#NoADominga: La aprobación de un proyecto extractivista explicada

Esta semana la COEVA de Coquimbo aprobó el proyecto minero-portuario, pasando a llevar a la comunidad local, científica, medioambiental y a pescadores artesanales de la zona. Acusan lobby de Andes Iron y la Corte Suprema aún no dicta sentencia.


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Con 11 votos a favor y uno en contra la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobó el proyecto Dominga de la empresa Andes Iron SpA, ligada a la familia de Carlos Alberto “Choclo” Délano, amigo de Sebastián Piñera y condenado por el caso Penta.

Decisión que se toma a sólo dos días de la publicación del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que alertó sobre el avance acelerado del calentamiento global, el aumento de fenómenos climáticos extremos a raíz de lo mismo y que estos cambios irreversibles son responsabilidad de la acción humana.

El documento, que revisó más de 14 mil artículos científicos y que contó con la participación de 234 expertos de 66 países, posiciona a Chile como un país vulnerable frente a los cambios climáticos.

Nuestro país va camino a la aridez. Según el informe, el responsable en un 25% de las bajas precipitaciones en los últimos cincuenta años en el Altiplano y la zona central de Chile es la influencia humana y aún seguimos sin tomar decisiones concretas.

Para eso, el IPCC da directrices para evitar a futuro una catástrofe climática. Debemos ocuparnos ahora es la consigna. Producir cada vez menos gases de efecto invernadero y disminuir las concentraciones de CO2 que han seguido aumentando considerablemente en la atmósfera.

Según el informe de la ONU, desde el 2011 los gases de efecto invernadero han aumentado de manera sostenida y acelerada. Precisamente en 2019, las mineras en Chile “registraron emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por un total de 16.366 mil toneladas de CO2 equivalente”, siendo el 38,2% emisiones directas de la minería y un 61,8% de emisiones indirectas de GEI”, según el informe Emisiones GEI en la minería del cobre al año 2020 de la Dirección de Estudios de Cochilco.

En este contexto, se aprobó Dominga, un megaproyecto minero-portuario de extracción de hierro y cobre, que acabaría con el ecosistema del archipiélago de Humboldt, donde hoy se encuentran animales protegidos y es uno de los pocos lugares del mundo donde el pingüino de Humboldt anida.

Cuando se le preguntó a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en un enlace televisado en directo sobre la aprobación de la COEVA, dijo que no se podía “pronunciar sobre ningún proyecto que esté en evaluación”, acusando que por ser la presidenta del Consejo de Ministros no podía referirse a este tema.

Si la propia ministra del Medio Ambiente no puede manifestarse sobre la aprobación de un proyecto que según los estudios de impacto ambiental afecta justamente al medio ambiente, ¿qué autoridad debe hacerlo? ¿A quién le corresponde, entonces, responder las dudas frente a este tema?

Son muchas las preguntas que aún quedan sobre la implementación de un proyecto que lleva casi ocho años de peleas judiciales entre Andes Iron SpA, la comunidad científica, los pescadores artesanales y la propia comunidad local.

¿Qué señales se envían cuando se aprueba un proyecto como “Dominga” en medio de un informe lapidario sobre el cambio climático? ¿Por qué se reunió la COEVA antes de la resolución de la Corte Suprema sobre una reclamación que realizaron en contra de la decisión del 1º Tribunal Ambiental de Antofagasta? ¿Quién es el señor Délano? ¿Esta votación fue efectivamente a favor del progreso o es un favor político que se debía? Este es el Explicado del Proyecto Dominga y su polémica aprobación.

¿Qué es Dominga?

“Somos un proyecto minero portuario ubicado en la Región de Coquimbo, cuyo yacimiento está ubicado a 16 km al norponiente de la comuna de La Higuera, donde se encontrarán la planta, los dos rajos, el depósito de estéril y el depósito de relaves espesados”, dice la página web de la iniciativa.

