Respecto a las actividades no contempladas en el viaje de estudios que acusan los alumnos, como salidas nocturnas, Parisi se defendió, señalando que los mismos estudiantes se lo habrían solicitado y que incluso le habrían pedido dinero prestado durante su estadía en Santiago. “Soy cariñoso con todos, desde los perros hasta los abuelos. Tengo que tener más cuidado con ser cariñoso”, señalaba.

Y al ser consultado respecto a una posible candidatura en 2017, Franco Parisi afirmaba “hay un equipo trabajando. No te lo aseguro, pero sería lindo volver a competir”. Bueno, no fue en 2017, pero sí será en noviembre de 2021 su segundo intento de llegar a La Moneda.

Parisi y la estafa relacionada al “edificio sin ley”

Esta polémica comenzó el 10 de julio de 2019 para ser exactos. Ese día, el economista comunicó su interés de hacer negocios con MBI Inversiones, donde buscaba a través de la inmobiliaria Royal SpA el financiamiento para la compra de un edificio en construcción ubicado en La Cisterna.

Casi dos años después, Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA –filial de MBI Inversiones– se querelló contra Parisi por delitos de estafa y lavado de dinero. De acuerdo al documento, Parisi y el resto de los querellados armaron un “ardid” para burlar al fondo que administra activos por más de US$1.000 millones, es decir, más de $783 billones.

El denominado “edificio sin ley” en ese entonces estuvo durante semanas en el ojo de los medios de comunicación al ser blanco de peleas y balaceras. Según la querella, Franco Parisi y Mauricio Lizana, representante de Royal Real Estate, convencieron a la administradora de sumarse al negocio entendiendo que su aprobación era fundamental.

Royal SpA había suscrito un contrato para la compra del inmueble con la inmobiliaria Habitage Ceppi SpA, pero no contaba con los fondos para ello. MBI Inversiones llevó adelante el negocio debido a que Parisi se había transformado en un actor público relevante tras su candidatura a la Presidencia en 2013, había desarrollado una carrera académica de gran prestigio y contaba con una empresa operativa vista por sus propios ojos.

El incumplimiento al contrato no sólo radica en el no pago de mensualidades ($60 millones) sino que, además, no permitieron el ingreso al edificio de los mismos ejecutivos de MBI Inversiones. Franco Parisi y Mauricio Lizana desaparecieron, dejando a un primo del político a cargo de la administración del edificio.

“El propósito era no tan sólo asegurar la estafa que se estaba fraguando, sino también intentar ya no solo convencerlos de participar financiando el proyecto Rivne, sino que también otro, de nombre Elena, como da cuenta el correo electrónico del 4 de octubre de 2019 de Mauricio Lizana a Alfredo Prieto, donde señala que estamos listos para firmar, haciendo referencia a sí mismo y a Parisi”, detalla MBI Inversiones en la querella.

Y acota: “El querellado Parisi, que había sido el promotor principal, la cara visible, que había liderado todas las conversaciones y conseguido el consentimiento de Michael Wallace y Alfredo Prieto, a nombre de Cerro Colorado, desapareció de la escena una vez que el contrato entre Cerro Colorado y Royal había comenzado su vigencia”.

Y así ocurrió un cambio de actitud drástico. “Ya no hay disponibilidad para reunirse. Atrás habían quedado las relaciones de confianza, al señalar que todo debía ser tratado a través de los abogados (de Royal)”.

Lo cierto es que el perjuicio ocasionado asciende a $12.520 millones, tras no producirse pago alguno, sin cumplir las obligaciones descritas en el contrato y haberse dado a la fuga aparentemente al extranjero, dice la acción judicial.

Y no es todo. Se acusa que en febrero de 2020, luego de que Parisi y Lizana tomaron el control del edificio, habrían creado una organización criminal para operar al interior y administrar el inmueble, liderada con el primo del economista, Luis Moraga Parisi y José Mansilla.

