Haciendo Memoria: ¿Por qué la Fiscalía investigaba a Peñailillo y cuáles son sus lazos con SQM?

La Fiscalía Regional de Valparaíso anunció que no perseverará en la investigación de 34 personas involucradas en uno de los casos de corrupción política más grande de nuestro país. Uno de ellos, Rodrigo Peñailillo, se postularía para ser senador.


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Agosto llegó con aires de impunidad. Este lunes todos los medios de comunicación informaron que la Fiscalía Regional de Valparaíso decidió no perseverar en la investigación del Caso SQM.

Así, las 34 personas que estaban siendo investigadas por posible cohecho y delitos tributarios dejarán de ser indagadas por la fiscal Claudia Perivancich, sin ni siquiera haber sido formalizadas por los cargos que se le imputaban.

“En cualquier investigación penal respecto a la comisión de delitos tributarios debe tener como punto de partida una denuncia o una querella del Servicio de Impuestos Internos”, explicó la propia fiscal Perivancich, en una declaración que realizó en la cuesta de Twitter de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“De modo tal que no existiendo aquella no es posible formular acusaciones en contra de estas personas, ni tampoco podemos mantener permanentemente vigente las investigaciones. (…) Es decir, no tenemos antecedentes suficientes para seguir adelante”, agregó.

La noticia llega, coincidentemente, a sólo tres días de que el exministro del Interior del segundo gobierno de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, anunciara de manera oficial su candidatura a senador por la región del Bío Bío.

Peñailillo es una de esas 34 personas que ya no tienen que llevar sobre sus hombros una investigación judicial sobre casos de corrupción, pero sí el cuestionamiento moral de la ciudadanía que está aburrida de este tipo de “perdonazos”, de la “vista gorda” de la clase política y también de ciertos privilegios.

Ese mismo 2 de agosto, las redes sociales explotaron: “Así es fácil ser corrupto”, “Una justicia para los poderosos y otra para las personas comunes”, “Otro escándalo de nuestra justicia”, “Esto se llama Corrupción!!!!!”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron ese día de personas cansadas de la impunidad que hay para algunos y otros no. “No han entendido nada”, tuitearon al día siguiente.

Y no solamente la ciudadanía está molesta, también se manifestó el exfiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, y el exabogado querellante del caso SQM y actual convencional constituyente por el distrito 28, Mauricio Daza.

Sobre la decisión de no perseverar en la investigación, el actual socio del Estudio Gajardo y Norambuena, relata que “es una crónica de una muerte anunciada y responde a decisiones que se tomaron en el año 2015 por el conjunto de la clase política. (…) Llas decisiones que se fueron tomando han significado que la impunidad para este tipo de casos sea la regla y que las condenas sean la excepción”.

Mientras que el abogado y convencional manifestó en sus redes sociales como “grotesca” la determinación de la Fiscalía. “En Chile existe una cultura institucional de impunidad en favor de altas autoridades y grandes empresarios imputados por delitos graves, especialmente de corrupción”.

Sin embargo, pareciera ser que los cuestionamientos de abogados que han perseguido delitos de corrupción al igual que el rechazo férreo de la ciudadanía a este tipo de hechos no ha permeado a la clase política nacional.

En una entrevista realizada ayer en CNN Chile, actual vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, declaró que tanto él como su partido le entregan su apoyo a Peñailillo en su candidatura al Congreso.

“De acuerdo al criterio de mi partido y, además, personal, nuestra regla en el partido es la siguiente: militante formalizado suspende su militancia, militante condenado se le expulsa del partido. Rodrigo Peñailillo no ha sido ni formalizado ni condenado”, aclaró Vidal.

Sin embargo, que alguien no esté formalizado ni condenado porque una investigación no persevera, no significa que quien estaba siendo indagado sea inocente.

¿Qué pasó, entonces? ¿Por qué la Fiscalía no continúa con la investigación? ¿Por qué el SII no presentó una querella por estos delitos? ¿La justicia es sólo para algunos? O como dijo la capellana de la Cárcel de Mujeres de Santiago, hermana Nelly León, ¿”en Chile se encarcela la pobreza”? Estamos Haciendo Memoria en Contracarga.

La corrupción ha llegado

Corría el año 2015 cuando el Caso SQM estalló en los medios de comunicación, revelando una gran cantidad de pagos realizados por la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich), controlada por el empresario y exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, a políticos de todo el espectro ideológico por trabajos no realizados y que tenían el fin de financiar campañas electorales.

