Violencia hacia las mujeres: ¿qué está fallando al elegir a nuestros representantes políticos?

Si bien las leyes y el sistema judicial tienen graves falencias, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres apunta a que la sanción social es fundamental para evitar que agresores sigan postulando a cargos de elección popular.

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“Este videíto es para incentivar que haya un poco más de movimiento acá en El Manzano, porque la verdad es que es demasiado tranquilo. Es demasiado fome, necesitamos unos balazos, un femicidio por último”, se quejaba Camilo Pará durante la semana pasada.

El concejal electo por la comuna de Til Til, independiente con un cupo del PPD, fue viral luego de recomendar a la comunidad local a incentivar el “golpe intrafamiliar” y “pegarle a la esposa”, promoviendo así la violencia hacia las mujeres.

La arremetida social fue inmediata no sólo a nivel nacional, sino internacional. Que pidiera disculpas públicas, que debiese renunciar, que basta a la incitación al odio, fueron las reacciones más suaves en redes sociales, lo que desencadenó que publicara un nuevo video disculpándose por sus dichos, pero manteniendo a flote los decibeles agresivos.

“Fue una humorada en su momento, para un grupo cerrado que se filtró, no era la idea incitar al femicidio”, recitaba. “La cagué porque no medí las consecuencias de lo que hablé y pido las disculpas correspondientes”.

Pero estas declaraciones venían acompañadas de amenazas al vecino que habría filtrado las imágenes, señalando que hará que “pague por ello”, sumado a frases como “me importa una soberana raja ser o no concejal” y “si quieren que renuncie me importa un pico”. También aseguraba haber recibido amenazas de muerte en su contra. “Soy un pendejo y tengo derecho a tomarme un copete”, decía.

Y es que, con la violencia, no se juega. Al 9 de junio, en Chile se registran 16 femicidios en lo que va del año y 60 frustrados. Una cifra no menor si consideramos que en 2019 el número llegó a 46 y en 2020 a 43 consumados.

Entonces, en este punto es donde nos preguntamos, ¿qué filtro se debería realizar al momento de escoger cargos populares? ¿Qué pasa con los partidos políticos y la elección de sus candidatos? ¿Qué sanciones concretas se le deberían asignar a las figuras políticas que inciten al odio o a la violencia, al no existir una ley como tal?

Políticos agresores de mujeres: ¿qué ha pasado con ellos?

“No nos explicamos cómo una persona puede considerar que los femicidios o la violencia hacia las mujeres puede ser algo entretenido, mucho menos para una persona que va a ocupar un cargo de elección popular, que además tiene una responsabilidad territorial”, señala Lorena Astudillo, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Es por eso que el 7 de junio, una serie de organizaciones feministas en conjunto con la Red presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra de Camilo Pará por “haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, poniendo en riesgo la vida y la integridad física y psíquica de las mujeres que viven en la comuna de Til Til y en Chile en general”.

“Pensamos que debe renunciar, pedir disculpas a las familias de las mujeres asesinadas y sobrevivientes de femicidios, al entorno, y a todas las mujeres pedirnos disculpas por encontrar gracioso que nos maten. También buscar un lugar donde pueda reeducarse en lo que significa el femicidio, para ver si logra por fin descubrir que hay cosas graciosas y entretenidas y otras no”, agrega Astudillo.

Para Rafael Pizarro, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), el concejal electo cometió un grave error en su rol de autoridad, lo cual debiese ser sancionado “desde perspectivas éticas y políticas por sus dichos, incluso llegar a su renuncia voluntaria”.

“La violencia de género, en cualquiera de sus formas y contextos, debe ser sancionada y repudiada por la sociedad y especialmente por la ciudadanía. En este sentido, las autoridades deberían tener especial cuidado en no desarrollar por acción u omisión cualquier tipo de violencia contra la mujer y en general sobre cualquiera de sus formas”, asevera.

Es importante señalar que las causales de destitución de concejales están establecidas en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Municipalidades y únicamente operan respecto de autoridades investidas o en ejercicio, no de las electas que aún no asumen. “Con todo, ninguna de ellas se refiere, lamentablemente, a la propagación de discursos del odio”, asegura José Ignacio Núñez, abogado y académico de la Universidad Central.

violencia hacia mujeres chile
Manifestación feminista del 8 de marzo de 20202. CARLOS TEIXIDOR CÁRDENAS

Este no ha sido el único caso de violencia por parte de cargos públicos o representantes populares que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha denunciado durante los últimos años.

