La acusación señala que, sobre este grave episodio se configura una grave contradicción, que afecta negativamente la imagen del país y el compromiso del Estado de Chile con los derechos humanos.

“La decisión del Gobierno de Chile de no firmar el Acuerdo de Escazú a pesar de haberlo propuesto e invitado a los países de América Latina y el Caribe a celebrar un tratado internacional ambicioso y vinculante, genera un grave daño a la política ambiental y a la política exterior del país. Estimamos se produce un giro inédito que marca una incongruencia respecto de dos de los tres principios de la política exterior chilena, de la ‘promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos’ así como el de la ‘responsabilidad de cooperar’ ante las graves situaciones que, como el cambio climático, las epidemias, y la degradación del medio ambiente, requieren una acción conjunta”, se lee en el documento.

Haber cometido actos perseguidos por tratados internacionales e imagen internacional por los Pandora Papers

En esta parte se menciona “una segunda dimensión fáctica del ilícito constitucional, en relación a conflictos de interés, actos de elusión tributaria por inversiones en paraísos fiscales, frente a los deberes de tratados internacionales en materia de corrupción”.

Así, se argumente que Chile ha firmado distintos tratados para combatir la corrupción, lo que se contrapone con un presidente que habría incurrido en estos actos.

Se menciona en este sentido la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la que hay normas orientadas a “prevenir conflictos de interés” y que son aplicables a “promesas o ventajas” para el funcionario, “o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.

También se alude a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que identifica a las operaciones operaciones y actos celebrados en paraísos fiscales como “fuente fecunda para el blanqueo de capitales”.

En cuanto a la legislación interna, se analizan las normas vigentes hoy en día y se plantea la hipótesis de que existió una “elusión con el objeto de localizar la mayor parte de las ganancias de capital de la venta de la propiedad de Andes Iron Ltda. de la familia Piñera a la familia Délano en la jurisdicción de baja o nula tributación (guarida fiscal o paraíso tributario) de Islas Vírgenes Británicas, no observándose una razón de negocios distinta al mero ahorro fiscal”. Con ello se habría logrado eludir el pago de impuestos de primera categoría por 21,25 millones de dólares.

Con todos los antecedentes mencionados anteriormente, se argumenta que Piñera incurrió en “la causal jurídico constitucional contemplada en el art. 52, N°2, letra a) de la Carta Fundamental que hace procedente la acusación constitucional, al comprometer gravemente el honor de la nación al incumplir las obligaciones jurídicas internacionales, derivadas de las propias actividades estatales con la finalidad de suscribir el tratado de Escazú, el que fue desestimado por el presidente acusado, como una manifestación del estatus intocable en regulación ambiental para favorecer el proyecto Dominga, y adicionalmente las reglas de la Convención Interamericana contra la corrupción, en materia de prevención de conflictos de interés y la omisión de ciertas actuaciones propias del cargo, pues se han incumplido deberes internacionales, como asimismo, la desoladora imagen del país, y específicamente su primera magistratura en el contexto de los denominados ‘Pandora Papers’, como es el hecho público y notorio de noticias a nivel mundial”.

Este último hecho, la vergüenza internacional al revelarse la información, no tiene un apartado propio, pero al ser mencionado dentro del texto –aunque sea brevemente– también constituye un argumento dentro de la causal de haber comprometido gravemente el honor de la nación.

Al final del libelo, se pide que la comisión encargada de revisar la acusación cite a 42 personas con el fin de obtener sus opiniones sobre el contenido de la misma. Entre los citados están: Jorge Bermúdez, contralor general de la República; Fernando Barraza, director del SII; Marcela Cubillos, como exministra de Medio Ambiente; Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería; Claudio Ibáñez, ex intendente de la región de Coquimbo; Rosendo Yáñez, exseremi de Salud de Coquimbo; Manuel Guerra, exfiscal caso Exalmar; y representantes de OCEANA Chile, Greenpeace y ONG FIMA.