Según el mismo portal, la planta se conectará con el terminal de embarque en el borde costero a través de tres ductos subterráneos de 26 km que llevarán agua y hierro. Habrá un terminal de embarque en Totoralillo Norte, donde se acopiará, filtrará y embarcará el concentrado de hierro, mediante correas transportadoras cerradas, generando empleo, fomentando el emprendimiento y llevando progreso a la zona.

Dominga
Modelo del proyecto Dominga.

Prometen activar el sector productivo de la región. En su construcción proyectan generar más de 10 mil empleos directos y cerca de 25 mil indirectos, mientras que durante la operación del proyecto esperan crear 1.500 puestos de trabajo directos y 4 mil indirectos.

Además, aseguran que mediante la firma del Acuerdo Marco, compartirán las ganancias con todos los habitantes de la comuna a través de un traspaso directo de fondos para financiar proyectos con valor social y económico.

Sin embargo, lo más importante es el cuidado, preocupación y preservación del medio ambiente. Alertados por la escasez hídrica de la zona, entregarán (sin especificar cómo) 5 litros por segundo de agua desalinizada a la comuna de La Higuera, crearán un Centro de Investigación Científica independiente y autónomo para profundizar el conocimiento marino, conservarán 7.625 hectáreas de vegetación y velarán por que la ruta marina de sus barcos proteja la reserva del pingüino de Humboldt.

«Este proyecto es nefasto para uno de los ecosistemas más ricos e importantes del mundo y puede significar transformarlo en una nueva zona de sacrificio en Chile.»

— Matías Asún, director nacional de Greenpeace en Chile.

Un proyecto que, dicen, está pensado para que la comunidad local surja, para que se siga cuidando el medio ambiente, para cuidar de mejor manera nuestros recursos naturales y para darle un valor adicional a la comuna de La Higuera.

“Dominga” parece ser un proyecto pensado con la comunidad local y para la comunidad local, dicho así. Sin embargo, si es una iniciativa tan buena, beneficiosa y positiva, ¿por qué tiene tantos detractores? ¿Será cierto todo lo que prometen y proyectan? ¿O deberíamos ser más desconfiados? ¿Quiénes están en contra?

No a Dominga

Desde que Andes Iron SpA tuvo intenciones de situarse en La Higuera y el Archipiélago de Humboldt con su megaproyecto minero que agrupaciones medioambientales y científicas, más los pescadores artesanales de la zona y algunos habitantes locales, se han manifestado en contra de su ejecución con la consigna “No a Dominga”.

Ya en 2017, la organización internacional Oceana manifestaba su preocupación. Mediante un video titulado ¿Qué dicen los científicos sobre Dominga?

Ahí el doctor en Ciencias Naturales, Guillermo Luna, aseguraba que “el 80% de los pingüinos de Humboldt nidifican en esta zona”, mientras que el biólogo y máster en Ciencias, Juan Capello, manifiesta que donde pretende situarse la minera “probablemente sea la zona más rica conocida en estos momentos en Chile de aves marinas y de mamíferos marinos”.

Sin embargo, lo más preocupante es que donde tendría mayor influencia el proyecto Dominga es donde se encuentran varias especies de aves y mamíferos, como “el piquero, el junco, el pingüino y otras especies de gaviotines que tienen sus principales áreas de alimentación aquí”, agrega Luna.

Por su parte, Greenpeace Chile también ha manifestado su preocupación. Matías Asún, director nacional de la ONG en nuestro país, expresó en una entrevista que las propuestas no deberían “transformar la riqueza del país en cenizas ni transformar la riqueza única de la biodiversidad de esa zona en una zona de sacrificio”, aclarando que el problema no es que las distintas agrupaciones se opongan a todo tipo de progreso, sino que “uno no pone una discoteque en una sala de maternidad. Uno no hace una mina encima de un reserva”.

Por su parte, la organización Oceana Chile en su página web, acusa de lobby por parte de Andes Iron, calificándolo como una “maniobra desesperada” por parte de la minera.

Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la organización, aclara que aprobar este proyecto es “hipotecar uno de los ecosistemas más ricos e importantes del mundo”.