Otro de ellos fue el acoso sexual vivido por Manuela Pérez, víctima en 2014 de su jefe Jorge Saffirio, exdirector del Serviu de la región de la Araucanía, quien resultó sobreseído administrativamente por intervención de la entonces presidenta Michelle Bachelet.

También el de Carolina Hidalgo, quien fue agredida en 2002 por su pareja, el entonces exdiputado de la Democracia Cristiana Ricardo Rincón, quien fue absuelto en la causa penal y condenado en un juicio civil, pero que hasta el día de hoy insiste en su inocencia.

«Eso sí es impactante, ver como siempre justifican que algo habrá pasado, que en realidad es independiente con el apoyo del partido o, si es militante reconocido, están a la espera de lo que diga la justicia.»

— Lorena Astudillo, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Por su parte, Diana Vidal denunció haber sido agredida por siete años por su esposo Mario Gierke, alcalde de Cabrero, quien fue absuelto en dos instancias. No es novedad que la gran mayoría quede impune o con condenas insignificantes.

Lorena Astudillo afirma que han tenido que presenciar agresiones físicas evidentes e incluso sicológicas, que terminan siendo igual o más dolorosas. Pero, “lo que más nos ha impactado es la justificación de los partidos políticos a los cuales pertenecen los agresores”.

“Eso sí es impactante, ver como siempre justifican que algo habrá pasado, que en realidad es independiente con el apoyo del partido o, si es militante reconocido, están a la espera de lo que diga la justicia cuando le estamos mostrando las fotos de las mujeres con la nariz fracturada, cuando le estamos mostrando a una mujer dando la cara, cuando hemos ido a hablar con el presidente del partido y con la orden de alejamiento en la mano, y nos dice es que a veces las consejeras técnicas se equivocan”, manifiesta.

“Encontrarnos con partidos políticos, que hoy en día se autodenominan feministas, que eso no existe realmente y sus presidentes o militantes que justifican las agresiones, las minimizan y no han querido investigar”, enfatiza.

En el caso de Camilo Pará, pese a ser sido electo como independiente-PPD, el partido emitió una declaración pública donde apuntan a que su postulación fue promovida por el Comunal PPD de Til Til y que ellos deberán responder disciplinariamente por la decisión de adoptada al inscribir al candidato, al no poder ser sancionado por el partido mismo.

Se señala además que se estudiarán acciones legales en su contra y se le bloqueará su ingreso a la Bancada Nacional de Concejales y Concejalas PPD, que también integran independientes electos por el pacto. También se solicitará al Servel borrar todo tipo de registro que vincule a Camilo Pará con el partido político.

¿Cómo filtrar a los candidatos agresores?

El concejal electo por Til Til obtuvo 508 votos en las elecciones pasadas, lo que se traduce en el 7,46% del total emitido. Con este respaldo, logró posicionarse como el segundo miembro del nuevo consejo con mayor votación popular.

Entonces la pregunta es, ¿cómo 508 personas lo respaldaron? ¿Desconocían dicha faceta? ¿En qué se basaron para darles su voto? ¿Qué filtro realizó el partido político que le entregó un cupo de respaldo? ¿Se puede realmente hacer un filtro? ¿Es el machismo un factor?

Lorena Astudillo, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, admite que es difícil “porque en la sociedad en la que estamos se arrastran sesgos machistas en la gran mayoría de las personas, pero otra cosa es ser agresor. Yo diría que muy pocas veces eso está oculto”.

¿Cómo podemos solucionarlo? “Habría que pedir consecuencia a las personas que votan. Que sean consecuentes con su voto, consecuencia al que está y va de candidato, consecuencia al aparataje político que lleva a ese candidato. Entonces, más que poner un filtro, hay que ser muy claros en los lineamientos que se van a tener. Ser claros a nivel institucional, legal, a nivel de cargos, decir que no vamos a permitir ningún agresor de mujeres en cargos públicos. Se necesita una rigurosidad importante para que entiendan que si agredieron a una mujer no pueden estar ahí, que analicen si han sido agresores o no. Entonces más que un filtro aquí tiene que haber una consecuencia para que no haya ninguna forma de saltarse este requisito”, explica.

