diseño de marketing”.

Sin embargo, el Servel manifestó que en la rendición nunca se mencionaba un avión, y el mismo ME-O tuvo que salir a dar explicaciones y afirmar que la omisión del avión privado en la rendición ante el Servicio Electoral se debió a una “desprolijidad”.

Pero Canal 13, viajó a Sao Paulo para dilucidar el misterio y logró dar con el paradero de un excolaborador del publicista brasileño, quien aseguró que el avión privado había sido arrendado por el propio Enríquez-Ominami y no por la agencia de Duda Mendonça, negando que el avión venía dentro de los servicios que se entregaron para la campaña.

Tratando de encontrar quién era el verdadero arrendador de ese transporte, Canal 13 recurre a la empresa Taxi Aereo Piracicaba, pero no obtienen una respuesta favorable.

En 2017, la fiscal a cargo de este caso, Ximena Chong, viajó a Sao Paulo para entrevistarse con Pinheiro, expresidente de OAS, para que entregara información sobre el avión que ME-O dispuso por tres meses en Chile para realizar su campaña electoral. Sin embargo, él prefirió mantenerse en silencio.

Durante la audiencia de preparación del juicio oral, en septiembre de 2019, la fiscal Chong imputó a Marco Enríquez-Ominami por el delito de fraude de subvenciones durante su campaña de 2013 y a su asesor, el periodista Cristián Warner, por delito tributario por dos facturas que su empresa, Cono Sur Reaserch Spa, emitió a OAS.

Recién en junio de este año comenzó el juicio oral contra ME-O y su asesor, acusados de delitos tributarios y fraude al Fisco. “Hoy mi café está más dulce. Después de 7 años, comienza el juicio en el que podré defenderme ante jueces imparciales y con un juicio justo”, tuiteó la figura del PRO en su cuenta de Twitter luego de asistir a la primera audiencia de este caso que se extenderá por tres meses.

Por su parte, el Tribunal Constitucional revisará en pleno la petición de los abogados de ME-O recién el 24 de agosto, para decidir si fallan a favor o en contra del arresto del director del Servel. Sin embargo, el Servicio Electoral se adelantó y a solo horas del día en que los postulantes inscribieran sus candidaturas presidenciales, emitió una declaración.

El comunicado del Consejo Directivo del Servel, publicado el domingo 22 de agosto en la tarde, informó que “ha resuelto que se acate la sentencia del Tribunal Constitucional ya mencionada y que se incorporen al Padrón Electoral como habilitados para sufragar a las ocho personas afectadas en el proceso penal RUC N 1800604602-5, RIT N°4933-2018”.

Así, el mismo domingo a las 9 de la noche, Marco Enríquez-Ominami recupera sus derechos ciudadanos y logra sumarse a la competencia por llegar La Moneda. Se Separa de Unidad Constituyente y de Yasna Provoste, pero llamando a la unidad de la izquierda.

La decisión del Servel hasta ahora no ha impedido que la querella interpuesta por ME-O al director del Servicio Electoral quede en nada. La demanda continúa, como también siguen las investigaciones en su contra por los casos SQM y AOS.

Con sus derechos políticos de vuelta, ahora ME-O enfentará a la ciudadanía en las urnas, y también a la justicia cuando termine el juicio oral por fraude de subvenciones y delitos tributarios.

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