“Nos parece que es poco razonable la maniobra que están llevando adelante”, afirma Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA y abogado de la Alianza Humboldt. “No corresponde que se haga esta votación mientras estén pendientes los recursos de casación ante la Corte Suprema”.

Y Asún agrega: “Este proyecto es nefasto para uno de los ecosistemas más ricos e importantes del mundo y puede significar transformarlo en una nueva zona de sacrificio en Chile, a pesar de haber sido estudiada por la ciencia de manera extensiva y que se ha concluido que este lugar es irremplazable”.

La Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama), emitió un comunicado en que especifican que esta decisión “devela la crisis de legitimidad ciudadana del proceso de evaluación ambiental”, esperando que a futuro “se reduzca la intromisión política en la evaluación”.

Desde la Federación aseguran que “se hace más impresentable cuando el mismo informe del IPCC hace hincapié en que la protección de las áreas protegidas es una medida imprescindible para sostener la biodiversidad marítima y terrestre”.

Por su parte, las convencionales de Modatima Carolina Vilches (D6) y Cristina Dorador (D3) manifestaron su rechazo a la aprobación de la COEVA, aclarando que la decisión “pone en riesgo el patrimonio de la biodiversidad y a más de dos mil personas y sus empleos en la comuna de La Higuera. Creemos que es impresentable que cuando se esta dando un debate constitucional para construir una constitución ecológica, se apruebe y se ponga por encima el extractivismo”.

La abogada de la ONG FIMA y representante de los pescadores artesanales de Los Choros, Antonia Berríos, calificó la aprobación como “una decisión difícil de entender”, asegurando que “cualquier Gobierno que mire la ciencia tendría que haber optado por una decisión distinta”.

Mientras que los profesionales de la CONAF y quienes fueron los que trabajaron en las diversas etapas de la evaluación ambiental del proyecto Dominga, declaran que, contrario a los fundamentos esgrimidos por el ministro de Agricultura ante la COEVA, “señalamos que dichos argumentos JAMÁS estuvieron avalados por el cuerpo de profesionales de la institución, quienes en todo momento hicieron ver las graves falencias detectadas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.

Asimismo, denuncian que la misma autoridad en cuestión aprobó el proyecto “otorgándole sustentabilidad ambiental”. Sin embargo, la CONAF especificó que “no es ambientalmente sustentable y, por el contrario, impacta irreversiblemente la viabilidad de las especies y ecosistemas en régimen de conservación”.

El inicio de un largo camino por Tribunales

El 13 de septiembre de 2013, el proyecto Dominga ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para ser examinado y ver si el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la propia minera se aprueba y tiene luz verde para ser implementado.

Por casi tres años y medio, el EIA pasa por exhaustivos procesos de prueba, hasta que en febrero de 2017, el SEIA emite un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en el que recomienda que se apruebe el proyecto porque cumple con la institucionalidad ambiental vigente en el país. Sin embargo, el 9 de marzo del mismo año, la COEVA de Coquimbo rechaza el proyecto “Dominga” con 6 votos a favor y 6 en contra, debiendo dirimir el intendente de la época, Claudio Ibáñez.

“La proposición que hace en términos ambientales de compensación o reparación no son apropiadas ni suficientes para asegurar, como es debido, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conversación del patrimonio ambiental consagrados en la Constitución Política de la República. Por ello, mi voto es en contra”, expresó el exintendente PPD.

dominga pingüino de Humboldt
Pingüinos de Humboldt. NYRKX

Ante esta decisión, el 2 de mayo de ese mismo año, Andes Iron apela y decide comenzar un camino por Tribunales que perdura hasta el día de hoy. Interpone un recurso de reclamación administrativa ante el Comité de Ministros, para que este grupo deliberara si efectivamente había que aprobar o rechazar el proyecto.

Tres meses después, el Comité de Ministros se reúne y rechaza el EIA, al igual que la COEVA de Coquimbo, porque “el proyecto presenta deficiente información de la línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación, compensación y reparación”.

