José Antonio Kast era enfático en señalar que sí recibió aportes, pero que de los $126,6 millones gastados en su campaña parlamentaria de 2013, $94,7 millones correspondían a aportes reservados, y por tanto desconocía el financiamiento entregado por el holding financiero.

En ADN Radio Chile, el parlamentario insistía posterior a la revelación de Ciper que no existía nada ilegal en recibir aportes reservados y que, “el que rompió la reserva fue el señor Bravo”.

Tres meses más tarde, Kast se refería al momento que enfrentaba su partido de ese entonces, UDI, tras la publicación de diversos correos de militantes de la colectividad opositora solicitando dinero a miembros del grupo Penta.

Señalaba que “este es un tema transversal, no es un tema que se pueda endosar sólo a un partido político, nosotros estamos ahí en el ojo del huracán por así decirlo, pero claramente esta es una situación que afecta a todos los sectores políticos (…) ¿Cómo se financió Álvaro Elizalde?, ¿cómo se financió el ministro Arenas durante la campaña? Porque ellos fueron voceros de la presidente Bachelet y todos los vimos actuando”.

“Todos los políticos han solicitado recursos a distintas instituciones para financiar sus campañas. A lo mejor uno no recuerda en un caso puntual haber enviado uno u otro mail, pero todos los políticos han ido alguna vez a solicitarle recursos a alguien”, agregaba. “Tendrá que ser el tribunal oral el que determine si aquí hay una falta, un error, un delito, pero eso todavía no ocurre”.

En julio de 2018, el Octavo Tribunal de Garantía condenó por delitos tributarios entre los años 2009 y 2014 a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Recibieron una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, que cumplieron en libertad, y una multa de más de $400 millones. También fueron sentenciados a clases de ética.

El expresidente de la UDI, Jovino Novoa, había sido condenado mediante un juicio abreviado en 2015 a una pena de tres años por delitos tributarios, la que cumplió en libertad con firma mensual.

José Antonio Kast nunca fue condenado ni formalizado por delitos relacionados al Caso Penta. Tampoco se presentaron en el proceso boletas ideológicamente falsas emitidas por el exdiputado.

Las tres sociedades en Panamá

El mismo día de la acusación, el 1 de septiembre de 2019, José Antonio Kast publicaba en Twitter lo orgulloso que estaba de su historia familiar y de que nunca ha ocultado nada. Que no tenía sociedades en el extranjero y que todas sus declaraciones se han hecho conforme a la ley.

“Cada vez que me presenté a una elección popular, realicé mi declaración de intereses y patrimonio de manera completa, como concejal, como diputado y también como candidato presidencial. Hace dos años apareció el primer artículo de la empresa Copesa donde se cuestionaba mi declaración patrimonial, luego aparecieron artículos en Ciper donde recibía fondos haciendo algo similar (…) Y hoy reportajes La Tercera también del grupo Copesa, realiza un nuevo reportaje sobre lo que son mis bienes, mi patrimonio”.

“Al parecer hay algunos que se ponen nerviosos con esta candidatura presidencial que sigue avanzando, cuando se decía que tenía cuatro puntos al parecer no había tanto interés, hoy día que ya nos vamos aproximando al 20% las cosas son distintas”, señalaba.

Horas antes, salía a la luz una investigación periodística que detallaba la transferencia de propiedades del político chileno y de su hermano Christian a tres sociedades constituidas en Panamá.

La publicación revelaba que Foods & Merchandising, Austral Inversiones S.A. y Latin American Real State Investiment Co. habían sido constituidas en 2003 por el abogado panameño Rolando Candanedo Navarro en dicho país centroamericano, conocido como paraíso fiscal.

Los documentos del Registro Público de Panamá que había obtenido La Tercera detallaban juntas de accionistas de las sociedades el 11 de octubre de 2006. En ese momento, los únicos que tenían participaciones en dichas empresas eran Christian y José Antonio Kast, sin conocerse los porcentajes.

En septiembre de ese año, José Antonio le había encomendado a Christian “la gestión de todos sus negocios” a través de un mandato general y le otorgó 38 facultades administrativas. En octubre, Christian viajó a Panamá y aumentó el capital de las tres sociedades a un total de US$36,5 millones y se amplió el ámbito de los negocios.

Según el reportaje, entre el 2004 y 2007 los hermanos Kast habían reorganizado todas sus empresas para traspasar el control de sus negocios a las sociedades en Panamá.

En 2015, José Antonio vendió su participación minoritaria de siete sociedades chilenas a su sobrino Christian Kast Prett, recaudando más de $770 millones.

Así, era acusado de transferir capital a Panamá, con lo que podría haber eludido el pago de impuestos.

El exdiputado no había consignado las sociedades panameñas en sus declaraciones de patrimonio como parlamentario. Sin embargo, en 2014 había declarado tener el 10% de Empresa e Inversiones Bavaria Limitada, 10% de Empresa e Inversiones Linderos Limitada y 40% de Empresa e Inversiones San Miguel Limitada, las que en ese año ya estaban siendo controladas por las tres sociedades extranjeras.

En su defensa, Kast afirmó no tener sociedades en el país centroamericano, indicando que las  empresas descritas eran de su hermano.

En conversación posterior al reportaje con La Tercera, mostró documentos que evidenciaban que dos días tras el aumento de capital se ordenó emitir un certificado de acciones nominativas en que todo el capital fue traspasado a una fundación. En esos documentos no estaba el nombre de José Antonio Kast.

“Esas acciones fueron traspasadas por mi hermano ese mismo octubre de 2006 a otra persona jurídica”, recalcó José Antonio, lo que fue respaldado por su hermano Christian, quien aseveró que el primero no conocía en detalle las operaciones realizadas en Panamá.

Respecto a su declaración de patrimonio de 2014, en la que aseguraba poseer el 10% de Empresa e Inversiones Bavaria Limitada, 10% de Empresa e Inversiones Linderos Limitada y 40% de Empresa e Inversiones San Miguel Limitada –controladas desde 2007 por las sociedades panameñas–, afirmó que se había equivocado en la declaración, y que ya no poseía esas participaciones.

Más tarde, en Radio Duna, Kast reconoció que había cometido errores en cómo había tratado el tema y declaró que su participación duró sólo esos dos días en octubre de 2006 –entre las juntas de accionistas y la orden de emisión del certificado de acciones nominativas–. Más allá de eso, nunca ha habido antecedentes de que haya existido elusión o evasión relacionada a Kast.