Este financiamiento ilegal a candidatos y partidos políticos habrían tenido como propósito cobrar futuros favores, tanto en las cámaras como en el Ejecutivo, a quienes habían sido financiados por la minera, como por ejemplo, en la intervención de proyectos de ley o en la injerencia de discusiones de leyes en beneficio de la empresa de Ponce Lerou.

Reproducir vídeo
Entrevista a Francisco Vidal en la que se refiere a candidatura de Peñailillo.

La investigación, que comenzó a finales de 2014 y que derivó del Caso Penta, destapó el modus operandi de SQM, empresa que entre el 2009 y 2014 pagó más de 14 millones de dólares a casi 300 personas, aportando incluso para las campañas presidenciales de Eduardo Frei, Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera en 2009.

 

«La corrupción ha llegado»

— Ramiro Mendoza, contralor entre 2007 y 2015.

En el marco de la investigación del caso Penta, comandada por el fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, un proveedor de campaña de Pablo Zalaquett había declarado haber emitido boletas falsas a Penta, pero también reconoce haber emitido boletas por servicios no prestados a SQM, entre otras empresas.

Desde ese entonces, el Servicio de Impuestos Internos (SII) inicia una investigación propia, posterior a la solicitud de Gajardo de querellas tributarias. ¿El resultado? Dos meses después, el 9 de enero de 2015, el SII se querella en contra de Pablo Wagner, exsubsecretario de minería del primer gobierno de Piñera, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por emitir 59 boletas ideológicamente falsas entre 2009 y 2014, marcando el inicio de una serie de nombres vinculados a la minera.

Ya en esa fecha, académicos explicaban lo que era una boleta ideológicamente falsa. Según el contador auditor y académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Iván Valenzuela Díaz, una boleta o factura ideológicamente falsas “son documentos legales que emite una persona o empresa a otra, por servicios o ventas de bienes que nunca realizó, donde la empresa que recibe el documento, lo reconoce en la contabilidad como un gasto y con ello disminuye la utilidad y a la vez paga menos impuesto, por lo tanto, es una herramienta comúnmente utilizada para evadir impuesto”.

Durante los primeros días de abril y a siete días del primer allanamiento a las oficinas de SQM, el SII interpone una nueva denuncia en Fiscalía en contra de 173 nombres de personas y empresas que habían emitido documentos ideológicamente falsos a la minera que lideraba Ponce Lerou.

A esa fecha, ya eran 237 facturas y 609 boletas cuestionadas por un monto superior a 4 mil 340 millones de pesos que involucraban en casos de corrupción a políticos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Partido Regionalista Independiente (PRI), Partido Demócrata Cristiano (DC) y del Partido por la Democracia (PPD).

“La corrupción ha llegado”, manifestó el Contralor General de la República de aquella época, Ramiro Mendoza, en su última cuenta pública antes de dejar su cargo el 10 de abril de 2015. Y al parecer llegó para quedarse.

Ocultar con camiones la información contable de SQM

Según Michel Jorrat, exdirector del SII, desde que quisieron incautar los movimientos financieros de la minera que el exministro del interior se involucró más en el caso SQM, pero no de manera directa, sino que a través de Andrea Palma, exjefa de gabinete del exministro de Hacienda del segundo gobierno de Bachelet, Alberto Arenas.

De acuerdo a Jorrat, aquel 9 de enero Palma se comunica con Jorrat para manifestarle que el ministro Peñailillo estaba enfurecido con el actuar del SII, porque al revisar los movimientos contables de un periodo tan largo obligaba a la Fiscalía a abrir la investigación de SQM.

Esa mista tarde, Palma cita a Jorrat en el Ministerio de Hacienda para que se reuniera con el abogado Samuel Donoso, quien fue presentado como asesor de Rodrigo Peñailillo, y quien criticó las diligencias del SII con prepotencia y dureza. Sin embargo, Jorrat no se quedó callado y respondió con términos más duros el cuestionamiento de Donoso, dejando en claro que seguiría con su trabajo.

Días más tarde, el exdirector del SII se entera que Donoso era abogado de SQM, considerando impropia la cita concertada por Andrea Palma en el Ministerio de Hacienda. Pero la reunión no calmó la preocupación de Peñailillo, ordenando al SII, de acuerdo a Jorrat, paralizar sus acciones en contra de SQM, mediante su mensajera, la exjefa de gabinete de Hacienda.