“Como ministro de Medio Ambiente creo firmemente en el desarrollo”, expresó el entonces jefe de la cartera, Marcelo Mena. “Pero esto no puede ser a costa del patrimonio ambiental ni causar riesgos a la salud de las personas”.

«Lo correcto era que hoy no se votara Dominga y se esperaran los dictámenes de la Corte Suprema.»

Krist Naranjo, gobernadora regional.

Luego de este rechazo rotundo por parte del gobierno de Michelle Bachelet, Andes Iron presenta un recurso de reclamación ante el 1º Tribunal Ambiental de Antofagasta –con jurisdicción en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo–.

Según la minera, la determinación del Comité de Ministros había sido ilegal, ya que los secretarios de estado que fueron citados no contaron con el tiempo necesario para revisar el EIA de Dominga, como aseguró el mismo ministro de Economía, Luis Felipe Cespedes, luego de abstenerse.

El Tribunal admite el recurso de Andes Iron y el 24 de enero de 2018 comienzan los alegatos por reclamación, debiendo viajar incluso a la región de Coquimbo los días 7, 8 y 9 de febrero para que los ministros del tribunal hicieran un reconocimiento terrestre, marítimo y aéreo de la zona.

El 12 de febrero, el 1º Tribunal Ambiental de Antofagasta suspende el proceso de sentencia e informa que abrirá un proceso de conciliación –algo inédito en materia de reclamación ambiental– en que juntará a ambas partes para que lleguen a un acuerdo y fija la audiencia para el 14 de marzo, fecha en que se encontraría vigente el nuevo Gobierno.

Cambio de Gobierno, pero la ruta en Tribunales continúa

Con la investidura de Sebastián Piñera y la llegada de su sector a La Moneda, las cosas no cambiaron mucho para Andes Iron. Tanto el Gobierno saliente como el entrante no estaban dispuestos a participar de una conciliación, convencidos de que debería ser el Tribunal quien sentenciara una resolución.

Así lo dejó en claro la primera ministra de Medio Ambiente del segundo gobierno de Piñera, Marcela Cubillos, quien manifestó el mismo 14 de marzo, mediante un escrito y a través de la abogada del SEA, Yordana Mehsen, que no asistiría a la audiencia de conciliación.

“Creemos necesario un fallo del Tribunal sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación entre las partes que puede, en definitiva, terminar agregando más incertidumbre a todo el proceso”, decía el escrito, solicitando al tribunal que dé curso al procedimiento y dicte la correspondiente sentencia.

De esta manera, el 1º Tribunal Ambiental de Antofagasta se vio obligado a sentenciar y el 27 de abril ordena que el proyecto vuelva a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, estimando que el rechazo en dicha instancia no cumplió con las formalidades y debe “ajustarse a derecho”.

Con el propósito de revertir la decisión del 1º Tribunal Ambiental de Antofagasta; organizaciones de pescadores, científicas, medioambientales y personas particulares presentaron seis recursos de casación ante la Corte Suprema.

Por su parte, el 26 de septiembre la Corte Suprema rechaza las reclamaciones de Andes Iron, que acusaban vicio en la tramitación de reclamaciones administrativas y el pronunciamiento del Comité de Ministros, obligando al Tribunal Ambiental referirse sobre estos temas, volviendo a la misma etapa que se encontraba hace un año.

Finalmente el 16 de abril de este año, el 1º Tribunal Ambiental de Antofagasta, conformado por los ministros Juan Opazo, Fabrizio Queirolo y Jasna Plavich, resolvió acoger la reclamación judicial interpuesta por la empresa Andes Iron en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo del proyecto minero Dominga.

De esa manera, la COEVA de Coquimbo se reunió esta semana para votar, una vez más, el EIA de “Dominga”. El resultado ya lo conocemos. Por 11 votos a favor, se aprobó el proyecto minero-portuario con la participación de los seremis de la región y el actual delegado presidencial, todos elegidos a dedo por el presidente.