Desde la Red apuntan que aquellos hombres que ocupan cargos de poder mantienen un orden que los beneficia.

Astudillo es enfática en señalar que si existen agresores que integran, por ejemplo, comisiones de Familia, no van a querer que las cosas cambien porque estarían autosancionándose: ”Eso es lo que las feministas queremos transformar: las relaciones de poder, las estructuras de poder, el sometimiento y la dominación”.

El machismo de antaño ha logrado mantenerse en la actualidad. Sin embargo, hoy las mujeres se han atrevido a denunciar más y “se dejó de normalizar el abuso y acoso a las mujeres”, dice Rafael Pizarro, director de Administración Pública de la UTEM.

“Debemos avanzar aun más, pues la necesidad es mucha y la deuda en esta materia, como Estado y sociedad, es bastante. En ese contexto, los requisitos para ser candidato se han incrementado, así como el control social y ciudadano. Sin embargo, aún siguen ocurriendo lo que denota un trabajo permanente y necesario al respecto. En este sentido debiésemos avanzar en la sanción y garantías para las mujeres víctimas de acoso o violencia sexual y de género”, subraya Pizarro.

«Actualmente a discursos, declaraciones o mensajes que niegan la dignidad de otras personas, las degradan o incitan a la violencia, no reciben a mi juicio un adecuado y necesario reproche o sanciones penales.»

— José Ignacio Núñez, abogado y académico de la UCEN.

Sin condena a la incitación al odio, ¿cómo sancionamos entonces?

Efectivamente no existe una ley que sancione la incitación al odio o a la violencia en Chile, pero sí hay una condena social.

“Este concejal electo ha sido transversalmente condenado por la sociedad, entonces la pregunta y la reflexión es: ¿siempre necesitamos leyes? ¿Siempre necesitamos que sea una ley la que nos diga que está mal? Porque hoy en día sí existe una sanción social, cada vez tenemos más conciencia y eso lo hemos logrado las mujeres organizadas, poniéndole nombre a las manifestaciones de violencia, visibilizando las manifestaciones de violencia y dando cuenta por qué lo son. Y lo vamos logrando”, expone Lorena Astudillo.

“Hoy la condena social debe ser poderosa, no podemos seguir excusándonos en que hay que esperar lo que digan los jueces, cuando ellos mismos han tenido fallos vergonzosos con respecto a la violencia hacia las mujeres porque también muchos de ellos son hombres y machistas, y porque las leyes las hacen congresistas que también son machistas y han sido cuestionados por ser agresores de mujeres. ¿Vamos a esperar que ellos nos digan qué está mal?”, añade.

Para Rafael Pizarro, la situación debe atenderse de forma inmediata: “La violencia de género, familiar y contra la mujer es un tema delicado que no se puede tolerar y menos tomar con humor o normalizar, como hizo el concejal de Til Til. Esto refleja su falta de formación y entendimiento sobre el caso. La ley debe avanzar y sancionar la promoción, en cualquiera de sus formas o niveles sobre la violencia de género, sexual o sobre la mujer”.

Para ello, el experto apunta a que la formación respecto al tema debe comenzar desde la etapa preescolar hasta la superior, con sanciones específicas para agresores y garantías para las víctimas.

El recurso de protección contra Camilo Pará presentado por la Red de Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres busca que el concejal pida disculpas a las familias de todas las mujeres que han sido asesinadas, su renuncia y, además, que la corte ordene el retiro del video de redes sociales para evitar que el discurso amenazante se divulgue, sumado a todo el material audiovisual que mantenga dicho tono.

“Se presenta esta acción porque no existe en Chile normativa que castigue o prohíba discursos o mensajes de este tipo. La acción interpuesta busca indirectamente mitigar este déficit. En el caso de que existan autoridades en ejercicio que cometan delitos, ya existen distintas normas que acarrearían su destitución. Pero, en general, se trata de delitos considerados graves”, afirma José Ignacio Núñez, abogado y académico de la UCEN.

“Actualmente a discursos, declaraciones o mensajes que niegan la dignidad de otras personas, las degradan o incitan a la violencia, no reciben a mi juicio un adecuado y necesario reproche o sanciones penales. Con independencia de la condición de autoridad o no, tales declaraciones debieran ser objeto de algún tipo de sanción y esta ser más severa en caso de autoridades”, concluye.


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