“De ellos dependen dos sujetos de nacionalidad venezolana: Jonathan Bravo, conserje encargado de la “seguridad y cobrador”, y Derwin Bravo, encargado de la recaudación y cobranza de los dineros de los subarrendadores. El esquema de la organización criminal, orientada al cobro de los dineros en efectivo por las rentas de subarrendamiento, siendo un delito de lavado de dinero”, señala el documento.

Además, se estarían registrando una serie de hechos delictuales que no serían controlados por la administración como disparos al aire, amenazas, venta de alcohol, agresiones a los residentes, peleas y narcotráfico.

Sin embargo, el pasado 9 de agosto el Juzgado de Policía Local de la Cisterna acogió una denuncia interpuesta por Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA en contra de Royal y el comité de administración del conocido “edificio sin ley”.

El juez Jaime Villarroel ordenó “entregar en forma inmediata la administración del condominio”: “Rendir cuentas y entregar libros contables y financieros de la comunidad. Además de entregar la nómina de trabajadores, certificado de cotizaciones provisionales al día de sus empleados. También el listado de cada uno de los subarrendatarios”.

El abogado de Franco Parisi dijo a Radio Bío Bío que la querella “va vinculada a contratos con una sociedad, en la que él no tiene ninguna participación societaria”. Además, comentó que no ha sido llamado a declarar. Sin embargo, la acción legal no apunta a una participación societaria, sino a su rol en el engaño del que habría sido objeto Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA, que es lo que deberá aclarar la Fiscalía.

Bonus track: acusaciones de su sobrino sobre violencia intrafamiliar y quiebre con Gino Lorenzini

En noviembre de 2019 el nombre de Franco Parisi volvió a instalarse en los medios de comunicación tras los resultados que arrojó la encuesta de Criteria, que mostraron un sorpresivo 8% de apoyo popular al consultar “¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera?”.

Tras conocer dicho respaldo, Parisi tuiteaba: “Emocionado por el cariño. Me llegan estos resultados, donde sería la primera opción. Por ahora alejado de la política y triste viendo cómo tantas cosas que anticipamos, finalmente sucedieron en Chile. Cuiden sus trabajos y sus familias juntos debemos salir adelante”.

La reaparición de Parisi en las cuentas se entendía como una estrategia digital impulsada por quienes colaboraron en su campaña en 2013, creando incluso una página de Facebook llamada “Parisi Regresa” o directamente el hashtag #ParisiRegresa, consiguiendo ser trending topic nacional.

Sin embargo, esta visibilidad pública generó que días más tarde Antonino Parisi, sobrino del ex candidato presidencial, publicara su propio testimonio acerca del maltrato por parte de su padre, Antonino, y la complicidad de Franco.

El joven de 20 años, publicó un texto asegurando que “ambos son personas que saben mucho en ámbitos económicos, pero son horribles personas y me hicieron daño psicológico y físico a mí y a varias personas. Ambos son abusadores, Antonino Parisi tiene un prontuario de estafas y abusos intrafamiliares los cuales hasta el día de hoy repercuten en mi persona. Franco tiene casos de abuso, además de ser un encubridor de mi padre, sabiendo que abusaba de mí le prestaba ropa, vio como me pegaban, como me insultaba”.

El empresario Antonino Parisi fue formalizado en octubre de 2013 por violencia intrafamiliar y desacato por su exesposa. En la querella, se especificaba la violencia que ejercía el padre frente a sus hijos.

Ya en ese año 2019 estaban planificando el Partido de la Gente con Gino Lorenzini. Finalmente, en julio de este año el partido fue legalizado por el Servel.

Sin embargo, la unión duró poco. Lorenzini acusó una mafia dentro del partido, con elecciones regionales “truchas” y ataques a él por parte de la directiva, además de una estructura para recaudar dinero con la votación que obtendrían los candidatos a parlamentarios.

El fundador de Felices y Forrados comenzó a juntar firmas de forma independiente, pero la candidatura de Lorenzini no fue aprobada por el Consejo Directivo del Servel, por haber estado afiliado al PDG dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas.