Camino a La Moneda: las propuestas de Marco Enríquez-Ominami
Marco Enríquez-Ominami, candidato del Partido Progresista (PRO), postula por cuarta vez consecutiva a la Presidencia de la República, tras haber participado en 2009, 2013 y 2017. A continuación detallamos sus principales propuestas en educación, salud, pensiones, vivienda y medioambiente.

- noviembre 17, 2021
Nombre: Marco Enríquez-Ominami Gumucio
Edad: 48 años
Profesión: Cineasta y licenciado en Filosofía
Estado civil: Casado
Religión: Deísta
Slogan de campaña: El cambio es hoy
Nº en la papeleta: 6
Fortalecer la educación pública y bachillerato universal
El postulante a La Moneda del PRO propone en su programa el “fortalecimiento inmediato de la Educación Pública y Educación Superior del Estado”.
Y dentro de las medidas urgentes para el sistema estatal de educación superior, ME-O apunta a disponer de un fondo basal especial de financiamiento para las universidades del Estado, que les permita continuar prestando su servicio académico y desarrollando labores de ciencia e investigación para el combate de la pandemia.
Aumentará los fondos basales en la Ley de Presupuestos, para que compensen los menores ingresos registrados por las universidades en 2020 y 2021.
Siguiendo la misma línea, el candidato plantea la creación de un Bachillerato Universal, en el que se acceda a la educación superior considerando las calificaciones de enseñanza media, de primero a tercero medio, para el proceso de ingreso 2022. La coordinación del Consejo de Rectores y el Consorcio de Universidades del Estado es clave para llevarlo a cabo.
“Permitiría a las universidades generar indicadores de retención más altos que los que se lograron el 2020 y los que se alcanzarán durante el año académico 2021, reduciendo también los niveles de frustración de estudiantes y entregaría equidad en el ingreso a la educación superior”, se lee.
Aumentar el presupuesto de salud pública
“La actual emergencia sanitaria, producto de la pandemia, se ha encontrado con el sistema de salud público debilitado, desfinanciado, desintegrado: es un reflejo claro del modelo de sociedad basada en el individualismo, en la que convergen la cesantía, el consumismo y el miedo, donde el mercado de la salud lucra con fondos públicos y no existe Seguridad Social”, detalla el programa del candidato.
Dentro de las medidas inmediatas, ME-O propone aumentar el presupuesto para el sistema público e invertir en el mismo sistema (intra-sistema) evitando así el traspaso de recursos públicos al privado. No especifica más que eso.
Existen dos subtítulos preponderantes en su programa. Uno de ellos, es la necesidad de enfrentar los abusos de las licencias médicas para lo cual, según se señala en el documento, se busca ampliar la visión, ya que hoy tienen una doble lectura: el derecho a trabajar y el derecho a la salud. “Para las isapres, se trata de un contrato privado”.
Entre sus medidas más relevantes está el garantizar la continuidad salarial del trabajador o trabajadora, traspasando la responsabilidad del pago de la licencia médica al empleador. Se considera necesario mejorar y aumentar la capacidad resolutiva de la comisión médica de la Compin.
También, aborda una mejora en la transparencia del sistema. “Todo aporte de fondos públicos que sean destinados a las isapres tienen que ser fiscalizados a través del ente regulador (la antes indicada contraloría), conjuntamente con la realización periódica de auditorías médicas y análisis contables”.
El otro subtítulo central es el garantizar el derecho a los fármacos. Propone aumentar el presupuesto para el sistema público de salud en general, el per cápita a $10 mil, de manera de potenciar la labor que se desempeña en el sistema. También apunta a que la Central de Abastecimiento (Cenabast) debe garantizar el abastecimiento y retomar el rol tanto de almacenamiento y distribución como de fabricación.
Nuevo sistema de seguridad social
La principal medida en materia de pensiones del candidato del PRO es eliminar el actual sistema y crear un Sistema Nacional de Seguridad Social, el cual tenga como eje central “garantizar una pensión suficiente para una vida digna a toda la población de adultos mayores”.
Enríquez-Ominami propone un sistema de seguridad social que cumpla con cuatro criterios básicos. El primero es que en este sistema “todas y todos deben estar cubiertos y recibir una prestación”; segundo, que este “debe ser suficiente y adecuado para cubrir las necesidades básicas para una vida digna”; tercero, que el sistema sea “sostenible puesto que debe proyectarse en el tiempo tanto financiera como socialmente”; y cuarto, la solidaridad donde “todas y todos participemos en el sistema y nos protegemos los unos a los otros”.
Sobre el cuarto criterio, se plantea que cuando habla de solidaridad se refiere a la “solidaridad intergeneracional (nosotros los activos ayudamos a los que están pensionándose ahora) y la solidaridad intrageneracional (los más beneficiados ayudamos a los más desfavorecidos)”, además del apoyo entre los distintos actores que participan en este sistema: empleadores, Estado y trabajadores.
Para lograr poner en marcha el sistema de seguridad social, Enríquez-Ominami propone establecer un Sistema Mixto Multipilar, con un componente no contributivo, un componente solidario y un componente complementario.
“El primer componente es un piso de protección social no contributivo y que se financia con rentas generales del Estado (…) Es un beneficio social universal fijo”, expresa el programa. El segundo componente se trata de un mecanismo de reparto con incentivos por reportar, identificar, participar y aportar al sistema de seguridad social: “Si contribuyo un año tengo un 2,5 % de mi sueldo final; si contribuí 20 años, tengo 50% y si contribuí 40 años, un 80%, y así va aumentando”.
El tercer componente (complementario) es un sistema de ahorro voluntario para los que quieran aumentar sus pensiones. En este lugar es donde Enríquez-Ominami plantea que podría existir un espacio para el funcionamiento de las actuales AFP o, en su defecto, para “administradoras generadas por entidades gremiales o de profesionales”.
Banco de suelos y un Estado constructor de viviendas
Las principales propuestas en materia de vivienda en el programa del candidato progresista están enfocadas en el fortalecimiento de la institucionalidad y la construcción de un Banco Público de Suelos –se entiende que con terrenos de más órganos del Estado que el actual–.
Según su programa, ME-O busca que “el Estado restablezca sus capacidades institucionales como agente constructor de viviendas, a través de una empresa o un servicio de carácter nacional y descentralizado de construcción” y que “sea agente coejecutor de proyectos habitacionales público–privados, similares a la experiencia de países OCDE”.
Con respecto a la construcción de un Banco Público de Suelos, el postulante a La Moneda propone que el Estado disponga en forma gratuita la propiedad fiscal. Esto, cuando sea necesario para la construcción de viviendas para familias socialmente vulnerables o clase media emergente, o para proyectos de integración social.
Plantea en la misma línea que “el Estado aumente sus facultades para incrementar el suelo disponible para vivienda, a través de la compra directa de suelo a privados o través de la expropiación en términos justos para el particular”.
Mayor financiamiento a la ciencia y apoyo a investigadores
“Proponemos que un futuro Gobierno Progresista asuma como responsabilidad inmediata la suscripción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el ‘Acuerdo de Escazú’”, especifica su programa como primera medida medioambiental. Luego se trabajará por una reactivación sustentable de la economía, esto quiere decir que el “crecimiento (económico) debe garantizar la inclusión y la sustentabilidad”, garantizando “un desarrollo sostenible, la promoción de formas verdes de producción y consumo, el enfrentamiento consistente del cambio climático y la protección de la biodiversidad”. También velará porque la ciudadanía tenga acceso a la información ambiental que tienen las autoridades, fomentará la participación ciudadana en la toma de decisiones con impacto en materia ambiental, mejorará el acceso a la justicia en asuntos ambientales y asegurará la defensa de los derechos humanos de los activistas medioambientales que han sido hostigados y perseguidos por años. Adicionalmente, promulgará una nueva Ley de Bosque Nativo, una ley más fuerte, ágil y con mejor financiamiento; garantizará la protección de los humedales, asegurará el agua como bien común y espera que la Nueva Constitución la reconozca como un derecho humano; y protegerá a la agricultura familiar campesina e indígena para que sigan produciendo alimentos en forma sustentable, de forma segura, justa y sana, a través de sistemas agroecológicos. Finalmente, propone aumentar el presupuesto anual para la ciencia al 1% del PIB, desarrollar una política de ciencia descentralizada y enfocada en las regiones, y crear un mecanismo de carrera del Investigador desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) para que no dependa de fondos concursable, fortaleciendo así a la entidad pública que desde el 2020 pasó a reemplazar a la antigua Conicyt.
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