Al llegar a marzo, Soquimich recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para impedir que la Fiscalía accediera a la contabilidad del periodo 2009-2014 que la propia empresa había entregado al SII.

Jorrat ha asegurado que aprovechando este momento, Andrea Palma le comunicó que desde el Ministerio del Interior estaba la orden de que el SII concurriera a la sede de SQM con camiones, con el propósito de sacar toda la información contable de la minera e impedir que Fiscalía llegara a ella.

Según una investigación de CIPER Chile “Michel Jorrat aseguró que él y Andrea Palma no pudieron evitar reírse de lo absurdo de la ocurrencia de Peñailillo, pues el SII no concurre con camiones a revisar la contabilidad de las empresas y los documentos ahora se guardan en formatos electrónicos”.

Uno de los últimos recursos que ocupó Peñailillo fue sugerirle a Jorrat –según este–, siempre por intermedio de Andrea Palma, que el SII entablara un juicio de competencia para no entregar la documentación o acoger la decisión del TC de no entregar la información a Fiscalía. Sin embargo, Jorrat lo consultó con los abogados del SII, quienes le aseguraron que no había ningún impedimento para entregar la documentación contable y Jorrat la entregó al Ministerio Público.

Finalmente y tratando de convencer a Jorrat de que no existía delito en este tipo de hechos. Andrea Palma le entrega una minuta, aparentemente elaborada por el exdirector del SII en el primer gobierno de Bachelet, Ricardo Escobar, que explicaba que tanto las boletas como las facturas ideológicamente falsas no eran constitutivas de delito tributario.

Pero, ¿por qué Rodrigo Peñailillo habría estado tan preocupado de impedir que Fiscalía llegara la documentación contable 2014-2019 de SQM? ¿Qué quería ocultar la nueva promesa política de la Nueva Mayoría?

La triada Peñailillo-SQM-AyN

Todo se remonta a 2012, cuando el actual candidato a senador por el Bío Bío emitió cuatro boletas (por $4 millones cada una) a Asesorías y Negocios SPA (AyN), creada en 2011 por Giorgio Martelli, recaudador político, administrador electoral de la campaña de Bachelet en 2005 y asesor de la campaña de Frei en 2009.

Según un reportaje de El Mostrador, AyN había emitido boletas a Soquimich durante el 2011 y 2013, aparentemente para financiar la campaña de Bachelet. Peñaililló reconoció que había trabajado para la empresa de Martelli “estudiando lo que fue la crisis económica internacional” para la campaña, asegurando que “cada peso que se gastó en esa campaña corresponde al marco legal”.

Finalmente, la Fiscalía determinó que Soquimich había pagado a AyN 246 millones de pesos por 23 facturas emitidas entre enero de 2012 y octubre de 2013. Ante los cuestionamientos, Peñailillo mostró los informes que había realizado para la empresa de Martelli, pero fue acusado de presentar documentos con párrafos plagiados.

El 11 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet remueve de su rol como ministro del Interior a Rodrigo Peñailillo, el mismo día que el SII presentó una querella en contra de Giorgio Martelli por delito tributario.

Luego de dejar su cargo, Rodrigo Peñailillo se dedicó al estudio. Entre septiembre de 2015 y noviembre de 2016 trabajó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Chile) en la investigación Descentralización: Impactos y desafíos en la competitividad Nacional y Regional, y desde 2017 cursó un magíster en políticas públicas en la American University en Washington D.C.

Cuatro años más tarde y de vuelta en Chile, Peñailillo vuelve a la esfera pública con intenciones de formar parte del Senado. Proyecto que llega junto a la noticia de la Fiscalía de no perseverar la investigación en su contra (y de la 33 personas más) porque el SII no se querelló.

Cabe recordar que en mayo de 2015 fueron destituidos el director y el subdirector del SII, quienes habían presentado querellas por estos delitos, iniciando un periodo de vista gorda a estos hechos, pues desde ese momento el SII no volvió a presentar nuevas acciones en este caso y nunca más se querelló sobre este tipo de delitos.

Asimismo en diciembre de 2015 y con la aprobación transversal del Congreso se nombró al nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, quien previamente se comprometió en las comisiones del Congreso a que en las investigaciones de corrupción él exigiría “prudencia”, un cumplimiento de la “objetividad”, así como también el respeto a la “presunción de inocencia”.

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