Los plazos que podrían complicar a Piñera

Con respecto a los plazos, existen determinadas etapas que están regladas mientras que otras dependerán del cumplimiento de las anteriores. Lo concreto es que, dentro los tres primeros días, Sebastián Piñera deberá ser notificado de la acusación constitucional.

“A contar de la notificación, el presidente cuenta con un plazo de 10 días para contestar la acusación, que normalmente es una acusación por escrito. El paso siguiente es que el presidente –el acusado– es citado por la comisión informante, o como se le llama en términos periodísticos, la comisión revisora de la acusación”, explica Alejandro Usen.

En paralelo, la Cámara ya sorteó a los cinco diputados que encabezarán la comisión revisora, quienes tienen la misión de analizar el informe y dar cuenta si la acusación procede o no. Y la comisión quedó así: dos oficialistas –Paulina Núñez (de Renovación Nacional) y Virginia Troncoso (independiente, antes de la Unión Demócrata Independiente)– y tres opositores –Raúl Florcita Alarcón (independiente), Pepe Auth (independiente) y Maya Férnandez (del Partido Socialista)–.

Una vez ingresada la contestación del mandatario, se le citará para que comparezca ante la comisión. Piñera no está obligado a asistir personalmente y puede ser reemplazado por sus abogados. Incluso, puede optar por no comparecer. Y ahí, ya tenemos nuevo plazo.

Tras la citación, según el abogado “la comisión informante tiene seis días para emitir su informe que va dirigido a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Informe que, vale la pena recordar, no es obligatorio. No es vinculante. Es una mera recomendación, o si me permiten decir así, apenas una opinión de los diputados que integraron esa comisión”.

Y una vez que la comisión evacúa su informe, la mesa de la Cámara debe citar a una sesión especialmente convocada al efecto para tratar la acusación constitucional. No hay un plazo determinado, pero tiene que ser la siguiente sesión disponible en la tabla de la semana.

“Si se rechaza, el proceso concluye de inmediato y termina ahí mismo. En el caso de ser acusado el presidente se requiere de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, o sea, se requiere de los votos de 78 diputados para dar lugar a la acusación”, dice el abogado.

Ahora, si la Cámara da a lugar a la acusación –lo cual es probable porque la oposición estaría alineada ya para ello–, se producen de inmediato dos efectos. El primero y más importante, es que el mandatario quedaría inmediatamente suspendido de sus funciones durante un plazo de 30 días –asume el ministro del Interior con el título de vicepresidente de la República–, independientemente si el Senado demora ese tiempo o más en ver la acusación. El proceso continúa.

[Después de la publicación de esta nota, el martes 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional. Sin embargo, Piñera no quedó suspendido al no deliberar la Cámara sobre este tema y usarse otra interpretación jurídica respecto a este precepto].

“Es importante tener presente la magnitud de tener un presidente de la República constitucionalmente acusado y la magnitud de la suspensión, porque de darse lugar a la acusación sería la primera vez que tendríamos un presidente de la República en la cual el Congreso Nacional dio lugar a la acusación. Ni en los días más complicados del gobierno de la Unidad Popular, el Congreso Nacional estuvo disponible para dar lugar a una acusación constitucional contra Salvador Allende”, sostiene el académico.

El Senado también debe convocar una sesión especial para dar a conocer la acusación y votar. “En esa sesión se vota la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Dice la Constitución que el Senado resuelve como jurado. ¿Qué importancia tiene eso? Resolver como jurado implica que no está sujeto el Senado a fundamentar, a explicar o a motivar su voto. Es un voto con libre convicción, por eso dice que resuelve como jurado”.

Sin embargo, en este caso el quórum es más alto. Es de 2/3 de los senadores en ejercicio. Sumando y restando, teniendo en cuenta que existen 43 senadores en ejercicio, se requiere de 29 votos para finalmente condenar al acusado, el presidente de la República, con lo que sería destituido. Sin embargo, en este caso se necesitarían votos de senadores del oficialismo, lo que al menos por ahora se ve difícil.