También quisieron dejar en claro que “al ser una magistratura de persuasión, carece de potestades legales para impedir el cierre de aquellos programas. Sin embargo, a nivel legislativo, hemos recomendado (..) la imperiosa necesidad, en razón de la obligación del Estado de asegurar representación jurídica para todos los NNA en el territorio nacional”.

Sobre la potestad de la Defensoría de la Niñez, Carlos Alvear tiene otra interpretación: “La Defensoría debería haber salido a reclamar y decir que no podían dejar a un niño sin representación, pero se han quedado callados. Eso me tiene desilusionado”.

Y agrega: “Los defensores de la niñez son también magistraturas de persuasión, o sea que tienen que hacer pedagogía. Y aquí hay un vacío y una carencia respecto del discurso que la Defensoría de la Niñez tiene, porque nunca se han dedicado a hacer pedagogía. Es decir, si tú estás hablando de infancia, tienes que hablar de qué cosas se pueden hacer y qué cosas derechamente no hay que hacerlas, como quitarles la representación jurídica a NNAs”.

Sobre el rol que asumirá la Defensoría de la Niñez luego de la implementación del nuevo Servicio, especifican que ellos “seguirán observando y haciendo seguimiento a las actuaciones del Estado, en relación a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su cuidado”.

No sólo es cambio de representación

El cierre de los PRJ y el traspaso de causas a un nuevo programa no es el único inconveniente con el que se han encontrado sus exdirectores, además hay muchas cosas que aún quedan por resolver.

“Nos han rechazado aquellas causas que corresponden a jóvenes mayores de 18 años”, denuncia David Núñez. “Las instrucciones de los caballeros y burócratas que diseñaron el sistema era entregar estas causas a otros centros: al Centro Integral de Atención a Víctimas (CAVI) de la CAJ y al Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) del Ministerio del Interior. Pero hay pocas partes, tienen capacidad limitada, a veces están dentro de las causas, hacen lo que pueden, y tampoco están muy interesados del procedimiento de traspaso”.

El exdirector del PRJ-Umbrales relata que justamente a dos días del cierre de su programa, una trabajadora social se comunica con él para decirle que un centro no quería recibir un traspaso, porque tenía un juicio oral encima. “¿Y a quién se lo entregamos?”, se preguntó Núñez. “¿Lo vamos a dejar sin defensa? Ahora estamos buscando y pidiendo precisiones al Sename para que nos diga a quién le entregamos esas causas y por qué no hubo coordinación”.

“No hay oferta para ellos”, denuncia con desazón Verónica Jiménez. “Ellos fueron víctimas siendo menores, pero pierden todo el privilegio de atención en este nuevo escenario”.

“Los que más pierden con todo esto son las NNAs, porque son ellos y sus familias los que perderán continuidad y el vínculo generado entre los NNAs y sus abogados. El sistema en general no es muy respetuoso o amigable con los NNAs y esto es una prueba más de que su opinión no es relevante”, agrega la exdirectora del PRJ-CEDEIJ.

“Nuevamente no hubo empatía”, expresa Núñez. “Hubo desconocimiento práctico. No hablo de desconocimiento teórico, porque lo tienen. Es práctica, es conexión con la realidad”. Y añade: “Fue un mal diseño, mal implementado, sin la voluntad de los actores, sino que por los burócratas y planilleros de turno”.

Por su parte, Jiménez critica el traspaso del nuevo servicio del Ministerio de Justicia al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. “Aquí se trata de inversión en infancia, no ayuda social. Esto es un retroceso enorme, porque no se necesita asistencialidad. Si la idea es dar protección administrativa, aún falta la ley. Un servicio sin un marco normativo, claro que no es suficiente”.

“El nuevo servicio no tiene dependencias propias, aún no tiene planta de funcionarios, no cuenta aún con reglamentos, nada está claro. Se personifica en su directora la tarea de asignación de cupos para derivar a NNAs, se ofrecen plazos irreales”, detalla la abogada.

Y agrega: “No se consideraron las relaciones contractuales que las OCAs (los Organismos Colaboradores Acreditados del Sename) tenían vigente con sus trabajadores, obligando a terminar contratos de manera anticipada. Lo mismo con los contratos de arriendo de inmuebles o servicios. Los aspectos administrativos y financieros no fueron considerados y tampoco el servicio ha cumplido con el pago de deudas que mantiene pendiente, por lo menos, con mi programa”.

Para resolver todas estas interrogantes e irregularidades nos comunicamos con la Subsecretaría de la Niñez. Sin embargo, desde la institución nos comentaron que como la subsecretaria, Blanquita Honorato, se encuentra con postnatal y no había otra voz oficial que nos respondiera, lo mejor era comunicarnos con la misma directora del Servicio Mejor Niñez, ya que ella estaba trabajando hace un año en su implementación.

A pesar de que la directora del Servicio Mejor Niñez asumió hace solo 28 días, nos comunicamos con el servicio para plantearle nuestras dudas y los hechos que se cuestionan en esta nota, sin embargo nos informaron que debido a su ocupada agenda previo a la entrada en vigencia de la ley era imposible. Le pedimos 10 minutos para que nos contestara un par de preguntas, y aún no nos responden.

“Es una mala semana para los niños y una mala semana para el sistema judicial, porque finalmente va a bajar el nivel jurídico”, asegura Carlos Alvear.

“A nosotros nos da pena, porque hay varios usuarios que están preocupados y algunos apenados con lo que esta pasando. Hay incertidumbre en ellos. Pero nosotros nos vamos con la frente en alto. Sabemos que hicimos bien nuestro trabajo”, afirma David Núñez.

Verónica Jiménez, por su parte, opina que el cambio debe ser una oportunidad para mejorar: “Pero en temas de infancia ese cambio debe considerar a los protagonistas, es decir NNAs y sus abogados, y aquí eso no se hizo”.