La gobernadora regional Krist Naranjo, quien no tuvo acceso a la votación del proyecto, manifestó en la cuenta oficial de Twitter de la Gobernación: “Lo correcto era que hoy no se votara Dominga y se esperaran los dictámenes de la Corte Suprema”.

A la fecha la Corte Suprema aún no se manifiesta sobre los seis recursos de casación presentados en septiembre de 2018 que pedían revertir la decisión del 1º Tribunal Ambiental de Antofagasta, impidiendo que la COEVA volviera a reunirse y votar.

Algunas agrupaciones denuncian que hubo lobby por parte de Andes Iron SpA por apurar la votación de EIA y así invalidar la decisión de la Corte Suprema. Sumado a la preocupación por parte de la empresa minera para que el proyecto se votara durante este Gobierno, principalmente, por los lazos de amistad que hay entre Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano.

Bonus: el “Choclo” Délano

Y por su puesto no podemos dejar de lado a la cabeza de este mega proyecto: el señor Carlos Alberto Délano. “Un reconocido empresario chileno, con vasta experiencia en la industria aseguradora, previsional y de la salud, en la cual ha desarrollado, liderado y creado productos y servicios, de la mano con el desarrollo del país”, detalla la página web que lleva su nombre y que lo destaca por ser el fundador del grupo Penta, de la Universidad del Desarrollo, de Azul Azul S.A. y el director durante cuatro años de la Fundación Teletón.

Pero más allá de toda sabiduría empresarial y logros corporativos, Délano junto a su socio de la vida, Carlos Eugenio Lavín, han sabido convertirse en uno de los grupos económicos más influyentes del último tiempo. Y no por sus exitosos conocimientos en los negocios, sino que por sus escándalos tributarios, como el financiamiento irregular a la política chilena y el fraude al Fisco de las empresas Penta.

Es amigo de Sebastián Piñera desde que estudiaron juntos en la Universidad Católica. Han viajado por el mundo con sus familias, se han acompañado en los peores momentos, se visitan y asisten a celebraciones familiares, e incluso, se prestaban ropa. Una amistad de más de 50 años.

En octubre del 2014, el SII presenta una denuncia por delito tributario en contra de los representantes legales de las sociedades Empresas Penta S.A., entre ellos el “Choclo” Délano”, por el uso indebido de boletas de honorarios y la emisión de las ya famosas facturas ideológicamente falsas, con también la disminución de base imponible en impuestos de primera categoría por servicios que nunca fueron realizados.

Cinco meses después, el SII denuncia formal y exclusivamente a Délano junto a trece personas por la emisión de facturas ideológicamente falsas. Entre las trece personas denunciadas se encontraba su socio, cinco de sus hijos y su hermana.

A finales de marzo del 2015, la investigación abarcaba más empresas de Délano, y durante esa fecha se aprueba ampliar la querella por soborno y lavado de activos que había interpuesto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de las empresas del “Choclo”. La ampliación suma en la querella a Penta S.A., Inversiones Penta 3 Ltda., Inversiones BanPenta Ltda. y Andes Iron SpA, la misma empresa que dirige el proyecto Dominga.

Mientras ocurría esto, Délano y su socio se encontraban recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, por estar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, dictada por el juez Juan Manuel Escobar, durante los 120 días que durara la investigación. Sin embargo, Délano solo estuvo 47 días en el recinto penal de la calle Pedro Montt.

El 27 de abril cambiaron las medidas cautelares, tanto para Délano como para su socio, quedando ambos con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Cabe mencionar que el Anexo Capitán Yáber cuenta con una capacidad máxima para 15 personas y que dentro de los lujos del lugar, como lo detallaba la prensa de la época “los reclusos podrán realizar actividades recreativas tales como jugar pool, hacer ejercicio y ver televisión”.

Finalmente, Délano es condenado por delitos tributarios, con una pena de 4 años de libertad vigilada intensiva, una multa de 857 millones 84 mil 267 pesos y las cuestionadas “clases de ética”: un programa formativo de 33 clases sobre ética en la dirección de empresas, que realizaron en la Universidad Adolfo Ibáñez.

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